La actividad empresarial de Alberto González Amador discurre en paralelo a las causas judiciales abiertas contra él. La sociedad del novio de Isabel Díaz Ayuso multiplicó su facturación durante la pandemia, registró su pico patrimonial justo cuando comenzaron sus problemas con Hacienda, y ha caído en picado desde entonces, mientras se producían movimientos clave que afectan a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Todo mientras se le investiga en dos procedimientos por fraude fiscal, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal.
El epicentro de la actividad está en Maxwell Cremona, la sociedad de la que Alberto González Amador es propietario y administrador único. Desde 2023 hasta hoy, los activos de esta empresa han ido cayendo hasta el punto de cerrar 2025 en números rojos, lo cual no ha evitado que el comisionista se repartiera 2,45 millones de euros en dividendos en los dos últimos años, según sus propias cuentas a las que ha tenido acceso ElPlural.com.
La facturación de la sociedad se disparó durante la pandemia, justo cuando el novio de Ayuso la compró por medio millón de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención. Esta operación se investiga en la pieza separada contra González Amador por, presuntamente, encubrir el cobro de una comisión por la compraventa de mascarillas. Es en esta causa en la que se ha incorporado un informe de la Agencia Tributaria sobre los movimientos del empresario, en el que se detalla que facturó 4,4 millones de euros al gigante de la sanidad privada, uno de los más beneficiados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside su pareja.
En esa pieza, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comenzado recientemente –tras casi un año de bloqueo del juez- a investigar 17 cuentas bancarias vinculadas a González Amador para contrastar los movimientos con los delitos investigados. En paralelo, continúa la investigación sobre los 350.000 euros que el empresario habría defraudado a Hacienda en 2020 y 2021 a través de sociedades pantalla, entre las que se encuentra también Maxwell Cremona. En esos años, el novio de Ayuso compró uno de los pisos de Chamberí en los que vivía con la presidenta, y que ahora ha puesto a la venta. Ambos juicios esperan todavía fecha.
Las cuentas de Maxwell Cremona
La empresa cerró el ejercicio 2025 con unas pérdidas de 26.236 euros, según las cuentas que figuran en el Registro Mercantil. Desde que comenzó su litigio con Hacienda, el cual no declara en las cuentas pese a ser obligatorio, la sociedad de González Amador ha visto caer su activo hasta un 90%, pasando de más 2,2 millones de euros en 2023 a haber cerrado el pasado año superando por poco los 240.000.
Resulta llamativo cómo este bajón repentino de los valores que aportan o pueden aportar rendimiento económico en la empresa han caído en picado en los últimos dos años, mientras su administrador único se ha repartido a sí mismo, según las cuentas, 2,45 millones de euros en dividendos. Estos aparecen recogidos en las cuentas de 2025 como un movimiento en favor del empresario de 1,225 millones “con cargo a reservas”, es decir, a los beneficios de años anteriores. Sin embargo, esa cifra podría ser un error, ya que las reservas de la empresa se situaron en 499.904 euros, a los que hay que sumar los beneficios de ese ejercicio.
Es el segundo año consecutivo que Maxwell reparte un dividendo por esa misma cantidad, como reflejan también sus cuentas de 2024. La sociedad cerró dicho ejercicio con un beneficio de 93.678,73 euros, que un año después cayó por debajo del cero. La facturación en el pasado ejercicio rozó los 710.000 euros, un 25% menos que el anterior, pero más del doble que antes de la pandemia. Pese a cerrar en rojos, la sociedad sigue reflejando el aumento de la actividad de González Amador durante los años en los que cometió, presuntamente, dos delitos fiscales, inició su relación con Ayuso, y comenzó el vaivén de compra y venta de propiedades que ahora amenazan a la presidenta.
El avance de las causas contra González Amador
En 2022, la empresa reportó inicialmente 1,9 millones de euros de beneficio, que siguen reflejados en las cuentas. Sin embargo, en las cuentas del año siguiente se corrigió el dato como una pérdida de 101.489 euros. Esto ocurrió justo después de que González Amador intentara compensar el fraude a Hacienda de unos 350.000 euros fuera de plazo, cuando el fisco ya le investigaba, para posteriormente tratar de alcanzar un acuerdo de conformidad admitiendo dos delitos fiscales. Poco después, en 2024, la Fiscalía le denunció, abriendo la causa por fraude fiscal y falsedad documental.
También sigue en instrucción la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal, que se abrió para investigar un presunto soborno del novio de Ayuso al presidente de Quirón Prevención, a través de la compra, precisamente, de Maxwell Cremona. González Amador adquirió la empresa de la mujer de Fernando Camino por medio millón de euros, pese a que esta apenas tenía valor contable ni actividad registrada. El foco de la Justicia está en si esta operación encubrió una comisión de dos millones de euros por la compraventa de mascarillas, que se habrían repartido los dos empresarios.
Los pisos y Ayuso, el otro frente
Tras adquirir Maxwell, el novio de Ayuso multiplicó sus ingresos de la sanidad privada; y también sus movimientos inmobiliarios en el corazón de Madrid, que en las últimas semanas afectan de lleno a la presidenta regional. Justo después de que ocurrieran los presuntos delitos, por los que habría defraudado unos 350.000 euros, González Amador pagó una entrada muy similar por el piso en Chamberí en el que ha vivido con Ayuso durante años, que ahora ha puesto a la venta por más del doble que lo que le costó entonces, como publicó en exclusiva ElPlural.com.
Durante ese tiempo, el empresario estuvo pagando 5.000 euros mensuales de alquiler por el ático situado justo encima, que era propiedad de Babia Capital. Esta sociedad le pertenece al empresario leonés Javier Luis Gómez Fidalgo, que representó al novio de Ayuso en su causa contra Hacienda y terminó imputado por ella. El pasado año, González Amador terminó comprando también ese inmueble, que ahora también ha puesto a la venta. En total, el comisionista espera cerrar ambas ventas por un total de 3,42 millones de euros.
Todas estas operaciones serían parte de la vida privada de un “ciudadano particular”, como le definen Ayuso y su equipo, si no fuera porque coinciden en el tiempo con los presuntos delitos cometidos por su actividad con una de las empresas más beneficiadas por la presidenta. Y porque se conocieron justo después de saltar el escándalo por otro ático en Chamberí que compró la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros, ocultó durante meses, y puso a la venta por 6,7 millones tras publicarse en los medios, sin haberse cumplido el fin con el que lo justificó -unas obras en la Real Casa de Correos de las que no se sabía nada- Planifica Madrid, la empresa encargada.
Por el momento, ni Ayuso ni el consejero en el que ha depositado toda la responsabilidad, el portavoz de Gobierno Miguel Ángel García Martín, han dado explicaciones sobre estas operaciones, más allá de que destinarán lo que consigan con la venta especulativa a los afectados por los incendios en la Sierra Oeste, pese a que no lo pueden hacer directamente. Tampoco se sabe por qué se eligió este piso, sin licencia de oficina, y justo enfrente del otro piso que Ayuso tiene en nuda propiedad, donado por sus padres en paralelo a una deuda empresarial.
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