Más Madrid ha registrado este lunes una proposición de ley a la Mesa de la Asamblea para impedir que el dinero que debería ir a parar a las residencias de mayores termine engordando las cuentas de la sanidad privada.
La portavoz de la formación progresista, Manuela Bergerot, ha recordado que “las personas mayores en los centros comen ultraprocesados con un presupuesto de 7 euros al día mientras que los socios de Ayuso tienen barra libre del presupuesto público”. “Es intolerable y no vamos a descansar hasta que cambie esta situación”, ha señalado la responsable del partido en la Cámara regional.
El documento, al que ha tenido acceso ElPlural.com, emite que “tan importante como el diseño y la elaboración de los presupuestos es la propia ejecución que se lleva a cabo de los mismos, ya que la falta de ejecución tiene consecuencias claras y directas sobre la prestación de los servicios públicos y, por lo tanto, sobre el acceso a los mismos y la calidad de vida de los ciudadanos”.
Y aquí la formación progresista se detiene en la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), quien ejerce como responsable de gestionar “recursos imprescindibles para la atención de personas con discapacidad, niños y niñas tuteladas y personas mayores y dependientes, en este último caso a través de la red pública de residencias de mayores y centros de día de la Comunidad de Madrid”.
La Consejería, dicta Más Madrid, utilizó 61,5 millones de euros procedentes de la falta de ejecución de la Agencia que debería haber ido a parar a centros de personas de la tercera edad y dependientes para ampliar las cuentas de la sanidad privada, algo que vulnera la ley por la que se rigen los Presupuestos Generales de la Comunidad y de la propia Cámara de Cuentas, entre otras.
Sea como fuere, el partido de Bergerot asume que “resulta imprescindible blindar” el bienestar de nuestros mayores. “Teniendo en cuenta el contexto actual, en el que ha habido una merma paulatina en la calidad de la prestación de los servicios en las residencias de mayores que viene siendo denunciado de forma sistemática tanto por sindicatos, como por familiares o por los propios residentes, resulta especialmente grave que la Comunidad de Madrid haya utilizado remanentes de tesorería generados por la falta de ejecución presupuestaria del AMAS” para favorecer a la sanidad privada, reza. “Las decisiones de la CAM evidencian una jerarquía de prioridades profundamente cuestionable” en detrimento de los servicios públicos”, refrenda.
De los menús, a los protocolos
Este último movimiento de Más Madrid se produce coincidiendo con el caso de Marcelo, un hombre de 68 años que, desde hace uno y medio vive en la residencia de Colmenar Viejo. Su ejemplo saltaba la semana pasada a los medios de comunicación tras haberse declarado en huelga de hambre a modo de protesta por la alimentación que tanto él como sus compañeros recibían.
El escenario de este espacio no es aislado y da buena cuenta del modus operandi de la Autonomía: favorecer a las compañías en detrimento de lo público. En esta situación, cabe destacar que la firma que se hace cargo de la comida en esta residencia es Frutícolas Ateca S.L, una de las que multó la Comisión Nacional de Mercados de Comercio (CNMC) por establecer cárteles que se repartían el suministro de alimentos a estos centros, pero también a hospitales, prisiones e instalaciones del Ejército.
A pesar de ello, la Comunidad de Madrid sigue contando con los servicios de esta empresa en la actualidad y de la plataforma Femar, que recibió la mayor multa por pare de la CNMC, pero con la que la administración que dispone de la mayoría absoluta del PP prorrogó contrato al menos hasta abril de 2026. Fue apercibida con 2,4 millones de euros y Frutícolas Ateca con 600.000 en una multa que contempló también a Hermanos Vidal (65.000 euros). La comida que ofrecen en esta residencia es de 7 euros el conjunto de los cuatro menús (desayuno, comida, merienda y cena).
En otro orden de cosas, Carlos Mur, uno de los autores de los bautizados como protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid, consistentes en unos triajes que impidieron derivar pacientes de residencias a hospitales durante la pandemia del Covid-19, declara este lunes ante la justicia por su presunta responsabilidad en que 7.291 personas que fallecieron bajo esas condiciones pudieran recibir asistencia hospitalaria. Declarará en calidad de imputado y podrá hacerlo desde Andorra. Se trata de la quinta vez que le llaman a comparecer después de que rechazara hacerlo las cuatro anteriores.
