El 'modelo Ayuso' se topa con el Constitucional en su asalto a Telemadrid: dos reformas, dos condenas

Isabel Díaz Ayuso, encabezando el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde el PP, comenzaba su asalto a Telemadrid el 24 de marzo de 2021. Aquel día se aprobaba la Ley 1/2021, que, sobre todo, pemitió el relevo de la dirección existente en aquel momento, liderada por José Pablo López. Tras esta primera purga ideológica, llegaría una segunda reforma clave en 2022, dando origen a la Ley 3/2022, que buscaba consolidar su control, evitando bloqueos institucionales y agilizando la renovación de órganos. Para poder sacarlas adelante de forma exprés se apostó la tramitación en lectura única, de forma que no se necesitara el apoyo de los grupos de la izquierda. Por ello, después de que estos recurrieran a la Justicia, el 'modelo Ayuso' se ha topado con el Constitucional, que ya ha emitido dos condenas.

La Ley 1/2021: la purga ideológica y el inicio del control 

La primera gran reforma de Telemadrid impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llegó en 2021, después de revalidar título al frente de la Comunidad de Madrid. La Ley 1/2021 supuso el primer giro profundo en el modelo de la radiotelevisión pública: el nuevo marco legal permitió reconfigurar la dirección del ente y abrió la puerta al relevo del entonces director general, José Pablo López, cuya etapa había sido fruto del consenso entre PP, PSOE y Ciudadanos.

Días más tarde, los desterrados fueron Jon Ariztimuño, director de Informativos; Ángel Rubio, director de Onda Madrid; Jaime García Treceño; el director general de Contenidos, Paco Díaz Ujados; el director de la web, Juan Varela; el director de Nuevos formatos, Juan Adrián; y el director de Comunicación y Márketing, Daniel Forcada.

La norma cambió el sistema de gobierno interno y reforzó el peso de la Asamblea en la elección de los órganos directivos, pero en la práctica el efecto inmediato fue otro: la destitución del equipo anterior y el nombramiento de una nueva dirección alineada con la mayoría parlamentaria del PP, con José Antonio Sánchez -actual director general- al frente de la administración provisional.

Su tramitación se hizo mediante el procedimiento de lectura única, una vía excepcional que permite aprobar una ley en un solo debate en el Pleno de la Asamblea, sin pasar por comisión y, sobre todo, sin posibilidad de presentar enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Y precisamente ahí estuvo el origen del conflicto. La oposición, principalmente el PSOE, denunció que este procedimiento se utilizó para evitar el debate parlamentario real sobre una reforma clave del ente público, que suponía el relevo de la anterior dirección y abría la puerta a un nuevo modelo de control.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia de marzo de 2026, dio la razón al grupo socialista, quien presentó el recurso, y concluyó que la tramitación vulneró los derechos de los parlamentarios al ejercicio del cargo en cuanto excluyó la posibilidad de que estos ejercieran el derecho de enmienda. 

Por ello, el Constitucional declaró nulos los acuerdos de la Mesa y del Pleno de la Asamblea que permitieron el procedimiento, al entender que no se cumplían los requisitos excepcionales para limitar el debate.

No obstante, la sentencia no tuvo efectos prácticos sobre la norma ya aprobada puesto que la legislatura ya había acabado. El Tribunal emitió una resolución declarativa, es decir, no entra a valorar el contenido de la ley ni su constitucionalidad, sino únicamente el procedimiento seguido para aprobarla. Por eso, aunque reconoce la vulneración de derechos de la oposición, la Ley 1/2021 sigue vigente, ya que no ha sido anulada en su contenido ni existe un mecanismo automático que la invalide tras este tipo de recursos.

La Ley 3/2022: el blindaje definitivo

Un año después, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dio un segundo paso con la Ley 3/2022, una reforma que terminó de consolidar el nuevo modelo de la televisión pública, reforzando el control de la mayoría parlamentaria sobre su estructura interna.

Entre sus principales cambios, la ley redujo el tamaño del Consejo de Administración, concentrando la toma de decisiones en un órgano más pequeño y, por tanto, más fácil de controlar políticamente por la mayoría de la Asamblea. También introdujo ajustes en el sistema de mayorías para la elección de la cúpula directiva, especialmente en los supuestos de bloqueo, habilitando mecanismos para que la mayoría pudiera desbloquear nombramientos sin necesidad de grandes consensos con la oposición.

En paralelo, se reordenó el sistema de elección del director general, manteniendo las mayorías reforzadas en primera votación, pero permitiendo fórmulas de segunda vuelta o desbloqueo que, en la práctica, rebajan la capacidad de veto de la oposición y facilitan que la mayoría parlamentaria termine imponiendo su candidato.

El resultado fue un modelo más ágil en términos institucionales, pero también más dependiente de la aritmética política del momento y con menos contrapesos que el sistema diseñado en 2015, pensado precisamente para evitar el control directo por una sola mayoría.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia conocida este miércoles, vuelve a centrarse en el mismo punto sobre el que puso el foco en la resolución de marzo: el uso de la lectura única para aprobar una reforma de gran calado sin permitir enmiendas. Así, ha vuelto a considerar que esta segunda tramitación también vulneró los derechos de la oposición al impedir su participación efectiva en el proceso legislativo.

Por ello, vuelve a declarar nulos los acuerdos de la Mesa y del Pleno de la Asamblea que permitieron la tramitación por esta vía excepcional. Sin embargo, al igual que en la sentencia anterior, el fallo no tiene efectos prácticos sobre la norma, por lo que la Ley 3/2022 sigue vigente.

Doble reforma, doble aviso

Con estas dos resoluciones, el Tribunal Constitucional dibuja una línea clara sobre la forma en la que se han tramitado las reformas de Telemadrid bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Más allá de los cambios introducidos en la ley, el alto tribunal ha concluido en ambos casos que el uso del procedimiento de lectura única se realizó de manera indebida, al impedir a la oposición presentar enmiendas y participar con normalidad en el debate parlamentario, lo que vulneró los derechos de los diputados en el ejercicio de sus funciones.

Dos reformas, dos condenas y un mismo patrón señalado por el Constitucional: el control político de Telemadrid de Ayuso ha pasado por encima del Parlamento en dos ocasiones.