El chalet que el juez Juan Carlos Peinado disfruta en la localidad de La Adrara (Ávila), sigue acarreando polémicas y, en los últimos días, ha provocado la dimisión de otro Secretario Municipal de La Adrada.

El denunciante de la vivienda que el magistrado tiene en la localidad castellanoleonesa, Fernando Jabonero, exponía que el Fiscal de Ávila había notificado que el “falso arquitecto municipal solicitó que inspeccionara la obra del chalet porque él no es competente”.

El documento, que ha publicado en su cuenta de X, antiguo Twitter, solventa que “el 27 de enero de 2025 se incorpora un nuevo Secretario, siendo en febrero de 2025 cuando desde el Ayuntamiento se contesta a los escritos del Sr. XXX, habiéndose acordado girar visita a la finca para su inspección, ya que efectivamente se ha solicitado por el promotor licencia de primera ocupación”.

Y añade el texto: “Por el Equipo del SEPRONA se ha remitido el 15 de mayo de 2025 escrito del actual Arquitecto Municipal a la Diputación solicitando la asistencia de un técnico, ya que aquel no tiene condición de funcionario”.

Hace ya meses que el denunciante de los hechos destacaba que “el ayuntamiento estaría contando con un asesor externo que usurpa funciones públicas”, algo que involucraría una “infracción grave”. En declaraciones a este periódico, emitía que esta persona “se estaría metiendo en un ámbito para el cual no está calificado” y que lo estaría haciendo “con el visto bueno de la alcaldesa y el secretario”.

El PP de la localidad se intentó resguardar de la tormenta que levantó las informaciones que publicó ElPlural.com, que precipitaron la investigación del inmueble, tal y como reflejó el expediente emitido por el Consistorio allá por marzo.

Sin que la controversia haya dejado de rodear a la vivienda, las últimas noticias que han saltado sobre ella tienen que ver con la respuesta de la Fiscalía de Ávila a su denunciante. En ésta, el órgano jurídico reconoce que se habría cometido una “criminalidad urbanística”, pero que los posibles delitos habrían “prescrito”.

De forma más detallada, el Ministerio Público consideraba que el Consistorio de la localidad pudo haber incurrido en prevaricación al permitir la construcción del inmueble de manera irregular. El denunciante respondió al documento considerando que la Fiscalía había hecho un buen trabajo, pero “desenfocado de lo que era su petición” en tanto en cuanto él no se refería tanto al chalet en sí como al modus operandi de la alcaldesa y su equipo.

En sus palabras, defendía que el Ayuntamiento “no hizo nada” hasta el momento en que recibió el aviso, precisamente por parte de la Fiscalía. Pero después de ello, la manera de operar por parte del equipo local no dejó contento a quien más pone pie en pared contra los hechos. “Encargaron la inspección a una persona que no era funcionaria”, remacha.

Jabonero definió al juez que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, como el “infractor número 1 de la provincia de Ávila” y a la regidora, Pilar Martínez, de cómplice. “Omitió un deber fundamental y penalmente tipificado en el artículo 320.1 del Código Penal”, subrayaba.

El escrito de la Fiscalía

El documento que emitió la Fiscalía no ha lugar a dudas respecto del chalet de Peinado. “Las irregularidades apreciadas en la tramitación del expediente por concesión de una licencia, con informe favorable del arquitecto municipal y la posterior inactividad municipal tras los escritos del promotor de los años 2006 y 2013 serían conductas con indicios de criminalidad urbanística”, proyecta.

El propio Ayuntamiento aparece también señalado en la decisión final, aunque no como objeto principal de la respuesta que esperaba Jabonero, que remitió un nuevo escrito. Sobre el Ayuntamiento, el organismo concluyó que no disponía de “indicios de que las sucesivas corporaciones municipales hayan tenido conocimiento de las irregularidades descritas, al no constar nuevas comunicaciones del promotor del ayuntamiento hasta 2021”.

Suelo urbanizable, pero no urbano

El magistrado que investiga a la mujer de Sánchez habría solicitado una primera licencia de obra mayor a finales del año 2004, la cual le fue concedida como suelo urbanizable, no así urbano; lo que implica que en dicha parcela no se podía construir, sino que había que desarrollar un plan parcial que obligase a la parcela a hacer cesiones para dotaciones comunes como pudieran ser zonas verdes, calles y otros equipamientos.

En 2017 llega la calificación de suelo urbano, cuando la casa ya está construida y el PP se encuentra en el Ejecutivo. La Fiscalía también estudiaba los aspectos que la denuncia apuntaba sobre la piscina de la vivienda y sus posibles irregularidades, explicando que desde marzo de ese año hay un informe favorable a la solicitud del juez para incluir esa parte de la casa. El Consistorio no reclamó ningún mecanismo sancionador; todo ello a pesar de que las fotografía aéreas aportadas por la Guardia Civil demostraban que las obras continuaban.

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