La declaración judicial de Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha arrojado mucha luz sobre el modus operandi del Partido Popular, de la cúpula policial durante el espionaje a Luis Bárcenas y de las cloacas del Estado a mayor escala, con dos objetivos claros en el punto de mira más allá del extesorero del PP: el independentismo catalán y el ascenso de Podemos.
El testimonio de Morocho en el juicio de Kitchen ha revelado diferentes cosas, como por ejemplo, que el director operativo del Cuerpo, Eugenio Pino, le obligó a un traslado interno para dificultar su investigación del caso de la caja B del PP y que cuando estuvo en la brigada política, presenció escenas que ponían de manifiesto las dos obsesiones de Pino y de Interior bajo el mandato del PP.
Morocho es una de las figuras más interesantes y con más que aportar de cara a las investigaciones de las tramas Gürtel y Kitchen, pero no solamente para eso. Su declaración judicial ha incidido en el acoso que sufrió durante al menos cinco años y en el ambiente que tuvo que soportar ante episodios como el dossier PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), sobre una presunta financiación ilegal de Podemos por Venezuela e Irán. Recibió recibió presiones para no incluir el nombre de Rajoy en el cuerpo del informe principal y tuvo que meterlo en un anexo, soportaba que los atestados se demoraran en la mesa de sus jefes durante meses antes de llegar al juez Ruz y vivía a diario, según su testimonio, un clima de comentarios despectivos y advertencias de sus superiores para que no hurgara de más. Le ofrecieron, también, puestos en el extranjero, mejor retribuidos, para desincentivarle de su investigación, y mermaron la capacidad operativa de la unidad que dirigía.
La DAO y la BARC: "No sabían dónde ponerme"
Morocho pasó a estar destinado temporalmente en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que se había convertido en una unidad mixta que contenía unidades de inteligencia, coordinación de la Policía y un gupo de mando sin adscripción clara. Todas sus maniobras estaban destinadas a atacar a Podemos, a los líderes del procés y a poner en marcha la operación Kitchen para evitar que la justicia se hiciera con los documentos sensibles en poder de Luis Bárcenas.
"Me dicen que voy como experto financiero, puesto que ha salido la cuenta de Trias y ha sido un error y le ha costado un disgusto al ministro Fernández Díaz. Ahí enmarcan mi entrada allí. Me dan alguna cosa de la familia Pujol, un inglés, un documento de garantía societaria, pero en fin... ahí no aguanto mucho, un día o dos", declaró Manuel Morocho el miércoles durante el turno de preguntas de la representación de Podemos. El 27 de octubre de 2012, con el éxito reciente de la Diada el mes anterior, El Mundo llevaba en su portada: "Investigan una cuenta de 12,9 millones del alcalde de Barcelona en Andorra", cuya existencia fue desmentida por el propio banco suizo UBS al reparar en que el número de la cuenta que había sido publicado era incompatible con el sistema bancario suizo.
"No sabían dónde ponerme". Esa fue la frase textual del inspector ante el tribunal, que a los dos días de llegar a la DAO fue trasladado a la sede de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), una brigada que supone, en sí misma, un episodio de las cloacas del Estado. Pino la creó con el presunto fin de analizar fracasos policiales anteriores, pero su operatividad estaba destinada, en realidad, a lanzar a Asuntos Internos a sus enemigos declarados. Una vez en la BARC, José Ángel Fuentes Gago, que también se sienta en el banquillo de Kitchen, entregó a Morocho el informe PISA sobre Podemos. Aún quedaba un año para que Interior lo filtrara a la prensa conservadora y aprovechando la coyuntura de las conversaciones entre el PSOE y Podemos para formar gobierno en 2016. En el juicio, el abogado de Podemos, Jaime Montero, preguntaba cuál fue el análisis de Morocho sobre el dosier PISA, y el abogado de Pino le interrumpía y pedía al tribunal que el testigo no contestara y se limitara a tratar hechos dentro del procedimiento de Kitchen.
Podemos y el independentismo catalán, los mayores enemigos
En la DAO duró dos días, pero en la BARC estuvo durante un año y medio, tiempo en el que fue reclamado para otro colaborador directo de Pino que el miércoles le escuchaba desde el banquillo de los acusados, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano. "Me citaron para reunirme con un periodista y contarle el resultado de la indagación del informe PISA. Díez Sevillano me presentó al periodista", explicó Morocho. La mañana del 12 de enero de 2016, OkDiario y El Confidencial publicaron el contenido del informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima que más tarde sería desacreditado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. La guerra sucia contra el partido progresista sigue investigándose en el juzgado de Santiago Pedraz a partir de la querella que interpuso la propia formación. Varios de los imputados en Kitchen están siendo investigados también en esa causa.
Cuando el PP nombró a Pino número dos de la Policía, el director adjunto operativo encargó a Morocho los trabajos policiales relacionados con la causa que se abría en el Tribunal Supremo contra José Blanco, ex secretario de Organización del PSOE. Morocho estaba entonces inmiscuido en los trabajos de la Gürtel, y ha reconocido que ese nuevo encargo entorpeció su labor en la primera tarea y que, a diferencia de las investigaciones contra el PP, con el caso de José Blanco la Dirección de la Policía puso a su disposición todos los medios que necesitara.
La cúpula policial del PP era consciente de que tenían que utilizar a Morocho para sus intereses y disuadirle de que remara en su contra. En su declaración en fase de instrucción del caso Kitchen, en 2021, el inspector jefe describió su traslado a la DAO como que "tenían la sensación de haber cazado a un animal salvaje y no sabían qué hacer con él".
