18 de julio de 1936, Francisco Franco y otras militares como Emilio Mola o Gonzalo Queipo de Llano impulsan el alzamiento nacional contra el Gobierno de la República salido democráticamente de las urnas. El acontecimiento es de sobra conocido, así como los 36 años que tras la victoria del bando sublevado (en 1939) dejaron a España inmersa en una dictadura. Sin embargo, 86 años después de aquel verano del 36 y 47 después de la muerte de Franco, nuestro país mantiene cientos de monumentos y calles franquistas repartidas a lo largo y ancho del territorio, siendo algunos de ellos El Arco de la Victoria de Madrid, el monumento a Franco en Tenerife o a Mola en Alcocero de Mola (Burgos). Varias del total de construcciones de estas características que todavía hay en nuestro país fueron edificadas tras el fallecimiento del dictador.
El pasado jueves se aprobaba la Ley de Memoria Democrática, en la que buena parte de la sociedad ve una oportunidad para enterrar por siempre los vestigios que quedan en España de la época predemocrática; un proceso que muchos sitúan, empezó con la exhumación del propio Franco del Valle de los Caídos, en 2019.
Una ley más contundente que la de 2007
El que fuera portavoz del Grupo Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH), Matías Alonso, defiende que la aprobación de la normativa es un “paso importante” para avanzar como sociedad. De hecho, estuvo en la tribuna del Congreso el día del debate. Así las cosas, confía en que el texto funcione de una forma más rigurosa en cuanto a la aplicación de la ley se refiere que el de 2007, tal y como está pensado. “Fue un día importante para mí”, reconoce.
“La ley actual puede ser más favorable porque tiene un cuerpo sancionador (de entre 200 y 150.000 euros, en función a la gravedad de la infracción) y se dan unos plazos concretos para que a partir de una denuncia esos vestigios pueden desaparecer. Eso ya es así en muchos lugares como por ejemplo en Valencia”, cuenta en declaraciones a ElPlural.com. “Hay elementos suficientes para que bien de oficio o bien por denuncias concretas podamos entrar en una etapa nueva por la aplicación concreta de la ley”, añade.
No menos importante, se refiere a la necesidad de que haya puntos similares y que nos equiparen en esta materia a otras partes de Europa en las que el fascismo estuvo presente y que la ley contempla. De hecho, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha dejado claro en varias ocasiones que la ley es homologable a otros lugares de nuestro entorno.
“En cualquier sitio de Europa este tipo de vestigios serían inimaginables, pero hay parte de la sociedad española que sigue asumiendo el franquismo como su seña de identidad, lo diga o no. Aquí se ofende mucha gente porque las derechas nunca se han "desnazificado" entre comillas y ahora estamos pagando las consecuencias porque están entrando las ideas en las mentes de quienes no tienen ese conocimiento”, reflexiona Alonso.
Eliminar o resignificar
El abogado Eduardo Ranz explica a ElPlural.com lo que hace falta a partir de ahora para borrar un vestigio franquista. En este sentido, quien tenga la titularidad está obligado a elaborar un catálogo y después eliminar o resignificar el lugar (solución planteada para el Valle de los Caídos). De no ser así, la normativa advierte sanciones, a diferencia de la de 2007, que no contemplaba el carácter sancionador.
El portavoz del PSOE en materia democrática del Ayuntamiento de Madrid, Ramón Silva, ejemplifica esto muy bien a través de un caso preguntado por este medio que, si bien puede sonar hipotético, refleja de manera exacta lo que plantea el documento. ¿Qué pasaría si se solicita la retirada del Arco de la Victoria ubicado en Moncloa?
“Habrá que ver, los lugares hay que desmontarlos o resignificarlos. Algo hay que hacer, esto está claro”, expone. “Lo primero es resolver su titularidad porque ahora es del Consorcio de Transporte, lo cual es bastante absurdo, pero en su día por el tema de la rotonda y demás se adjudicó. Es un caso concreto muy complejo, pero nos compete ver la catalogación que tiene y solucionar el problema, con todos los resquicios y por la dignidad de las víctimas”.
Más de 5.000 vestigios
Pero hay otros restos franquistas en España además de los monumentos. “La nueva ley elimina también 33 títulos nobiliarios, propone hacer lo propio con también placas de la vivienda protegida franquista (más de 4.000), o las figuras de Queipo de Llano y José Antonio Primo de Rivera”, recuerda Sanz. Lo mismo sucede con las cruces de Los Caídos que se encuentran frente a algunas iglesias, las inscripciones afines al régimen o los escudos del mismo.
Una placa de la vivienda protegida franquista. (EP)
“Los propietarios tienen la obligación de resolverlo, incluso hay subvenciones para que pueda ser asumido por el Estado, sea un Ayuntamiento, un particular… Y de no ser así habrá que recurrir a las sanciones”, apostilla Silva.
¿Qué pasa con las calles?
El número de calles dedicadas directamente a Franco se ha reducido sensiblemente en los últimos años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y recuperados de epdata, las calles con el nombre del dictador descendieron de 679 en 2001 a 88 en 2019. Ahora bien, si se atiende a nombres relacionados con el régimen, a fecha de 2020 son en torno a unas 500 las calles distribuidas a lo largo y ancho del país, llegando prácticamente a todos los rincones del mismo salvo País Vasco y Baleares.
En la ciudad de Madrid son varias las vías que han cambiado su nomenclatura, como la calle General Millán Astray (anteriormente Justa Freire), Crucero Baleares (anteriormente Barco Sinaia) o Caídos de la División Azul (anteriormente Memorial 11 de marzo de 2004) y que desde asociaciones, sindicatos, y oposición han pedido cambiar en infinidad de ocasiones.
Todos ellos denuncian hasta ahora la “pasividad” de las administraciones, pero a partir de este momento tendrán que cumplir con la ley. De hecho, Silva asegura que va a intentar que sea así “desde el momento uno”: “La ley de 2007 no se cumplió hasta que entró Carmena, y hasta ahora Almeida dice que obedece sentencias judiciales, y es verdad que las hubo; pero el Ayuntamiento las ha podido recurrir como ha hecho para otras cuestiones y no ha querido”.
Críticas de la derecha y la extrema derecha
Desde el momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara la Ley de Memoria Democrática, la derecha y extrema derecha no han escatimado en críticas que han ido in crescendo en la última semana a partir de las enmiendas pactadas con EH Bildu- quien reconoció en el Debate sobre el Estado de la Nación el dolor de las víctimas de ETA y se comprometió a mitigarlo- como la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado “por la consolidación de la democracia”. Estas fechas incluyen el año de inicio de los GAL y el primer año de mandato de Felipe González, quien ha mostrado, junto a otros históricos del PSOE su desacuerdo, e incluso su descontento con la norma.
El PP ha amenazado a raíz de estos hechos con derogarla si llega al Gobierno, pero las críticas desde la formación presidida ahora por Alberto Núñez Feijóo, Vox y Ciudadanos sobre la ley se han sucedido a lo largo de los meses y cada vez que ha sido tema de debate.
Otros puntos del documento
Además de los puntos mencionados a lo largo de estas líneas, la normativa contempla otros igualmente representativos, siendo algunos de ellos:
- Búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura a partir de un mapa integrado, creado por la administración general del Estado y que se actualizará de manera gradual.
- Potenciar el papel de víctimas de las mujeres: se prestará especial atención al papel que desempeñaron las mujeres que fueron “humilladas, vejadas, violadas o perseguidas” durante el conflicto bélico o el Régimen con la intención de “potenciar su recuerdo”.
- Educación democrática: Los libros de texto de ESO y Bachillerato incluirán temática que contribuya a la memoria democrática y se formará en ello a alumnado y profesorado.
- En este sentido, el documento reconoce también que las personas LGTBI sufrieron persecución sistemática “con motivo de su orientación sexual o identidad de género" y el 31 de octubre se declarará como el día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas, reconociendo a las que lucharon contra el franquismo. Por su parte, el 8 de mayo se recordará a las víctimas del exilio.
- Consideración de víctimas lingüística: Se reconocerá que los hablantes de algunas lenguas, en concreto la catalana, vasca y gallega fueron perseguidos por el mero hecho de hacer uso de la misma.
- Banco de ADN: Se recoge la creación del Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la dictadura adscrito al ministerio de Justicia cuya función principal es la de la "recepción y almacenaje" de los perfiles de ADN de víctimas y familiares –siempre de forma voluntaria y gratuita-. En este apartado entran también las personas afectadas por el episodio de los bebés robados.
- Extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo.
