Joaquim Bosch: "El intercambio de cromos en la Justicia es un cáncer para la democracia"

Joaquim Bosch no es solo un magistrado con una trayectoria impecable en la judicatura. Es una de las voces más lúcidas y críticas a la hora de diseccionar las enfermedades que aquejan al sistema judicial español. Exportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia y autor de investigaciones punteras sobre la corrupción, Bosch analiza en esta entrevista el secuestro de las instituciones, la falta de independencia de la cúpula judicial y el peligro de que la justicia sea percibida por la ciudadanía como un arma política.

En un momento en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vivido el bloqueo más largo de su historia, Joaquim Bosch se mantiene firme en una tesis: “el problema no son los jueces, sino el sistema de elección que permite a los partidos repartirse las sillas por cuotas ideológicas”.

Pregunta: Si mañana te consultara un ministro de Justicia, ¿cuál sería la primera medida para higienizar el sistema que le propondrías?

R: Lo primero sería acabar con el sistema de cuotas partidistas en los órganos de gobierno de la justicia. La ciudadanía debe entender que el problema actual no es una falta de consenso, sino un exceso de control político. Yo eliminaría el intercambio de cromos en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Necesitamos un sistema basado exclusivamente en el mérito y la capacidad, no en la cercanía a unas siglas concretas. Mientras los políticos elijan a los jueces que tienen que vigilarles, la sombra de la duda siempre estará presente.

P: ¿Estamos ante una crisis institucional sin precedentes o es una degradación que viene de lejos?

R: Es una degradación estructural que ha tocado fondo. Lo que hemos vivido estos últimos años es una anomalía democrática absoluta. El bloqueo del CGPJ no ha sido una casualidad, sino una estrategia para mantener una mayoría conservadora que ya no se correspondía con la realidad parlamentaria. Esto genera una parálisis que afecta a los nombramientos de las altas magistraturas y termina por contaminar la percepción de independencia de todo el sistema. Hemos pasado de la politización de la justicia a una justicia que directamente hace política.

P: Acabas de publicar un libro sobre la corrupción en España. ¿Por qué nos cuesta tanto erradicar este problema?

R: Porque la corrupción en España no es solo un fenómeno de personas aisladas, sino un problema sistémico. En nuestro país se han diseñado estructuras que facilitan el desvío de dinero público, especialmente en el ámbito de la contratación y el urbanismo. Además, existe una carencia crónica de medios para investigar los delitos de cuello blanco. Un juez de instrucción tiene que enfrentarse a tramas complejas con recursos del siglo pasado mientras los investigados tienen a los mejores abogados del mundo. No es falta de voluntad judicial, es falta de herramientas.

P: ¿Existe realmente el "lawfare" en España o es una etiqueta política para victimizarse?

R: El término "lawfare" se utiliza a veces de forma excesiva, pero es innegable que existe una utilización espuria de la justicia con fines políticos. Lo vemos cuando se abren causas basadas en pruebas endebles o informes policiales sospechosos que se mantienen vivos justo el tiempo necesario para desgastar a un adversario en mitad de una campaña electoral. Aunque luego esas causas se archiven, el daño reputacional ya está hecho. La justicia no puede ser una herramienta para ganar en los tribunales lo que no se ha ganado en las urnas.

P: ¿Cómo afecta a un juez de a pie ver que las cúpulas se reparten por afinidad ideológica?

R: Es profundamente desmotivador. La inmensa mayoría de los jueces y juezas en España son profesionales honestos que trabajan cada día en condiciones precarias. Ver que el acceso al Tribunal Supremo o a las presidencias de las Audiencias depende más de a quién conoces o de qué asociación vienes que de tu excelencia jurídica es un insulto al esfuerzo. Ese sistema de castas es lo que aleja a la justicia de la realidad social y lo que hace que los ciudadanos sientan que hay una justicia para poderosos y otra para el resto.

P: Ante este panorama, ¿podemos seguir confiando en que el sistema se reformará a sí mismo?

R: El sistema no se va a reformar solo porque quienes tienen el poder de cambiarlo son los mismos que se benefician del control actual. La reforma debe venir de una presión social y política muy fuerte. Debemos igualarnos a los estándares de los países europeos más avanzados donde la independencia judicial es una línea roja sagrada. Si no fortalecemos nuestras instituciones y eliminamos los riesgos para el sistema democrático, el descrédito será irreversible. No hay democracia sin una justicia que sea, de verdad, igual para todos.

P: Acabas de publicar "La corrupción en España, un problema enquistado". ¿Qué nos falta para estar al nivel de transparencia de otros países europeos?

R: Nos falta voluntad política para fortalecer las instituciones y dotarlas de verdadera independencia. En este trabajo, realizado junto al experto del Consejo de Europa Fernando Jiménez Sánchez, insistimos en que todo lo que nos acerque a los estándares europeos será una mejora sustancial. No se trata solo de endurecer penas, sino de crear una cultura donde el riesgo para el sistema democrático sea inasumible. La corrupción prospera en la opacidad, por lo que la transparencia no puede ser un eslogan, sino la base del funcionamiento de cualquier organismo público.