El gasto en defensa es uno de los mayores dolores de cabeza para España en los últimos años. El Gobierno ha conseguido desmarcarse de sus socios en la OTAN y la Unión Europea, con un discurso propio en favor de cumplir los compromisos adquiridos sin necesidad de seguir la deriva belicista de Donald Trump. Pero esto no quita que hay que cumplir esos acuerdos, motivo por el que el Ejecutivo se ve obligado a tomar ciertas decisiones que no gustan en un sector a la izquierda del PSOE.
El debate ha vuelto a aflorar a raíz de la guerra en Oriente Próximo. Los críticos utilizan el "No a la guerra" que defiende el presidente Pedro Sánchez para cuestionar, por ejemplo, que haya enviado el buque 'Cristobal Colón' a defender a un aliado comunitario, como es Chipre, de los ataques que ha sufrido. A esto se suma que el Gobierno anunció este martes una transferencia de crédito de más de 1.300 millones de euros al Ministerio de Defensa, en sus propias palabras, "para atender necesidades ineludibles".
Y esto es lo que parece que no cala entre los que critican al Gobierno, como Podemos, que califica como "rearme criminal", como dijo su secretaria general, Ione Belarra, la inyección en el área de Margarita Robles. Los 1.300 millones que se depositarán en las arcas del Ministerio, y de los que aún no se conocen detalles como a qué partidas irá destinada no tienen nada que ver con el aumento al 5% del PIB del gasto en defensa que pactaron los Aliados en La Haya el pasado mes de junio, y del que España consiguió una exención por parte de la OTAN.
Por un lado, el acuerdo para llegar al 5% está muy condicionado. Para empezar, no es un compromiso inmediato, sino que los países tienen hasta 2035 para aumentar sus inversiones, previa revisión en 2029. Además, no todo el presupuesto del Ministerio de Defensa va para arsenal militar, a lo que se suma que una transferencia de crédito no altera el presupuesto fijado, sino que se hace para que el área tenga liquidez para cumplir los compromisos que ya mantiene. Y tampoco se añaden al presupuesto total, sino que se mueven entre distintas partidas.
¿Cuánto gasta España?
Uno de los argumentos que emplean los críticos para señalar al Gobierno es cierto: España ha triplicado su gasto en defensa desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Según los datos de la OTAN, el presupuesto ha crecido de los 11.172 millones de euros que invertíamos en 2018, hasta los aproximadamente 33.000 actuales. Esto, en relación al PIB, ha supuesto que inversión crezca del 0,9 al 2% del total.
Sin embargo, la clave para entenderlo no está en el "giro belicista" que algunos argumentan. En 2014, con Mariano Rajoy en el Gobierno, se celebró una cumbre de la OTAN en Gales, en la que los Aliados acordaron moverse hacia el 2% en una década, que es el lugar en el que España está ahora mismo. Esto significa que, triplicando el gasto en defensa, nuestro país ha cumplido con los compromisos adquiridos.
Este es un dato que para los contrarios al "rearme criminal" es delicado. De los 22.000 millones de euros extra que se desembolsan desde 2018, en torno a 6.500 se aprobaron entre 2020 y 2023, los años del primer Ejecutivo de coalición. En otras palabras: casi un tercio del aumento en el gasto militar se hizo con ministros de Podemos en el Gobierno. Y desde 2023, años en los que Sumar ha criticado -aunque no tan activamente- las medidas del PSOE en este sentido, se ha aumentado otros 15.000 millones de euros, lo que ha permitido llegar al 2% en 2025, ni más ni menos que lo que exigía la OTAN.
¿Qué significa 'aumentar el gasto en defensa'?
Para abordar ese relato hay que entender también a qué se refiere la OTAN cuando pide 'aumentar el gasto en defensa'. En un documento de 2025, definen el término "defence expenditure" como pagos del gobierno nacional para cubrir necesidades de las fuerzas armadas, de aliados o de la propia Alianza. Pero en su aplicación, el concepto es ambiguo. El gasto no tiene por qué ir directamente al Ministerio de Defensa, sino que puede incluir otros cuerpos que dependan de otras áreas. Además, la propia Alianza matizó que las cifras dependen de cada país y de las definiciones que usen para referirse a los gastos, o de cómo calculen su PIB.
En el caso de España, gran parte del aumento del gasto en defensa desde 2018 corresponde a inversiones fuera del Ministerio de Defensa, pensiones militares que paga el Estado, o el I+D de infraestructuras que se usan también en el ámbito civil. La variedad de partidas no es casual, es un intento consciente del Gobierno para cumplir los compromisos sin contribuir al rearme, que es precisamente lo que le pide la izquierda. Sin embargo, esto facilita el relato que achaca cualquier modificación de los presupuestos a "subir el gasto al 5%".
Gran parte del salto en inversión que dio España hasta 2025 se articuló en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que el Gobierno aprobó en abril de ese año. En él se contemplaba una inversión de 10.471 millones de euros, que Moncloa destinó "para alcanzar el objetivo del 2% del PIB". El plan se dividía en seis bloques: mejorar las condiciones laborales y el equipamiento del Ejército, invertir en telecomunicaciones y ciberseguridad, crear nuevos instrumentos de defensa, reforzar cuerpos como la Unidad Militar de Emergencias, misiones en el exterior y ajustes de programas anteriores.
"Subimos en defensa sin recortar en lo social": la tercera vía de España
Este plan fue un adelanto de la postura que el Gobierno mantendría meses después frente a la OTAN. El Ejecutivo aceptó cumplir el compromiso, pero reafirmó que España "no va a alentar ni a sumarse a ninguna escalada armamentística". Por otro lado, la subida se hizo sin subidas de impuestos, y sin recortar en ningún momento el gasto social. Una postura que se hizo patente en junio, cuando España no apareció en el documento firmado en La Haya, por el que "todos los miembros" de la OTAN se comprometían a alcanzar el 5% del PIB en 2035, algo que el propio secretario general de la Alianza y fiel seguidor de Trump, Mark Rutte, tuvo que reconocer después.
La disputa entre Rutte y Sánchez estaba en cuánto es "suficiente". El presidente del Gobierno logró salir de La Haya sin la obligación de que España llegue al mismo umbral que el resto de aliados, algo que consiguió forzando que el acuerdo hablara de que las "capacidades militares" lleguen a ser las necesarias para cumplir con la defensa, algo que, calcula Sánchez, España puede lograr gastando en torno a un 2,1% de su PIB.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, resumió este mes la postura del Ejecutivo en el Senado: "Subimos defensa sin recortar lo social". La titular de Hacienda respondió a las críticas recordando que sí, el presupuesto en defensa se ha triplicado, pero no está ni cerca de igualar lo que ha aumentado el gasto en servicios públicos. Esto contrarresta otro de los argumentos en los que se igualan los críticos a izquierda y derecha del Gobierno: el de que para aumentar el gasto en defensa haya que recortar de otras partidas.
