Vox presiona en el Congreso para usar la Policía como el ICE de Trump ante la "invasión migratoria"

Vox se resiste a entregar el hueso y menos en un contexto de pelea interna con el Partido Popular por el relato migratorio. Los de Santiago Abascal mantienen el pulso a Génova. De nuevo, desde el Congreso de los Diputados, los ultraderechistas llevan al Pleno una nueva iniciativa enfocada en el endurecimiento de la política migratoria, cuyo objetivo pasa por blindar los mecanismos policiales de expulsión ante lo que catalogan como “invasión” extranjera. Así, han registrado una Proposición No de Ley (PNL) por la que instan al Gobierno a dotar de más medios y plantilla a la Policía Nacional – en concreto a la Unidad Central de Repatriaciones – para agilizar las expulsiones de personas migrantes. Una extrapolación del ICE de Donald Trump a España.

El planteamiento de los ultras pivota sobre las tesis y las políticas del presidente de Estados Unidos. El espíritu de la iniciativa – que carece de carácter vinculante – bebe de las fuentes del modelo de control migratorio del republicano. La agencia federal norteamericana es la encargada de aplicar las legislaciones anti inmigración y ejecutar las deportaciones. Si bien Vox no menciona expresamente el organismo policial yankee, sí aplica una lógica similar en su propuesta para reforzar a las unidades policiales especializadas, acelerar las repatriaciones y presentar la inmigración como un problema de seguridad. O dicho de otro modo, usarla de sinónimo de criminalidad.

El partido justifica la medida en lo que denomina un “aumento exponencial de la criminalidad” y su relación con la “invasión migratoria”, suprimiendo otros factores socioeconómicos de la ecuación. Un recurso retórico habitual de los ultraderechistas para describir los flujos migratorios hacia España. En este marco, Vox trata de exportar al Congreso una agenda que combina endurecimiento penal, presión policial y señalamiento directo de la población extranjera con aroma de épocas pasadas y de represión.

La iniciativa busca así fortalecer los medios materiales y humanos para que los agentes puedan desarrollar sus funciones de “una forma eficaz, eficiente y segura”. Los ultras sitúan el foco especialmente en la Unidad Central de Repatriaciones, dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, al tratarse del órgano encargado de dirigir y ejecutar expulsiones y devoluciones.

Clásico marco ultra

El texto registrado por Vox se apoyas en datos que la formación atribuye al propio Gobierno para dibujar un escenario de deterioro de la seguridad desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Esta serie de indicadores escogidos por los de Abascal comprenden el periodo 2017-2025, en el que los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa se habrían disparado hasta un 76%, mientras que los secuestros lo habrían hecho hasta el 65 y los delitos por tráfico de drogas un 75%.

En  este sentido, destacan el incremento de los delitos contra la libertad sexual, que cifran en el entorno del 85%, así como las agresiones sexuales con penetración, que eleva al 286%. A partir de ahí, la formación de extrema derecha introduce uno de los ejes más duros de su argumentario y que consta de la presunta “sobrerrepresentación de los extranjeros” en los delitos de la citada índole. Bajo esa premisa, sostienen que “resulta más que evidente que existe una relación entre inmigración y criminalidad”. Una afirmación que resume el salto político de una propuesta que no se limita a la mera reclamación de una mayor dotación para los agentes de la ley, sino que regurgitan la demanda para insistir en un marco ideológico racista e interesado.

Así, la PNL pone el foco sobre la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y en sus diversas unidades. Concretamente, citan a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) y a la de Repatriaciones. Esta última tiene entre sus funciones la dirección y ejecución de expulsiones y devoluciones o el control y cordinación de los Centros de Internamiento de Extranjeros y de los Centros de Asistencia Temporal de Extranjeros, además de la gestión policial relacionada con menores no acompañados.

Desde la perspectiva ultra, reforzar tal unidad permitiría un incremento sustancial de la capacidad del Estado para ejecutar órdenes de expulsión. Vox sostiene que entre 2019 y 2024 se habrían materializado menos de 13.000 expulsiones de inmigrantes, mientras que, en ese mismo periodo, las entradas irregulares habrían alcanzado las 270.000. Es en dicha comparativa donde la formación construye su tesis de “fracaso” gubernamental en materia migratoria y de seguridad.

El modelo Trump como espejo político

La propuesta encaja en una estrategia más amplia de Vox para importar a España algunos de los marcos más duros de la derecha radical internacional. El lenguaje de la “invasión”, la vinculación entre migración y delincuencia y la apuesta por reforzar unidades especializadas en expulsiones recuerdan al modelo que Trump convirtió en bandera política en Estados Unidos.

Allí, el ICE se transformó durante el trumpismo en símbolo de una política migratoria de mano dura, con redadas, deportaciones y un discurso centrado en presentar la inmigración irregular como amenaza para la seguridad nacional. Vox intenta ahora trasladar parte de ese imaginario al debate español, aunque bajo la fórmula parlamentaria de una Proposición No de Ley, que carece de carácter vinculante, pero permite al partido colocar de nuevo la inmigración en el centro del debate público y presionar al resto de fuerzas políticas para retratarse ante una agenda de endurecimiento policial.