El grupo parlamentario del Partido Popular en Les Corts Valencianes, bajo la dirección de Carlos Mazón, ha tenido que devolver 272.000 euros a la Cámara autonómica por no haber justificado correctamente el uso de la subvención pública destinada a financiar su actividad institucional. La resolución, aprobada por la Mesa del Parlamento valenciano el pasado 1 de julio, se apoya en informes demoledores de la Intervención y de los servicios jurídicos de Les Corts, que acreditan deficiencias contables graves en la gestión del grupo popular durante el segundo semestre de 2023, según una información a la que ha tenido acceso este medio.
De la cantidad total, el PP ya ha reembolsado casi 255.000 euros de forma voluntaria, aunque aún debe afrontar un expediente de reintegro por los 17.000 euros restantes. Esta resolución pone fin a la vía administrativa, por lo que los populares disponen ahora de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El periodo afectado por esta devolución corresponde al segundo semestre de 2023, que coincide con los primeros meses del nuevo mandato autonómico tras las elecciones de mayo y con la llegada de Mazón a la presidencia de la Generalitat. En ese periodo, el grupo del PP recibió aproximadamente 682.000 euros en subvenciones públicas —la mitad de la asignación anual de 1.364.400 euros—, lo que implica que más del 40% de los fondos del segundo semestre de 2023 no han sido justificados de manera adecuada, según los técnicos del Parlamento.
Esta es la mayor cantidad que Les Corts ha reclamado jamás a un grupo parlamentario y revela una preocupante falta de control y rigor en el uso de recursos públicos. Las advertencias de la Intervención llegaron oficialmente a la Mesa el pasado 24 de febrero, cuando este órgano presentó un informe de control financiero que detectaba un desfase de 317.000 euros en la contabilidad del grupo popular, exigiendo su devolución.
Ante este requerimiento, el síndic del PP, Juan Francisco Pérez Llorca, avanzó que presentarían nueva documentación contable y, el 28 de febrero, lo hicieron. Aun así, apenas dos semanas después, el partido transfirió 234.000 euros a la tesorería del Parlamento, reconociendo de facto la mayor parte de las objeciones planteadas. Posteriormente, el PP trató de justificar otros 83.500 euros correspondientes a indemnizaciones, pagos fiscales por personal subrogado de la anterior legislatura y un contrato de asesoría externa. La Mesa, tras consultar nuevamente a la Intervención y a los servicios jurídicos, desestimó esos argumentos en abril y abrió un expediente de reintegro.
Los populares insistieron entonces con nuevas alegaciones que rebajaron el importe no justificado a 44.000 euros. En paralelo, presentaron un recurso de reposición en junio —una figura que ni siquiera está contemplada en el reglamento de Les Corts—, mientras devolvían otros 20.900 euros en concepto de excedente de la subvención de 2023. En total, ya sumaban casi 255.000 euros reintegrados.
A pesar de estos intentos de última hora, el PP no logró frenar del todo la resolución final. Los informes de la Intervención y de los letrados mantuvieron su criterio técnico y jurídico, y el pasado 1 de julio la Mesa de Les Corts acordó reclamar los 17.000 euros restantes por conceptos que no han podido ser justificados ni corregidos documentalmente, según ha podido confirmar María José Amigó, secretaria segunda de la Mesa. La decisión fue adoptada por una Mesa controlada por el PP y Vox, que ostentan cuatro de los cinco asientos tras hacerse con la plaza que correspondía al PSPV tras la salida de Gabriela Bravo. La presidencia está en manos de Llanos Massó, diputada de Vox.
Este desequilibrio de fuerzas ha permitido al bloque conservador maniobrar en los últimos meses para tratar de reformar las normas internas de control financiero del Parlamento, con la intención de limitar la capacidad fiscalizadora de la Intervención. Según fuentes parlamentarias consultadas por El Plural, se han impulsado cambios que podrían dejar a este órgano prácticamente sin poder real de supervisión. Sin embargo, en este caso no han logrado neutralizar la contundencia de los informes, ni evitar que la propia Mesa —aunque afín políticamente— se viera forzada a tramitar el expediente de reintegro.
Desde la oposición, el PSPV y Compromís han denunciado estos movimientos como un intento de debilitar los controles sobre el gasto de los grupos parlamentarios, especialmente ahora que afecta directamente al partido del presidente de la Generalitat. Por el momento, Carlos Mazón no se ha pronunciado sobre este escándalo, que podría tener consecuencias más allá del ámbito administrativo si el caso llega finalmente al Tribunal Superior de Justicia.
