La izquierda y Junts aúnan fuerzas para aflojar el candado de los grupos propios en el Congreso

Los comicios andaluces abrocharon un ciclo electoral que arrancó en Extremadura el 21 de diciembre, pero todas las miradas ya están puestas en el año 2027. Autonómicas, municipales y generales servirán una nueva batalla en las urnas y, aunque suena lejano, hay movimientos tectónicos que agitan el tablero político más allá de las incógnitas a la izquierda del PSOE. Precisamente en el bloque de la investidura ya trabajan para el horizonte postelectoral con el objetivo de aflojar el candado a los requisitos para formar grupos propios en el Congreso de los Diputados. La izquierda parlamentaria – a excepción de Sumar – une sus voces a Junts para defender una reforma del Reglamento de la Cámara Baja que suavice las cláusulas para constituir grupo propio tras las generales del próximo curso.

Los diputados firmantes de esta proposición aspiran así a modificar el artículo 23 del Reglamento de 1982, por el que se establece que para tener grupo parlamentario propio hay que contar con 15 escaños o, al menos, superar los cinco diputados, disponer de más de un 5% de los votos en todo el país o, en su defecto, un 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre. La reforma impulsada por Junts, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Podemos, Compromís y BNG busca reducir al 3% el porcentaje de sufragios a nivel nacional y al 10% el provincial.

Préstamos de diputados

El efecto que busca la iniciativa es evitar los préstamos de diputados para constituir grupo parlamentario. Es una práctica habitual en los inicios de legislaturas. Los partidos pequeños se enfrentan al problema de sumar los escaños y porcentajes que exige el Reglamento para gozar de tal prebenda, propiciando que las grandes fuerzas del arco presten puntualmente alguno de sus parlamentarios para traspasar dicha frontera. En el caso de que se alcance el máximo, ya no importa cumplir con el porcentaje de voto. Eso sí, cualquier fórmula ha de contar con el plácet de la Mesa de la Cámara y eso conduce – de nuevo – a las derivadas del juego de las mayorías.

De hecho, en la presente legislatura, tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya no cumplían con los condicionantes estipulados en el Reglamento, por lo que tuvieron que recurrir a préstamos del PSOE y de Sumar. Los socialistas dejaron cuatro parlamentarios del PSC para que los neoconvergentes formaran su grupo, mientras que dos de En Comú hicieron lo propio de manera temporal con ERC. Toda vez que la Mesa dio luz verde a la operación – aceptando los préstamos -, los socialistas catalanes y comunes regresaron a sus respectivas formaciones.

Contar con grupo propio en la Cámara Baja no es una cuestión cosmética. Supone grandes ventajas tanto políticas, como económicas y de medios, habida cuenta de que quien lo constituye goza de altavoz propio en todos los debates, así como un puesto – mínimo – en las comisiones parlamentarias, Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces. También garantiza una pregunta en cada sesión de control al Gobierno, al margen de las subvenciones y ayudas por mailing que reporta.

Un reglamento caduco

Las fuerzas firmantes recogen en su proposición legislativa que el cambio es esencial para que el Reglamento del Congreso garantice un marco de participación parlamentaria que refleje la pluralidad política emanada de las urnas. Sostienen que la configuración del régimen de grupos parlamentarios, en virtud de su incidencia directa en la capacidad de iniciativa, la presencia en órganos de la Cámara, el tiempo de intervención y el ejercicio de las funciones de control, supone un “elemento relevante” para asegurar que el mandato pueda desarrollarse en “condiciones efectivas”.

A su juicio, los requisitos válidos hasta la fecha pueden incurrir  - en supuestos concretos – en “rigideces no siempre acordes” con esa pluralidad que se desprende de los procesos electorales. Por tanto, concluyen que la modificación busca “actualizar” dicho régimen con el propósito de “favorecer una proyección más plena” de la participación política de la ciudadanía a través de sus representantes y blindar el pluralismo en el funcionamiento intestino de la Cámara, así como apuntalar la “coherencia del marco reglamentario”.