Nuevo episodio en el litigio que mantiene el Estado por el Pazo de Meirás. En esta ocasión, se trata de la reclamación en forma de demanda que ayer se presentó en los juzgados de Madrid por la que reclama la propiedad de hasta 564 bienes muebles ubicados dentro de las propias instalaciones del inmueblo que también ha venido reclamando la familia del dictador Francisco Franco.
Según se detalla en la demanda, en ella se incluyen bienes, documentos y legajos de Patrimonio Nacional, del Patrimonio Documental Español y de dominio público, por su afectación al uso del pazo como residencia oficial de Franco como Jefe del Estado.
Los bienes que se reclaman ahora no fueron expresamente incluidos en la demanda sobre la propiedad del Pazo de Meirás "porque la negativa de los herederos de Franco a permitir la entrada incluso a los técnicos de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, impedía conocer qué bienes se encontraban dentro del pazo, así como sus orígenes, características y condiciones, elementos esenciales para poder justificar la propiedad del Estado", tal y como se determina en el escrito.
Según detalla la Delegación del Gobierno en Galicia en un comunicado, estos últimos forman parte del Patrimonio Histórico Español por su interés histórico y artístico, vinculado tanto a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán como a la actividad oficial desarrollada durante la dictadura.
No obstante, curiosamente, esta demanda por bienes de Meirás excluye las esculturas del Maestro Mateo y los libros de Pardo Bazán. Sobre esto, explica la abogacía del Estado que "existen algunos bienes muebles que se encuentran en el Pazo de Meirás sobre los que, sin embargo, no se formula en la demanda una pretensión de dominio".
En ambos casos no significa una renuncia a este material, sino que el mismo está reclamado por otras entidades, colectivos o administraciones.
Cabe subrayar que desde hace tiempo se mantiene una controversia legal abierta entre el Estado y la familia Franco. De hecho, en mayo del pasado año el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que reclamaba el comienzo de acciones judiciales para defender la titularidad pública de los bienes muebles que son necesarios para explicar la historia del Pazo de Meirás y que son de titularidad o de dominio público.
Ahora, esta demanda recogiendo ese argumento, también responde a la petición de ejercicio de acciones formulada por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
El germen se encuentra en las dos resoluciones dictadas sobre la reivindicación del inmueble en el que se hallan situados estos bienes, en las que se establece que el pazo se adquirió con fondos procedentes del conjunto de los ciudadanos y de instituciones públicas y desde el primer momento, todas las actuaciones de mantenimiento, conservación, reparación y mejora del mismo se ejecutaron por la Administración del Estado y se financiaron con fondos públicos.
En el escrito de demanda de los abogados del Estado se incopora una petición de medidas cautelares para que se acuerde la permanencia de los bienes dentro del inmueble y en depósito de la Administración hasta que el Juzgado resuelva a quién corresponde su propiedad.
