Carlos Mur, firmante de los bautizados como protocolos de la vergüenza que impidieron derivar pacientes de residencias a hospitales durante la pandemia en Madrid, deberá declarar el próximo lunes en calidad de imputado y podrá hacerlo desde Andorra. Es la quinta vez que se produce el llamamiento, pero las veces anteriores no se produjo.
Su declaración llega después de la de Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo de estos documentos, el pasado 9 de diciembre. En su declaración culpó a Mur de los posibles elementos discriminatorios de los textos que evitaron que 7.291 personas recibieran atención hospitalaria.
Antes de ello, el pasado 26 de mayo los dos deberían haber comparecido como imputados en el Juzgado número 3 de Madrid, pero las declaraciones se suspendieron finalmente después de que los investigados alegasen que no se les había dado traslado de las actuaciones.
Semanas más tarde, el 17 de junio, el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés suspendió las declaraciones de los que fueran altos cargos del Gobierno de Ayuso al decidir inhibirse en favor del Juzgado 3 de la capital regional, entendiendo que el mismo “estaba investigando con anterioridad los mismos hemos”.
Asimismo, el 10 de diciembre Mur debería haber hablado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, pero también alegó que no había recibido la notificación del Juzgado y, en consecuencia, no fue al organismo jurídico.
La plataforma Marea de Residencias pide a Mur que “tire de la manta” y cuente todo lo que sabe sobre lo ocurrido en pandemia en los centros de mayores de la Autonomía y que derivó en el fallecimiento de miles de personas sin obtener prestación sanitaria.
Señalado directo
Peromingo se mostró en desacuerdo con los mencionados protocolos durante su declaración, hace ya cerca de dos meses, y señaló directamente a Mur, predecesor a su vez en el cargo. Concretamente, indicó que la orden de no derivar a los pacientes obedeció a una decisión discriminatoria a la que él se opuso.
Con esa citación se reactivó el ‘caso residencias’ después de que dos juzgados distintos de Madrid citaran a declarar como imputados a tres ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En sendas causas se estudia si cometieron delitos de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que se encontraban en residencias durante la primera ola de la pandemia al aplicar los triajes.
Los altos cargos imputados son Carlos Mur, que figura como firmante de los protocolos que vieron la luz en marzo de 2020, a su vez director general de Coordinación Sociosanitaria del Ejecutivo madrileño; Francisco Javier Martínez Peromingo, ideólogo del triaje y sucesor de Mur en el puesto; y Pablo Busca Ostalaza, en última instancia máximo responsable del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) en el momento de la pandemia. También se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, respectivamente.
