El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha sido obligado por la Justicia a indemnizar con más de tres millones de euros a una empresa sanitaria por el impago de facturas durante la pandemia de Covid-19. La Comunidad de Madrid adjudicó en marzo de 2020 un contrato a Care Quality Service Health, S.L. (CQS) para el suministro de mascarillas y trajes de protección al hospital de campaña de IFEMA, por un importe que nunca se abonó.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que el Consejo de Gobierno ha acatado este martes ordenando el pago de la millonaria multa, ha hecho reflotar una situación que acorraló a la presidenta durante la guerra interna por el control del Partido Popular madrileño.
En 2021, la delegación del PP en Madrid la presidía el senador Pío García-Escudero de forma interina tras el escándalo que terminó por hacer caer a Cristina Cifuentes como presidenta regional. Ayuso, que entonces ya la había sucedido al frente del Ejecutivo madrileño, quería culminar su ascenso en la delegación más numerosa e influyente del PP y tomar las riendas del partido como su presidenta. En ese esfuerzo, se encontró la reticencia de un sector crítico, cercano al líder nacional popular, entonces Pablo Casado, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Todo esto ocurrió en medio de la pandemia de Covid, que un año antes ya había dejado las primeras sombras en la gestión de Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid desde 2019. Además de los "protocolos de la vergüenza" por los que 7.291 ancianos murieron en las residencias sin traslado hospitalario, su gestión en los primeros meses del 2020 estuvo marcada por los contratos firmados de emergencia y los negocios con empresas del sector sanitario para comprar mascarillas y otro material, que se vieron envueltos en múltiples irregularidades como las que salpicaban a Tomas Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta.
El PP buscó las "cremas" de Ayuso
Uno de esos negocios fue, precisamente, el que tuvo con la empresa CQS, cuyo dueño trabajó hace años con el hermano de Ayuso en la empresa familiar que debe más de 544.000 euros a Avalmadrid por el préstamo que recibió. La Justicia madrileña sentenció hace una semana al Gobierno regional -es decir, a todos los madrileños- a pagar 3,1 millones de euros por las facturas impagadas del encargo a la compañía de traer a Madrid material de protección sanitaria procedente de China en marzo de 2020.
Este caso es un ejemplo del caos y la prisa que caracterizaron a Ayuso en su gestión de la pandemia. Y fue precisamente por ese caos, y las irregularidades que propicia, por dónde avanzó en 2021 la investigación interna del sector del PP contrario a Ayuso, para evitar su ascenso a la cúspide de la delegación madrileña.
De hecho, en Génova se hablaba de aquellas de un operación similar a la que hizo caer a Cifuentes, que después de meses acorralada por el escándalo de su máster terminó dimitiendo por un vídeo filtrado de ella robando en un supermercado. Los contrarios a Ayuso reconocieron que no había muchas pruebas que la comprometieran por su vida privada, y en su lugar, eligieron investigar su caótica gestión de la pandemia: "No son cremas, son aviones", apuntaron fuentes populares a ElPlural.com, en referencia a los presuntos negocios del entorno de Ayuso con la compraventa de material sanitario procedente de China.
Entonces se conocía poco sobre los negocios del hermano de Ayuso, y todavía no sonaba en todas partes el nombre de Alberto González Amador, pareja de la presidenta y acusado de facturar más de un millón de euros a una empresa que se enriqueció con las mascarillas en China como parte de los dos fraudes fiscales que confesó. Sin embargo, había un sector de Génova dispuesto a tirar del hilo para utilizar lo que encontraran en la guerra entre Ayuso y el PP nacional. Muchas voces apuntaban a que las investigaciones las lideraba Ángel Carromero, que entonces era asesor de José Luis Martínez-Almeida y antes había sido la mano derecha de Pablo Casado en las Nuevas Generaciones -organización juvenil del PP- en Madrid.
Ayuso, condenada a pagar por el caos de la pandemia
Esa investigación para sacar algo de Ayuso se mantuvo soterrada, pero es fácil, a cinco años vista, intuir en qué quedó. Ayuso fue elegida presidenta del PP madrileño en 2022, cargo que mantiene a día de hoy junto al de baronesa regional. Almeida exhibe ahora una sintonía total con ella, que le ayuda a mantenerse como cabeza municipal del PP. Su esperanza para medrar, Pablo Casado, cayó en desgracia ese mismo año para dar paso a Alberto Núñez Feijóo como líder nacional, precisamente por querer investigar la corrupción del entorno de Ayuso durante la pandemia.
Pero ahora, cinco años después, la Justicia demuestra que no estaban tan equivocados. El litigio de CQS con el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), se ha resuelto a favor de la empresa, a la que el Gobierno de Ayuso ha aprobado pagar 3.108.264,29 euros. Todo viene de la licitación por la vía urgente a la empresa del suministro de material sanitario para el pabellón 10 de IFEMA. El TSJM da por probado que la Consejería de Sanidad, entonces en manos de Enrique Ruiz Escudero, "procedió a realizar el encargo sin cumplir con las mínimas formalidades exigidas por la normativa presupuestaria".
La sentencia explica que el silencio de la Administración regional cuando el pedido quedó bloqueado, dio a entender a la empresa que el pedido seguía adelante. El caos y la prisa llevaron al Gobierno de Ayuso a encargar el pedido a otra empresa, Creepy Investments S.L., por lo que rechazó las facturas emitidas por CQS, a pesar de que el pedido se realizó. La compañía recurrió la licitación, reclamando los 2.878.480 euros de las facturas, además de otros 288.286,38 por intereses de demora y 1,3 millones más por daños y perjuicios. La sentencia estima parcialmente este recurso, obligando a la Comunidad de Madrid a abonar lo correspondiente a las facturas y 229.784,29 euros más de indemnización.
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