El Gobierno madrileño ha sido condenado por la Justicia con una multa millonaria, superior a los tres millones de euros, por el impago a una empresa sanitaria durante la pandemia del Covid-19.
La Comunidad de Madrid,dirigida por Isabel Díaz Ayuso, adjudicó en marzo de 2020, durante lo peor de la crisis sanitaria, un contrato a Care Quality Service Health, S.L. (CQS) para el suministro de material sanitario -mascarillas y trajes de protección- al hospital de campaña de IFEMA, sin embargo, la compañía nunca llegó a recibir el importe.
Aquel episodio ha traído consigo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que el Consejo de Gobierno acataba esta semana ordenando el pago de la millonaria cuantía, derivado de una situación que la propia compañía alertó a la región madrileña.
Según contaba en las últimas horas el diario El País, la presidenta de la Comunidad de Madrid recibió un burofax el 17 de abril de 2020, un documento que también llega al consejero de Sanidad de aquel momento, Enrique Ruiz-Escudero.
A su vez, el jefe de gabinete de la presidenta de la región, Miguel Ángel Rodríguez, recibe un correo electrónico en el que se advierte del mismo problema: tienen decenas de miles de mascarillas y trajes encargados por la Autonomía en China, pero no pueden transportarlos a la capital española porque no logran subirlos a los aviones fletados por el equipo de la baronesa popular en el aeropuerto de Shanghái.
Tener almacenada la mercancía en el país asiático supuso un coste altísimo y, ahora, la Justicia condena a la Comunidad de Madrid al considerar que ésta no tramitó correctamente el pedido, por lo que el acuerdo fue nulo, pero achaca la responsabilidad a la administración pública.
El 22 de marzo de 2020, Ayuso convoca una reunión extraordinaria de su consejo de gobierno a tenor de la situación que asola toda España y que deja en Madrid las consecuencias más devastadoras, con más de 9.700 contagios y superando el millar de fallecidos.
Es ahí donde se aprueba invertir 23 millones de euros en traer aviones cargados de material sanitario desde China, más de 50 toneladas para distribuirlas por todo el territorio a través del hospital de Ifema, un hito sanitario, quizá no es atrevido decir, sin precedentes. Lo complicado es conseguir el material.
Comunicaciones de la empresa
La Comunidad de Madrid elige a CQS que, para hacerse con el encargo, debe aportar todo tipo de facilidades de pago a la administración, pero lo que se iba a convertir en uno de los grandes éxitos del momento por parte de la coalición PP-Cs empieza a fallar.
El 26 de marzo de 2020, el director general del proceso integrado de salud en el Ejecutivo de Ayuso firma un informe en el que detalla que el material “será transportado desde China a España con el transporte concertado de la Comunidad de Madrid”, según cuenta el periódico mencionado anteriormente.
Apenas unos días después, el 3 de abril, la empresa comunica que “la mercancía aguarda en las fábricas las instrucciones para la entrega en el aeropuerto de Shanghái para el embarque en el vuelo concertado por la Comunidad de Madrid” y que “espera instrucciones del embarque”.
El 7 de abril todo empieza a desmoronarse. Las comunicaciones de la compañía denotan que algo no va bien. “Ayer hablamos con el Sr. Óscar Leyva, del que no teníamos referencias hasta hace unos días como gestor del transporte que ustedes están concertando. Y nos dijo que tenía instrucciones de que el material en cuestión no viajara en esos aviones, ya que no había sido aprobado (...) nos dirigimos a ustedes para que nos confirmen cuando será embarcada la mercancía, ya que hace 3 días que espera en los almacenes de nuestras fábricas para su embarque”, señala la firma a la que se encargó el material.
A finales de mes, la Comunidad de Madrid todavía no ha encontrado solución, y la empresa se “ve en la obligación de llevar a cabo una serie de acciones con el fin de ejecutar el contrato” que pasan, por ejemplo, por “buscar aviones a nuestra propia costa”, lo cual supone “un esfuerzo económico que pone en alto riesgo la viabilidad de la empresa”.
El material llega, pero con el “esfuerzo económico” de la compañía
El “esfuerzo económico” permite que el material aterrice en España y Madrid no es capaz de demostrar que no lo usara, según la sentencia. La misma refleja que la administración de la Puerta del Sol rechazó las facturas alegando que el pedido inicial no fue finalmente autorizado por el Consejo de Gobierno
La Comunidad de Madrid alega que los documentos del expediente fueron firmados por un alto cargo que no tenía competencias para ello y que en el momento en que se aprobó el pedido final, las mascarillas y los trajes se entregaron a otra compañía del mismo grupo.
El tribunal ha tumbado estos argumentos: “Las alegaciones de la administración no pasan de ser meras hipótesis desprovistas de prueba (...) No sólo ha quedado demostrado que la CAM procedió a realizar el encargo sin cumplir con las mínimas formalidades exigidas por la normativa presupuestaria --lo cual no es en modo alguno imputable a la contratista ni por la legislación de emergencia nuevamente no imputable a la contratista-. Es más, la apariencia de legalidad de la contratación era plena, y la confianza en la regularidad de la contratación de emergencia también plenamente legítima".
Según el tribunal, la región actuó, pero sin competencias, autorización del consejo de gobierno ni fiscalización previa. El acuerdo era nulo, pero achacable a la Comunidad, obligada ahora a pagar más de tres millones de euros entre la restitución del valor del material y daños y prejuicios.
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