La vía que abrió Feijóo para conceder a los Franco un 'premio de consolación' millonario por desocupar el Pazo de Meirás

El Tribunal Supremo dictó el jueves su sentencia sobre el Pazo de Meirás y la familia Franco, confirmando lo que incluso las partes ya asumían. El dictador usurpó en 1938 el edificio y, pese a ello, la Justicia ha resuelto que es de dominio público. La familia ya comenzó en 2021 el proceso de digestión de la derrota en los tribunales para mantener el edificio. De hecho, entregaron las llaves. Sin embargo, en un giro de guion, el dictamen del Alto Tribunal no es tan desfavorable como parece para los herederos, pues el Estado deberá indemnizarles pese a haber ocupado una propiedad que era de dominio público. El fallo, según expone eldiario.es, alude a un informe encargado y elaborado por la Xunta de Alberto Núñez Feijóo que allanó el camino para esta pequeña victoria.

En su larga estancia al frente del Gobierno gallego, Feijóo encargó un informe a una comisión de expertos conformada por representantes de diferentes estratos, entre los que se hallaban también emisarios del Ayuntamiento de Sada (A Coruña) – donde se ubica el palacio -. El consistorio, de hecho, fue uno de los impulsores de la tediosa batalla legal contra los Franco para devolver al Pueblo lo que era suyo. La discusión se enquistaba y la delegación cercana al entonces presidente de la Xunta apostó por un camino que beneficiaba a la familia del dictador. Un peaje – nunca mejor dicho – que forzaba al Estado a pagar a los herederos. Así quedó reflejado en el cuarto apéndice del texto, exponiendo que para recuperar el pazo habría que abonar un millón de euros a los propietarios en concepto de gastos generados durante el tiempo que lo ocuparon desde el 20 de noviembre de 1975.

Y es que, según el Supremo, antes de la muerte del dictador, el Pazo de Meirás conformaba el servicio público de la Jefatura del Estado. La Corporación municipal no compartía esta visión y emitió un voto particular que cayó en saco roto. Así lo recoge la sentencia del Alto Tribunal ahora, que da por bueno un informe en el que se ponía de manifiesto que los familiares de Franco habían ocupado “de buena fe” el palacio coruñés, sin hacer mención al cómo adquirieron dicha propiedad pero quedando reflejado que les llegó por herencia.

Los tribunales aceptaron la vía de pagar por recuperar el Pazo de Meirás, ratificado ahora por el Supremo con una sentencia que apunta al informe de la Xunta de Feijóo como fundamental para el pequeño triunfo de los Franco. No obstante, en segunda instancia, otro tribunal apuntaba en esta dirección sin que el Gobierno de España manifestara su oposición en dicho momento. Una postura que, según el abogado del Ayuntamiento de Sada, Miguel Torres, en declaraciones a eldiario.es, no pretendía iniciar una “batalla frontal” con los herederos durante el proceso de recuperación para que éste llegara a buen puerto y “evitar problemas”.

‘Premio de consolación’ millonario

La cantidad que la familia de Francisco Franco podría recibir tras abandonar el Pazo de Meirás sigue sin concretarse, aunque según apuntan desde el citado medio, en el proceso sitúan la cifra en torno a un millón de euros. El cálculo procede de la estimación de gastos que los propios herederos elaboraron a partir de facturas, reparaciones y costes de mantenimiento del inmueble entre noviembre de 1975 y septiembre de 2020, cuando una sentencia histórica devolvió el pazo al patrimonio público.

Según este planteamiento, el Estado debería asumir esos desembolsos como compensación por el periodo en el que la familia del dictador mantuvo la posesión del edificio. La decisión final sobre esta posible indemnización corresponde al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, encargado de resolver el asunto en la fase jurídica conocida como ejecución de sentencia.

Uno de los documentos clave del proceso fue el informe que un grupo de expertos remitió al Parlamento de Galicia el 26 de junio de 2018. Ese estudio sirvió de base para que, apenas un mes después, la Cámara gallega aprobara por unanimidad instar a la salida de los Franco del pazo. Durante aquel debate, la líder del BNG, Ana Pontón, calificó a los herederos del dictador como “una familia ocupa” y advirtió de que sería “una aberración” cualquier compensación. El entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió centrar el debate en la figura de Emilia Pardo Bazán y llegó a referirse a los años de presencia franquista como “el veraneo del general”.