El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha roto su silencio desde la prisión de Soto del Real tras ser condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de cárcel por pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en el caso mascarillas.
En un audio de 12 minutos difundido por su entorno y al que ha accedido la SER, el que fuera secretario de Organización del PSOE rechaza asumir los hechos y califica la pena de “abultada”, “desproporcionada” y “predeterminada”. Según sostiene, la causa partió desde el inicio de una “hipótesis de culpabilidad” con el objetivo de forzar una confesión que nunca se produjo.
Frente a esa versión, la sentencia del Supremo considera acreditada la participación de Ábalos en la trama de contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. El tribunal sostiene que las pruebas practicadas en el juicio permiten fundamentar la condena por los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
La resolución rechaza además que el fallo descanse únicamente sobre las manifestaciones de Víctor de Aldama. Según el criterio de la Sala, su testimonio fue valorado junto a otros elementos incorporados al procedimiento, entre ellos documentación, declaraciones testificales e informes, que habrían servido para corroborar los hechos objeto de condena.
El alto tribunal también descarta las tesis exculpatorias de la defensa y no aprecia la vulneración de garantías fundamentales denunciada por Ábalos. La sentencia entiende que el procedimiento respetó los derechos de los acusados y que la condena queda respaldada por el conjunto de la actividad probatoria desarrollada durante la vista oral.
Ábalos, sin embargo, considera que el juicio tuvo “implicaciones políticas claras” y que la sentencia buscó ser “ejemplarizante”, alejándose, a su juicio, de la Justicia. También carga contra Víctor de Aldama, al que define como un “delator no arrepentido”, y critica el pacto alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción, que, según afirma, le habría permitido obtener beneficios procesales mientras continúa vinculado a negocios de hidrocarburos.
El exministro reprocha al tribunal haber otorgado valor decisivo a las manifestaciones de Aldama y no haber atendido otros testimonios e informes que, según su versión, le eran favorables. En particular, menciona a la UCO, que durante el juicio situó a Aldama en la cúspide de la trama y sostuvo que su confesión no resultó determinante para descubrir los hechos investigados.
Ábalos insiste en que durante el procedimiento se vulneraron sus derechos fundamentales. Entre otros motivos, denuncia que no tuvo acceso a sus dispositivos, que su causa debió remitirse a la Audiencia Nacional al perder el aforamiento y que Koldo García quedó privado del derecho a la doble instancia.
Por todo ello, el exministro anuncia que acudirá al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo.
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