El Partido Popular avanza en mostrar a España cuáles son sus prioridades en materia laboral. Si su líder, Alberto Núñez Feijóo, ponía el foco hace unos meses en que los trabajadores se ausentan de sus puestos, ahora es su gurú económico el que propone nuevas fórmulas para acabar con otro gran problema, como es el de los 2,54 millones de horas extraordinarias que los empresarios no pagan a sus asalariados cada semana en el país. La receta es la misma de siempre en la derecha: “más libertad” para las empresas.
Es lo que dijo esta semana el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, que propuso una reforma legal para aumentar el límite de horas extra. Para los populares, el problema está en que “España es de los países de Europa donde el límite de las horas es más bajo”, según dijo el ex secretario de Estado, precisamente, en una entrevista que concedió en un foro empresarial.
En lugar de proponer formas para que los empresarios paguen los 3.378 millones de euros que roban cada año a los trabajadores en horas que ni se remuneran ni se compensan, y que exceden las que establecen sus contratos, Nadal reivindicó que “hay que dar más libertad tanto a la negociación colectiva como al pacto entre trabajadores y la empresa”. Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores fija el límite legal en 80 horas extra remuneradas al año, pero no topa las que se compensan con tiempo de descanso.
Al PP le preocupa la imposibilidad de las empresas para exceder los derechos laborales. “Aunque se pusieran de acuerdo el empresario y el trabajador, no pueden hacerlo”, lamentó Nadal sobre ese límite, que enfatiza que es “mucho más bajo que en Francia o Italia”.
La realidad laboral que ignora el PP
Esa afirmación, de quien fuera secretario de Estado de Energía y de Presupuestos y Gastos en el Gobierno de Mariano Rajoy, es cierta. España es de los países europeos que más restringe la capacidad de los empresarios de requerir horas extraordinarias a sus trabajadores. En los ejemplos que puso Nadal, Francia e Italia, ese límite asciende a las 220 y 250 horas anuales respectivamente, mientras que hay otros, como Dinamarca, Estonia o el Reino Unido, en los que no están topadas.
También es cierto que España es de los países en los que peor se pagan esas horas extra. El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores establece que lo que se fija en los convenios y contratos “en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria”, y ofrece también la posibilidad de compensarlas por tiempos equivalentes de descanso. Es decir, que no obliga en ninguno de los dos casos a las empresas a reconocer el esfuerzo añadido del trabajador de forma monetaria.
A esto se suma que hay varias sentencias del Tribunal Supremo que determinan que, para calcular ese “valor de la hora ordinaria”, la empresa puede tener solo en cuenta las percepciones salariales. Estas son, las vinculadas a la jornada regular (el salario base, la antigüedad del trabajador, pluses de nocturnidad o peligrosidad), pero no es obligatorio sumar a este valor complementos extrasalariales como desplazamientos o dietas. Esto significa que, en la práctica, aunque el trabajador haga más horas de las que fija su contrato, la empresa no está obligada a compensar todo su esfuerzo.
Por encima de todo esto está el hecho de que, aunque la ley fije en 80 las horas extra anuales, el 43% de las que se hacen en España son ilegales, pues no se pagan ni se compensan con descanso. El Gobierno está trabajando para reforzar el control horario, y tratar de poner coto así a los 2,5 millones de horas que los trabajadores regalan cada semana a sus empresarios, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Según Comisiones Obreras, con ese tiempo robado a los empleados, los empresarios podrían cubrir 68.000 empleos a jornada completa; y los datos apuntan a que esa forma de explotación laboral les supone un ahorro de en torno a los 3.378 millones de euros cada año.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
