Las decisiones económicas tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy siguen teniendo consecuencias negativas para España. La deuda contraída por el país, consecuencia de la retirada de forma retroactiva las primas a los inversores en energías renovables y establecimiento del impuesto al sol, asciende a los 2.300 millones de euros y, de cara al Mundial de Fútbol que se celebrará este verano en Estados Unidos, los acreedores quieren aprovechar para cobrar. Otras inversiones milmillonarias con empresas estadounidenses, especialmente en materia de seguridad y defensa, también están en juego.
Pese a que la orden del Ejecutivo del Partido Popular (PP) data de 2013, los tribunales han ido fallando con el paso del tiempo. El principal golpe para España lo asestó el tribunal federal de Washington, que ha convertido en sentencias firmes siete arbitrajes, abriendo la puerta a los acreedores a solicitar embargos temporales en territorio estadounidense. Los denunciantes se han puesto en marcha y han fijado como objetivo la expedición española de futbol y el contrato suscrito con la empresa estadounidense Raytheon para comprar cuatro sistemas antimisiles Patriot.
Uno de los acreedores es el fondo Blasket Renewable Investments, encargado de varios de los casos de reclamaciones, y ya ha anunciado que está estudiando todos los mecanismos disponibles para embargar depósitos y activos españoles en Estados Unidos. Marcas como Adidas, sponsor de la selección española, y gigantes hoteleros como Hilton, que acogerá a la expedición durante el torneo internacional o el centro de entrenamiento de Tennessee, donde los jugadores se prepararán, han recibido citaciones relacionadas con los pagos de la Federación.
Es más, los acreedores deslizan que, de ganar el Mundial, España podría tener que desembolsar los 50 millones de dólares de premio en metálico. No obstante, quizá la más sorprendente de las amenazas es la que afecta al avión oficial utilizado por el Gobierno y la Casa Real. El de sobra conocido Falcón o cualquier otra aeronave oficial podría ser embargada si aterriza en Estados Unidos para desplazar hasta la sede mundialista al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, o al rey Felipe VI.
“Es posible actuar sobre el avión oficial Falcon si aterrizase en EEUU en el marco de futuros viajes oficiales”, trasladaba la representación legal del fondo, insistiendo en que irán a por este y otros activos “si el Gobierno mantiene su negativa a ejecutar los laudos arbitrales internacionales pendientes de pago. En esta dirección ha apuntado el abogado Matthew McGill, abogado del bufete King & Spalding y principal representante legal de los acreedores.
“Se han presentado todas las órdenes judiciales para la deuda reconocida y pendiente de embargo en todos los estados de Estados Unidos donde sabemos que España va a jugar o podría jugar", apuntaba hace escasos días. "No estamos aquí para ver el fútbol, sino para saber cómo se está pagando la logística y actuar contra todas las operaciones", aseguraba el jurista desde Madrid. "No es simbólico, el Mundial es España haciendo negocios en Estados Unidos e intentaremos interrumpirlo", insistió.
Si bien el dinero relacionado con el fútbol no es el único que está en peligro. El contrato suscrito con la estadounidense Ratyheon para la compra de cuatro sistemas Patriot, por valor de 1.700 millones, también está en el foco. Los acreedores, que ya han embargado una sede del Instituto Cervantes en Países Bajos, van en serio, pero aseguran que “no son inflexibles” y que están “dispuestos a negociar”.
La Comisión Europea ha respaldado España nu negativa a pagar, pero los tribunales estadounidenses y de algún país de la Unión Europea (UE) han asestado más de un varapalo a la administración española. El culebrón parece ir para largo y desde Moncloa esperan que no tenga ninguna afectación al normal desarrollo de la expedición mundialista, ni para los jugadores ni para las autoridades que se desplacen para dar apoyo al equipo.
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