El conflicto bélico que se inició entre Israel y Palestina en el 2023 derivó rápidamente en un acto genocida conforme las tropas israelíes fueron asfixiando cada vez a la población de la Franja de Gaza. Desde desmesurados ataques contra civiles a impedir el acceso a la ayuda humanitaria o abrir fuego mientras se reparten los alimentos, el Gobierno israelí, comandado por Benjamin Netanyahu, viene ejerciendo desde el comienzo del conflicto una significativa opresión que ha derivado en provocar la muerte de 49.000 personas, según las autoridades locales, pudiendo ser hasta 75.000, tal y como apunta The Lancet Global Health.
Octubre de 2023 supuso el inicio de un infierno para la población palestina, que vive torturada por el ejército israelí que obedece las órdenes de un Netanyahu absolutamente convencido de que Israel debe ser soberano del territorio, pudiendo atisbarse un pensamiento de que el fin justifica los medios. Ante la escalada de una violencia que no está conociendo límite sobre los habitantes de la Franja de Gaza, cada vez son más países los que condenan la opresión israelí y el sufrimiento que se está provocando a cientos de miles de personas.
Ejemplo de ello fue la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), solicitando que se aplique Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza. La querella interpuesta por el país africano viene disponiendo de largo recorrido, pues se presentó poco después de iniciarse el conflicto, el 29 de diciembre de 2023. A ella se han ido sumando otras naciones como han sido Colombia, Libia, México, Palestina, España, Turquía, Chile, Maldivas, Bolivia, Irlanda, Cuba, Belice, Brasil, Comoras, Bélgica o Paraguay. Los más recientes en incorporarse a esta lista, que clama por actuar sobre el genocidio que Israel está perpetrando sobre Palestina, han sido Isalndia y Países Bajos, que se han sumado a la causa esta misma semana.
Pasos que siguen en este proceso judicial
La demanda presentada por Sudáfrica contra Israel sostiene que las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza podrían vulnerar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Al admitir a trámite la demanda, la Corte abrió un procedimiento judicial internacional que puede prolongarse durante varios años y en el que ambas partes deberán presentar pruebas, informes y alegaciones jurídicas.
Mientras se examina el fondo del asunto, el tribunal puede ordenar medidas provisionales para evitar daños irreparables a la población civil. De hecho, la Corte ya ha emitido varias órdenes instando a Israel a adoptar medidas para proteger a los civiles y facilitar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Este proceso no debe confundirse con el que tramita la Corte Penal Internacional (CPI). A diferencia de la CIJ, la CPI juzga a personas concretas, no a Estados. Su objetivo es determinar si líderes políticos o militares pueden ser penalmente responsables de crímenes internacionales como genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.
En consecuencia, el caso impulsado por Sudáfrica busca que un tribunal internacional determine si Israel, como Estado, ha incumplido la Convención contra el Genocidio. Paralelamente, la CPI mantiene investigaciones sobre posibles delitos individuales relacionados con el conflicto. Ambas vías judiciales discurren de forma independiente, pero reflejan cómo la guerra en Gaza ha pasado a ser también objeto de un profundo escrutinio por parte del derecho internacional.
Diversos organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han elaborado informes en los últimos meses analizando las consecuencias de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza y evaluando si algunas de sus acciones pueden encajar en la definición jurídica de genocidio establecida por el derecho internacional.
Informes presentados sobre el genocidio que perpetra Israel
Uno de los informes más citados es el publicado por Amnistía Internacional, que concluye que las autoridades israelíes han cometido actos prohibidos por la Convención contra el Genocidio, entre ellos la matanza de civiles, la provocación de graves daños físicos y psicológicos y la imposición deliberada de condiciones de vida que amenazan la supervivencia de la población palestina. El estudio, basado en entrevistas con más de 200 testigos y víctimas, análisis de imágenes satelitales y documentación audiovisual, sostiene que la magnitud de la destrucción, el elevado número de víctimas y determinadas declaraciones de dirigentes israelíes apuntarían a una intención de destruir total o parcialmente a la población palestina de Gaza.
Otro informe relevante procede de Human Rights Watch. Esta organización documentó que el Gobierno israelí ha impuesto políticas que privan sistemáticamente a la población de agua, electricidad y combustible, además de dañar infraestructuras de saneamiento y restringir la entrada de ayuda humanitaria. Según el informe, estas medidas han generado condiciones de vida que podrían provocar muertes masivas y que, junto con ciertos discursos de responsables políticos, constituyendo actos de genocidio o exterminio según el derecho internacional.
A estas conclusiones se suman investigaciones impulsadas por mecanismos de Naciones Unidas. Una comisión internacional de investigación del Consejo de Derechos Humanos concluyó que existen motivos razonables para considerar que Israel ha cometido varios actos prohibidos por la Convención del Genocidio, incluyendo asesinatos de miembros del grupo protegido, daños graves a su integridad física o mental y la imposición de condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción parcial. El informe también señala que algunos discursos de autoridades israelíes podrían interpretarse como indicios de intención genocida.
