La Asamblea Regional ha decidido no aceptar el intento de relevar al portavoz del Grupo Parlamentario Vox, una medida que buscaba modificar la dirección interna del grupo parlamentario, mientras que José Ángel Antelo ha denunciado públicamente el uso indebido de su firma digital como mecanismo para justificar su cese.
“¿Quién en su sano juicio registra su propio cese? Yo no he sido”, declaró Antelo, subrayando que, hoy en día, sigue figurando oficialmente como portavoz del partido en la Asamblea Regional. Con estas palabras, el político deja claro que no reconoce ningún trámite que pretenda apartarlo de su cargo y mantiene la titularidad formal de la portavocía.
La controversia representa la continuación de un enfrentamiento abierto y cada vez más intenso entre Antelo, que fuera líder provincial de la formación en la Región, y la dirección nacional de Vox. Todo comenzó a agravarse este mismo miércoles por la mañana, cuando Antelo comunicó que su firma digital había sido supuestamente falsificada para avalar un documento que lo relevaría de la portavocía del grupo parlamentario.
Según explicó, esta maniobra también buscaba poner al frente a Rubén Martínez Alpañez, siguiendo lo acordado el martes anterior en una reunión mantenida entre los diputados autonómicos y la cúpula nacional en Murcia, un encuentro que había sido cubierto en exclusiva por este periódico.
Antelo cuestionó con firmeza la legalidad y la transparencia del procedimiento. “¿Por qué se hace semejante chapuza y qué clase de imagen está dando un partido que, en teoría, venía a cambiar las cosas y que presumía de buenos gestores cuando ni siquiera sabe presentar un escrito a la Asamblea?”, afirmó en los pasillos del Hemiciclo. Recalcó que no había utilizado su teléfono móvil —herramienta que deja un registro claro de quién realiza el trámite— y aseguró que el documento presentado carecía de validez al no cumplir los mínimos requisitos legales. “Esto no es serio ni razonable”, añadió, haciendo hincapié en la falta de formalidad en un proceso que, según él, debería ser totalmente transparente y conforme a la normativa vigente.
Por su parte, fuentes de la Asamblea Regional detallaron que la Mesa, órgano encargado de recibir el escrito, revisó el documento a primera hora de la mañana y decidió rechazarlo por unanimidad debido a defectos de forma evidentes. En concreto, explicaron que el escrito contenía firmas manuscritas, sin certificados digitales, lo que imposibilitaba certificar la autoría de estas.
Además, el documento no iba acompañado de la documentación legal obligatoria, lo que impedía que fuera considerado válido para efectos administrativos y legales.
La marca Vox no se resiente
El comunicado oficial de la Mesa de la Cámara señalaba que, al carecer de firma electrónica de los supuestos suscriptores, el documento no podía ser considerado un escrito electrónico válido.
Las rúbricas manuscritas, indicaba, no permiten acreditar de manera cierta e indubitada la identidad de los firmantes, por lo que se trata únicamente de una copia digitalizada que no cumple los requisitos legales para tramitar el cese del portavoz ni la designación de otro o de nuevos portavoces adjuntos. En consecuencia, el escrito fue desestimado y no tuvo efecto alguno sobre la composición de la portavocía del grupo parlamentario.
Además, la Asamblea dejó constancia de que Antelo había informado previamente a la Mesa de que no había presentado ningún escrito notificando su cese como portavoz del Grupo Parlamentario Vox, ni había autorizado a nadie a emplear su certificado electrónico en representación del grupo.
Ante la detección de que se había registrado electrónicamente un documento a última hora de la tarde con la intención de cambiar la portavocía, Antelo remitió otro escrito confirmando que ni había registrado documento alguno ni había dado autorización a terceros para hacerlo. Este segundo escrito refuerza su posición de que la supuesta destitución no tiene validez y que su firma fue utilizada sin su consentimiento.
Con esta acción, Antelo intensifica la pugna que mantiene con la dirección nacional de Vox y con Santiago Abascal desde la pasada semana. El exportavoz aseguró que la firma se utilizó sin su conocimiento ni autorización, y anunció que llevará el caso a los servicios jurídicos del partido para estudiar y emprender las acciones legales pertinentes.
Sobre la posibilidad de acudir directamente a los tribunales, indicó que inicialmente serán los servicios jurídicos los encargados de decidir la estrategia a seguir, aunque no descartó ninguna vía legal en el futuro.
En sus declaraciones, Antelo también volvió a criticar a la dirección del partido, asegurando que su cese había sido decidido por Abascal sin ofrecer ninguna explicación, pese a sus siete años de trayectoria dentro de la formación. Subrayó que Vox no debe identificarse con una sola persona, sino con todos sus afiliados, y advirtió que la falta de democracia interna podría generar preocupación entre los votantes. “Si esta es la democracia interna que hay en el partido, ¿qué pasará cuando llegue al Gobierno?”, cuestionó, dejando entrever que este tipo de disputas internas podrían afectar la percepción pública de la organización y su capacidad de gobernar de manera responsable.
El episodio refleja además un conflicto más amplio sobre la gestión interna y los mecanismos de toma de decisiones dentro de Vox. La polémica no solo involucra cuestiones legales sobre la validez de firmas y documentos electrónicos, sino que también expone tensiones sobre la autoridad, la transparencia y la cohesión interna del partido. Antelo, al mantener su posición de portavoz y denunciar la falsificación de su firma, pone de relieve un problema de gobernanza que podría tener repercusiones tanto a nivel interno como de cara a la opinión pública.
La situación demuestra que la disputa por el liderazgo y la organización interna de Vox en la Región es un asunto complejo que combina elementos legales, administrativos y políticos. La Asamblea Regional ratifica su posición y mantiene la estabilidad formal del grupo parlamentario, mientras que el dirigente continúa reclamando respeto a los procedimientos y garantías legales.
Este enfrentamiento evidencia la delicada situación que atraviesa Vox en la Región, donde las disputas internas podrían afectar su imagen pública y su capacidad de proyectar unidad ante los ciudadanos. La controversia sobre la supuesta utilización indebida de la firma digital de Antelo es solo la manifestación más visible de un conflicto más profundo sobre el liderazgo, la autoridad y la legitimidad dentro de la formación política, que seguirá generando atención en los próximos días.
