Era el año 2015 con el Gobierno de Mariano Rajoy cuando este mismo Ejecutivo aprobó modificar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de establecer un límite temporal a las investigaciones judiciales. Años después, con la llegada al Gobierno del PSOE en 2018, se acabó derogando este artículo de manera que las causas judiciales quedaron sujetas a un plazo de un primer año de instrucción y prórrogas de seis meses.
Con un salto al presente y la extensa lista de causas abiertas en el plano judicial, lo cierto es que la primera modificación aprobada por el Partido Popular de Rajoy en 2015 y su posterior modificación encuentra ahora profundas consecuencias que se traducen en el archivo de investigaciones clave. Si con el primer cambio del artículo de la Ley se archivaron causas como la de la mafia rusa y sus vínculos con el PP, el caso Isofotón de Andalucía o causas de corrupción que salpicaban directamente al ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, ahora son investigaciones de rigurosa actualidad las que se ven zanjadas por incumplimientos de plazo.
Antes de hacer referencia al juez que investiga las principales causas judiciales en la actualidad, Juan Carlos Peinado, cabe destacar que Manuel García Castellón, ex magistrado de la Audiencia Nacional, también se vio obligado a archivar el ‘caso Tsunami’ por supuesto terrorismo en las protestas contra el procés después de que la Sala de lo Penal alegara que la prórroga firmada por el juez tres años antes era ilegal.
Retomando la línea actual, dos investigaciones han sido archivadas recientemente por errores en los plazos del juez Peinado. Hace escasos días se conocía que el juez había favorecido por error a un alto cargo del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, concretamente, al gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso Sánchez Vicente. El juez acordó una prórroga a la investigación contra esta persona por el presunto sobreprecio de contratos con OkDiario, denunciado originalmente por Podemos, pero la Audiencia Provincial de Madrid la dejó sin efecto porque el plazo para conceder esas prórroga había expirado hacía más de dos meses, y aunque Más Madrid y Podemos presentaron la solicitud en enero, el magistrado no la aceptó hasta abril.
En este marco, el origen de la investigación se remonta a 2022 cuando la EMT adjudicó a dedo un contrato al periódico que dirige Eduardo Inda. El objeto del contrato era organizar charlas de movilidad sostenible por un valor de 72.600 euros y, aunque en su momento el proyecto recibió la denuncia de Podemos que observó un sobreprecio al compararlo con otro contrato de condiciones semejantes y que el equipo municipal había concedido por un precio cuatro veces menor hacía tan solo un mes, las charlas salieron adelante con la participación del propio alcalde, el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante; el director del citado medio; y Alfonso Sánchez Vicente, ahora imputado. Además, en estas conversaciones Inda se refirió en los siguientes términos a otros representantes que completaban tablero político: “Comparar el PP con otras formaciones es abrumador, y ya no digamos con Podemos, que basta con ser un poco sucio, no tener carrera, e ir al Congreso con camiseta y ya puedes llegar a ser vicepresidente del Gobierno o ministra de Igualdad o de Asuntos Sociales”.
Sin embargo, este no ha sido el único error de Peinado que ha condenado al archivo a la causa. Según publicaba El País, Peinado también favoreció a una empresa de criptomonedas que contaba con una de familiares de afectados. El texto legal recayó en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, el del mencionado juez, quien inició la investigación en 2021, pero que no prorrogó el plazo una vez terminado el tiempo legal de instrucción, en 2022.
Se trata de IM Academy, una empresa que llegó a España en 2017 y que captó a miles de jóvenes con el objetivo de formarlos sobre criptomonedas. Fue cuatro años más tarde cuando 14 familias se unieron bajo el nombre de RedUne, especializada en sectas, al considerar que este grupo estaba operando como una al aislar a sus hijos de su entorno. Sin embargo, quedó inválido todo lo que se había hecho en los tres años posteriores. Además, nunca se citó a declarar a los investigados y tardó ocho meses en aceptar la acusación particular en la causa. Por todo ello, la Fiscalía pidió dar carpetazo a la causa, una decisión que el magistrado hizo suya, quedando así en el aire todo lo demás.
Los errores que beneficiaron a Almeida
Al margen de estos dos últimos casos, la equivocación de Peinado con los plazos y su modus operandi han llevado a beneficiar también al gobierno de Almeida en diferentes ocasiones. Además, del caso de la EMT, en mayo de 2020 el magistrado abrió diligencias por una denuncia contra el alcalde de Madrid en el que se le acusaba a él y a uno de sus concejales de prevaricación por cerrar los parques de la ciudad durante los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, aunque los dos fueron llamados a declarar el sábado 23 de ese mes, un día antes de la cita judicial Peinado dio marcha atrás, en esta ocasión, apelando el daño que podría hacerle a la imagen del alcalde.
En su auto, el juez rechazó buena parte de las alegaciones de la defensa de Almeida, que pasaban por archivar el caso, y defendió que el caso "requiere de una mínima investigación". "Una exposición, que parece ser obtenida de cualquier manual de Derecho Penal Básico, dirigido a estudiantes de los primeros cursos de Derecho", escribió entonces sobre los argumentos del abogado del alcalde en unas palabras muy reveladoras contra el texto de la defensa.
