La familia del dictador, Francisco Franco, ha visto como en las últimas horas el Tribunal Supremo ha echado por tierra sus intenciones de seguir manteniendo la propiedad sobre el Pazo de Meirás.
En una sentencia de la Sala de lo Civil se establece que este inmueble pertenece al Estado, argumentando que, desde 1938, estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado, desestimando los recursos que interpusieron los hermanos Martínez-Bordiú Franco.
En la resolución, dictada por unanimidad, se pone de relieve que sus moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de los 90, en que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración.
Esto significa, según el alto tribunal, que no ha transcurrido el plazo legal de 30 años para adquirir la propiedad por esta vía. Además, el TS considera que no concurren los requisitos para que pudiera apreciarse que hubiera una desafectación táctica que despojara al inmueble de ese carácter de bien de dominio público.
De la decisión del Supremo, llama la atención la alusión que hace a las “buena fe” de la que ha hecho gala la familia Franco a la hora de disfrutar del Pazo de Meirás. Esta consideración conlleva, y así lo determina la justicia, que deban ser iindemnizados por el tiempo en el que hayan poseído el inmueble. Los herederos del dictador han tasado dichos gastos en aproximadamente 800.000 euros.
No obstante lo anterior, la propia Sala señala que, si en la demanda se mantuvo de manera clara y expresa esta posición, no se puede modificar posteriormente para negar la buena fe y el derecho a la indemnización previamente reconocidos, puesto que los demandados contestaron a la demanda confiados en esas afirmaciones y un improcedente cambio posterior de las pretensiones de los demandantes les causaba una indefensión constitucionalmente proscrita.
"Ejercicio de democracia y de justicia"
Esta decisión, que supone la desestimación de todos los recursos interpuestos, ratifica precisamente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña contra la que se dirigieron esas impugnaciones, en relación con la propiedad del edificio. En el procedimiento han estado inmersos la Abogacía del Estado, con la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación Provincial y el Concello de Sada, y se ha seguido contra los hermanos Martínez-Bordiú Franco.
La portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, se ha mostrado "tremendamente orgullosa" a raíz del fallo del Supremo. La dirigente del BNG ha indicado que "lo más relevante es que la ciudadanía gallega ganó una batalla muy importante, que es la recuperación del Pazo".
Para Pontón, con esta sentencia se demuestra que "no era propiedad de los Franco sino de los gallegos, para añadir que ahora el Pazo "debe ser transferido a Galicia" y abrirse "al conjunto de la ciudadanía" y ser "un espacio de memoria para que no olvidemos lo que pasó en este país".
Cabe subrayar, y así lo ha señalado la portavoz nacionalista que este es "la primera batalla de este calibre que se le gana a la familia Franco en el conjunto del Estado", si bien se ha mostrado crítica con la indemnización que han determinado los tribunales a favor de la familia del dictador.
También el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha calificado el fallo como un "ejercicio de justicia".
A su juicio, la resolución del Tribunal Supremo, "acaba de confirmar que es de todos los gallegos y de todos los españoles", insistiendo en que este fallo sobre el Pazo ubicado en el concello coruñés de Sada es "democracia" y "justicia", al tiempo que ha aprovechado para apelar a la memoria histórica al reconocerse este patrimonio como "común de todos".
