La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a elevar el tono contra las organizaciones que representan a las 7291 víctimas mortales de su gestión en las residencias de ancianos durante la pandemia. Sin embargo, en esta ocasión la lideresa regional ha traspasado todos los límites posibles al asegurar con certeza que estas plataformas son “plataformas de frustrados de la izquierda madrileña”.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se ha celebrado este miércoles de manera extraordinaria en San Sebastián de los Reyes, la presidenta madrileña ha evitado hacer tan siquiera un amago de autocrítica con su gestión de las residencias en lo peor de la pandemia y ha optado por cargar contra el Gobierno central de Pedro Sánchez y también con las familias de las víctimas que fallecieron en residencias fruto de los “protocolos de la vergüenza” que prohibían derivar ancianos contagiados a centros hospitalarios. “Considero que la plataforma de frustrados de la izquierda madrileña y los activistas mediáticos que les hacen el caldo gordo llevan 143 procesos judiciales perdidos en un país donde han muerto más de 120.000 personas y por lo que el Gobierno nunca dio explicaciones ni nunca trabajó realmente como hicimos las comunidades autónomas”, ha espetado la baronesa popular.
Al hilo de ello, la responsable de Sol ha pasado a acusar al presidente del Ejecutivo central de haber eliminado el “rigor jurídico y científico”. “Y desde luego hasta que llegó el sanchismo las sociedades cívicas, las sociedades médicas y los jueces contaban en nuestro país. Hasta que llegó este señor, el rigor jurídico y el rigor científico era el que imperaba y no el de los comités de expertos falsos que nunca hicieron nada más que manipular a la opinión pública, como se pretende hacer ahora”, ha expresado Ayuso en rueda de prensa.
Al margen de ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado también con respecto a la petición de indulto al fiscal general del Estado por parte del Gobierno. "Con su esperada pretensión de indultar al fiscal general del Estado, está mandando un mensaje al Supremo y a todos: nadie está a salvo de nosotros y quien lo intente será aniquilado", ha expresado la dirigente autonómica. De esta forma, ha subrayado que España se encuentra en "una situación inédita" al tener a la cabeza a un presidente del Gobierno que "abiertamente se ha situado por encima de la ley.
Las residencias alzan la voz ante el último decreto de Ayuso
Este martes las residencias de ancianos representadas por la asociación Pladigmare presentaban alegaciones ante el nuevo decreto del Gobierno regional que modifica el procedimiento y acceso al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) al considerar que algunos de sus artículos “perjudican gravemente a las personas dependientes y a sus familias” al ver aumentada “la burocracia”, además de retrasar “la atención y generar situaciones injustas y deshumanizadoras”.
De esta forma, la asociación puso de relieve que el silencio administrativo podría dejar “sin derechos” a miles de mayores que quieran solicitar estos derechos. El decreto reza en su artículo 25.3 que, “si en el plazo de seis meses no hay resolución expresa, la solicitud se considerará desestimada por silencio administrativo”. Ante este supuesto, Pladigmare denunció que, ateniéndose a los últimos datos del IMSERSO, la Comunidad de Madrid “tarda 221 días en resolver el grado y 364 días en resolver la prestación”. Un escenario que deja a “miles solicitudes serán rechazadas injustamente, cargando sobre los ciudadanos las consecuencias de la mala gestión de la Administración”, en este caso, del Ejecutivo de Díaz Ayuso.
Por su parte, en las alegaciones las residencias mencionaron también la “crueldad” en el acceso a las plazas para parejas en residencias, situando el foco en el artículo 46.2 del Decreto que establece que, en caso de ingreso conjunto, “el grado de dependencia se aplicará a ambos”, lo que se traduce en que “una persona dependiente podría ver retrasado su acceso porque su pareja tiene un grado inferior o ninguno”. Esta regulación, en lo que concierne a este segundo punto, señalaron desde Pladigmare que es “cruel e inhumana”, ya que obliga a parejas mayores a “separarse o retrasar su ingreso para no perjudicar” al otro, pese a que precisan del apoyo mutuo. Además, ahondaron desde la asociación que la presencia y cuidado de la persona con menor dependencia “puede contribuir positivamente en el bienestar y organización del centro”
