Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, aceptó asumir ocho meses de cárcel y pagar 525.000 euros en aras de evitar ir a juicio por fraude fiscal y falsedad documental. Así lo propuso su defensa ante la Agencia Tributaria el pasado 2 de febrero un pacto de conformidad para evitar el juicio oral en el que reconocía “la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021", según ha adelantado este martes la Cadena Ser.
El novio de la líder madrileña refleja en la propuesta que “asume íntegramente los hechos” que se le acusan, planteando de esta manera una condena que de ocho meses de cárcel -evitando la prisión al ser menos de 24 meses y no tener antecedentes penales-, el abono de la cuota que defraudó -en concreto, 350.951 euros-. Asimismo, su letrado acepta en este texto el pago de la cuota defraudada más los intereses, sumando así un montante de 375.000 euros, González Amador agregó el 40% adicional en concepto de multa. Finalmente, el cómputo se resuelve en 525.000 euros a la Hacienda Pública por el total defraudado. A su vez, González Amador acepta no recibir ayudas o subvenciones públicas, además del derecho a obtener incentivos fiscales o de la Seguridad Social en un plazo de nueve meses.
Así reza en uno de los epígrafes de la propuesta: “Alberto González Amador acepta íntegramente los hechos contenidos en la Liquidación Vinculada a delito que adjuntamos a esta propuesta, así como la existencia de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021, y su autoridad como administrador único y socio de la sociedad Maxwell Cremona”. De la misma manera, se aceptan así “una pena de prisión de cuatro meses por cada delito”.
Asimismo, el texto concluye con una puntualización de calado acerca de la suspensión de la pena: "En todo caso, esta propuesta de conformidad penal está condicionada a la suspensión de la pena de prisión que se le incluya en la conformidad penal definitivamente alcanzada".
Citado a declarar
González Amador declarará ante el juzgado de instrucción número 19 de Madrid el próximo 20 de mayo. La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de la Audiencia de Madrid contabilizó un total de 350.951 euros que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid no pagó a Hacienda en los ejercicios mencionados y 15 facturas falsas por supuestos gastos que ascienden hasta 1,7 millones de euros.
En su auto, la magistrada dejó constancia de que Maxwell Cremona, en el ejercicio de 2021, “facturó algunos de sus servicios a su principal cliente haciéndolo a través de una empresa” a nombre de Alberto González Amador. Dicha sociedad, prosigue la magistrada, “carece de medios materiales para prestar esos servicios, los cuales se prestaban con medios de Maxwell Cremona”. Por esta exposición de motivos, la jueza expuso que el novio de Ayuso “buscaba con esa conducta un ahorro fiscal al trasladar parte de la actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas” en su sociedad “a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener”.
Querella contra la fiscal jefa de Madrid por revelación de secretos
En este marco, cabe remarcar la querella que interpuso González Amador a comienzos del mes de abril contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, por un presunto delito de revelación de secretos, según apuntaba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Los hechos por los que la pareja sentimental de Ayuso tomó medidas se enmarcan dentro de la mencionada nota informativa que aportaba datos sobre el correo que el fiscal del caso y el abogado del compañero sentimental de la responsable de Sol se habían cruzado con el objetivo de llegar a un acuerdo. Se trata de la derivada a la que se aferra el novio de Ayuso después de que la inspección de la Agencia Tributaria evidenciara una serie de facturas falsas y un presunto fraude a las arcas públicas de 350.000 euros. En este escenario, señaló entonces a los fiscales, a los que consideró con esta querella como los responsables de la filtración.
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