El Gobierno mantendrá el diálogo con la Junta pese al "retroceso de 40 años" que supone el pacto de Moreno Bonilla con Vox

El Gobierno central ha inaugurado la nueva legislatura andaluza tendiendo la mano al Ejecutivo de Moreno Bonilla, aunque sin ocultar su preocupación por el acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox. Coincidiendo con la toma de posesión del presidente de la Junta para un tercer mandato consecutivo, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantendrá "la vía del diálogo" con la Junta, pese a considerar que el pacto con la extrema derecha supone un "retroceso de 40 años" para Andalucía.

Salas, que ha asistido al acto celebrado en el Palacio de San Telmo junto a la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, ha querido dejar claro que el Gobierno mantendrá la colaboración institucional con la nueva administración andaluza. No obstante, ha advertido de que la incorporación de Vox al Ejecutivo autonómico aleja las posiciones entre ambas administraciones y dificulta el entendimiento en asuntos de interés común.

"El diálogo debe primar sobre cualquier otra cosa", ha afirmado el representante del Gobierno, quien ha defendido que el progreso de la sociedad pasa por mantener abiertos los canales de negociación incluso cuando existen profundas diferencias políticas.

"Un retroceso de 40 años" en derechos y servicios públicos

Antes del inicio de la ceremonia de toma de posesión, Javier Salas expresó su "respeto y apoyo institucional" al nuevo Ejecutivo andaluz, aunque sostuvo que el acto comenzaba "un tanto deslucido" por el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox para hacer posible la investidura de Moreno.

En declaraciones a Canal Sur Radio, el subdelegado del Gobierno manifestó su preocupación por las consecuencias que, a su juicio, puede tener el pacto durante los próximos cuatro años. "Todo hace indicar que el pacto PP-Vox va a suponer un retroceso a los 40 años que lleva progresando Andalucía", afirmó.

Asimismo, Salas vinculó ese posible retroceso a ámbitos como la sanidad, la educación, la vivienda o las infraestructuras, al considerar que el acuerdo puede poner en riesgo avances consolidados durante las últimas décadas.

Las declaraciones llegan apenas unos días después de que Moreno fuera investido presidente gracias a los votos de los 53 diputados del PP y los 15 de Vox, tras la firma de un acuerdo de gobierno compuesto por 150 medidas.

El documento incorpora varias de las principales reivindicaciones de la formación de Santiago Abascal, entre ellas la denominada "prioridad nacional" en el acceso a determinadas ayudas públicas, el endurecimiento de las políticas migratorias, la derogación de la Ley de Memoria Democrática andaluza para sustituirla por una Ley de Concordia o la ampliación progresiva de los conciertos educativos al Bachillerato.

A las críticas del Gobierno central se sumó también el PSOE-A. La vicesecretaria general de los socialistas andaluces, María Márquez, aseguró que la toma de posesión inaugura la etapa de "Juanma Moreno, el malabarista", al considerar que el presidente tendrá que "hacer equilibrios permanentemente entre lo que dice y lo que firma". Márquez sostuvo que "las palabras se las lleva el viento" y que lo relevante es el acuerdo suscrito con Vox, al que atribuyó consecuencias en ámbitos como la sanidad pública, la memoria democrática, la igualdad, los derechos y la convivencia.

Además, calificó de "traición y ofensa" que Moreno eligiera el 5 de julio, aniversario del nacimiento de Blas Infante, para asumir el cargo "de la mano de quienes insultan su memoria, desprecian el andalucismo y niegan buena parte de los consensos democráticos sobre los que se ha construido nuestra autonomía".

El Ejecutivo insiste en mantener la cooperación institucional

Pese a las críticas al contenido del pacto, el representante del Gobierno quiso subrayar que la relación institucional con la Junta no cambiará y que el Ejecutivo central seguirá apostando por la colaboración entre administraciones.

Según explicó, el diálogo seguirá siendo el instrumento para abordar cuestiones compartidas que afectan a la ciudadanía andaluza, aunque reconoció que la presencia de Vox en el Consejo de Gobierno complica ese escenario.

"Con este pacto las líneas de diálogo se vuelven cada vez más complicadas al estar más alejados los puntos de vista de lo que queremos que sea la sociedad andaluza", señaló. No obstante, insistió en que ambas administraciones están obligadas a entenderse en materias estratégicas para Andalucía, independientemente de las diferencias ideológicas.

Una legislatura marcada por la relación con Vox

La nueva etapa política en Andalucía arranca así con una doble realidad. Por un lado, el Gobierno central reivindica la necesidad de preservar la cooperación institucional con la Junta para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y el desarrollo de proyectos compartidos. Por otro, anticipa una legislatura marcada por el enfrentamiento político y jurídico en torno a algunas de las medidas pactadas entre el PP y Vox.

El acuerdo de coalición ha situado a Andalucía entre las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con presencia directa de la formación de extrema derecha, un escenario que el Ejecutivo central observa con preocupación y que, según Javier Salas, puede suponer un cambio de rumbo respecto al modelo que, en su opinión, ha permitido avanzar a la comunidad durante las últimas cuatro décadas.