Crecen las tensiones en el seno del juicio de Kitchen de la mano del inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho. El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia ha reclamado esta semana al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue la posible instalación ilícita de sistemas de escucha y vigilancia en dependencias judiciales, tras escuchar las declaraciones del comisario al respecto, en las que manifestó las sospechas de un magistrado de la Audiencia Nacional sobre un posible espionaje en su despacho o comunicaciones.
La organización judicial ha subrayado que la testifical de Morocho, "ampliamente recogida en medios de comunicación", supondría, de ser cierta, "una práctica ilícita extremadamente grave", al afectar a derechos fundamentales de integrantes de la judicatura y a la seguridad e integridad que debe presidir el trabajo de los tribunales, poniendo de manifiesto "una voluntad de interferir y perjudicar" la labor investigadora. El organismo judicial progresista ha considerado que, ante la gravedad de un testimonio procedente de un alto cargo policial, el CGPJ debe aclarar si el Gobierno o funcionarios policiales trataron de espiar, obstruir o entorpecer la actividad judicial, y, de confirmarse tales vigilancias, ponerlo de inmediato en conocimiento del Ministerio Fiscal para exigir las responsabilidades correspondientes.
La asociación ha defendido que el Estado de Derecho exige un Poder Judicial que ejerza su función "con independencia y sin injerencias externas, sean gubernamentales, policiales o de cualquier otra clase", y ha advertido de que, si los hechos se confirmasen, se estaría ante "una gravísima actuación ilegal que merecería todo el reproche que disponga nuestro ordenamiento jurídico". Por ello, han instado al CGPJ a indagar en lo ocurrido y a adoptar, si se constataran las vigilancias denunciadas, las medidas necesarias para exigir la responsabilidad que corresponda, en tanto que órgano constitucionalmente obligado a velar por la independencia judicial.
Presuntas escuchas ilegales
La declaración judicial de Manuel Morocho arrojó mucha luz sobre el modus operandi del Partido Popular, de la cúpula policial durante el espionaje a Luis Bárcenas y de las cloacas del Estado a mayor escala. El testimonio de Morocho en el juicio de Kitchen ha revelado diferentes cosas, como por ejemplo, que el director operativo del Cuerpo, Eugenio Pino, le obligó a un traslado interno para dificultar su investigación del caso de la caja B del PP y que cuando estuvo en la brigada política, presenció escenas que ponían de manifiesto las dos obsesiones de Pino y de Interior bajo el mandato del PP: el independentismo catalán y el auge de Podemos. Pero además de todo ello, también manifestó sus sospechas sobre una posible vigilancia a su persona cuando investigaba la Gürtel.
La de Morocho es una de las declaraciones más interesantes y con más contenido hasta la fecha. Su testifical incidió profundamente en el acoso que sufrió durante al menos cinco años y en el ambiente que tuvo que soportar ante episodios como el dossier PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), sobre una presunta financiación ilegal de Podemos por Venezuela e Irán. Recibió presiones para no incluir el nombre de Rajoy en el cuerpo del informe principal y tuvo que meterlo en un anexo, soportaba que los atestados se demoraran en la mesa de sus jefes durante meses antes de llegar al juez Ruz y vivía a diario, según su testimonio, un clima de comentarios despectivos y advertencias de sus superiores para que no hurgara de más. Le ofrecieron, también, puestos en el extranjero, mejor retribuidos, para desincentivarle de su investigación, y mermaron la capacidad operativa de la unidad que dirigía, además de tenerle, a su creencia, vigilado.
Morocho pasó a estar destinado temporalmente en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que se había convertido en una unidad mixta que contenía unidades de inteligencia, coordinación de la Policía y un gupo de mando sin adscripción clara. Todas sus maniobras estaban destinadas a atacar a Podemos, a los líderes del procés y a poner en marcha la operación Kitchen para evitar que la justicia se hiciera con los documentos sensibles en poder de Luis Bárcenas. "Me dicen que voy como experto financiero, puesto que ha salido la cuenta de Trias y ha sido un error y le ha costado un disgusto al ministro Fernández Díaz. Ahí enmarcan mi entrada allí. Me dan alguna cosa de la familia Pujol, un inglés, un documento de garantía societaria, pero en fin... ahí no aguanto mucho, un día o dos", declaró Manuel Morocho el miércoles durante el turno de preguntas de la representación de Podemos. El 27 de octubre de 2012, con el éxito reciente de la Diada el mes anterior, El Mundo llevaba en su portada: "Investigan una cuenta de 12,9 millones del alcalde de Barcelona en Andorra", cuya existencia fue desmentida por el propio banco suizo UBS al reparar en que el número de la cuenta que había sido publicado era incompatible con el sistema bancario suizo.
"No sabían dónde ponerme". Esa fue la frase textual del inspector ante el tribunal, que a los dos días de llegar a la DAO fue trasladado a la sede de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), una brigada que supone, en sí misma, un episodio de las cloacas del Estado. Pino la creó con el presunto fin de analizar fracasos policiales anteriores, pero su operatividad estaba destinada, en realidad, a lanzar a Asuntos Internos a sus enemigos declarados. Una vez en la BARC, José Ángel Fuentes Gago, que también se sienta en el banquillo de Kitchen, entregó a Morocho el informe PISA sobre Podemos. Aún quedaba un año para que Interior lo filtrara a la prensa conservadora y aprovechando la coyuntura de las conversaciones entre el PSOE y Podemos para formar gobierno en 2016. En el juicio, el abogado de Podemos, Jaime Montero, preguntaba cuál fue el análisis de Morocho sobre el dosier PISA, y el abogado de Pino le interrumpía y pedía al tribunal que el testigo no contestara y se limitara a tratar hechos dentro del procedimiento de Kitchen.
Otra de las frases más contundentes que dejó el comisario de la UDEF fue que "la Policía se sentía como si hubiera cazado un animal salvaje y no supiera lo que hacer con él", en referencia a sus capacidades de trabajo y a cómo maniobraron para evitar que sus investigaciones al Partido Popular prosperaran. En el marco de todo ese operativo de bloqueo se encontrarían los presuntos espionajes y vigilancias que denunció en su testifical.
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