Residencias de ‘vergüenza’, más allá de los protocolos: Ayuso se niega a renovar ratios de hace 35 años

Es de sobra conocido que las residencias de la Comunidad de Madrid es uno de los talones de Aquiles de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, desde que en pandemia los conocidos como protocolos de la vergüenza -que impidió el traslado de mayores a hospitales- culminaron con el fallecimiento de 7.291 personas.

Lo que para muchos era una evidencia ha quedado certificado en los últimos días por la jueza, quien en un auto al que tenía acceso ElPlural.com rubricaba que la base de lo que pasó en estos centros en 2020 nació, precisamente, de la gestión del equipo de la baronesa. Sin embargo, el maltrato en estos centros es extrapolable a muchos otros aspectos, como los menús que se da a los internos o las condiciones a las que se enfrentan los profesionales.

"Es una cuestión de humanidad"

Sobre esto último cabe destacar que la región madrileña se rige todavía por unas ratios de hace 35 años, tal y como Más Madrid ha dirigido a la Mesa de la Asamblea en un escrito que ha hecho público. Fuentes de la formación lamentan en declaraciones a este periódico que los criterios que rige la cantidad de persona que cuidan de los mayores están “pensados para residencias de personas semiautónomas, a pesar de que hoy más del 80% de quienes viven en ellas tienen más de 83 años y requieren cuidados continuos”.

“Denunciamos una situación de abandono institucional. Mientras la población residente envejece y aumenta su grado de dependencia, la Comunidad de Madrid mantiene una normativa de personal completamente desfasada, que condena tanto a los mayores como a las trabajadoras a una sobrecarga inasumible”, expresa.

El partido que a nivel regional lidera Manuela Bergerot pide “una cosa obvia” y “de sentido común”. “Es un compromiso moral: la eliminación de unas ratios obsoletas y la aprobación urgente de unas nuevas que garanticen una atención digna, con más personal por residente y con condiciones laborales justas para quienes cuidan”.

La formación que formalmente ha puesto pie en pared contra esta situación asevera que “no se puede hablar de calidad asistencial ni de dignidad si una trabajadora tiene que atender a diez personas a la vez”. “Debemos adaptar las ratios al nivel real de dependencia, mejorar las condiciones del personal y asegurar que el sistema público de cuidados esté a la altura de la sociedad madrileña que queremos. Es una cuestión de humanidad y de derechos; y pedimos al PP que por una vez se tome en serio la situación de las residencias”, concluyen.

La petición

La izquierda exige a la administración de la Puerta del Sol “personal suficiente con la titulación y experiencia necesaria”, atendiendo a la aprobación de un Decreto de 1990 cuyas ratios que se dispusieron, por aquel entonces, podía ser “razonable”, pero que ahora carecen de sentido.

El documento, elevado al organismo que dirige Enrique Ossorio, ex responsable de Educación de la Comunidad de Madrid, contempla cómo desde la aprobación de la Ley de Dependencia (2006), el perfil de los usuarios de geriatras ha cambiado “profundamente”. Ahora, la media de edad superar los 83 años y el 80% de los internos presenta algún grado de independencia, teniendo que recibir cuidados integrales, físicos, sanitarios y emocionales, refuerzan.

A ello se suma que la mencionada normativa introdujo, como acentúa el escrito, el concepto de acreditación, dirigido a “los centros y servicios privados no concertados que presenten servicios para personas en situación de dependencia”, atendiendo a los artículos 16.3 de la Ley en relación con los artículos 14.3 y 17. “Se trata de un concepto de acreditación que está inminentemente ligado al de la Prestación Económica Vinculada al Servicio, pensada para ‘cuando no sea posible al acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del grado de dependencia”.

Dos años después, llega el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia, que establecía unas ratios de 0,27-0,28 para gerocultoras y del 0,45-0,47 para el resto de personal con la finalidad de que una residencia sin plaza pudiera considerarse que estaba acreditada. Cabe recordar que Madrid no votó en contra de la resolución.

Otras cuestiones “obsoletas”

Además, la CAM tampoco ha adaptado la normativa al acuerdo en esta materia adaptada a 2022, la cual constituye ratios concretas, así como una actualización para personal de atención directa, independientemente del nivel.

Regresando a la ley de la década de los 90, hay que indicar que ésta fue diseñada en un contexto incluso anterior a los estándares europeos de atención sociosanitaria, lo cual permite en la práctica a las residencias privadas que no tienen plaza concertada actuar con plantilla desfasada.

La propia Comunidad lo reconoce

La propia Comunidad de Madrid ha reconocido que las inspecciones que siguen llevando a cabo la región se basa en la norma de hace 35 años. “Resulta imprescindible derogar y sustituirla por una regulación adaptada a la realidad actual, a los compromisos del Estado español en materia de dependencia, a los estándares de la OMS sobre atención centrada en la persona y a la propia normativa de la CAM”, concluye la Proposición No de Ley (PNL).