El Partido Popular (PP) no disimula en su nueva ofensiva contra la población migrante, aunque esta deje en evidencia que detrás tan solo se oculta el racismo. El último en dar un paso en esta dirección ha sido el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que, bajo la gestión de Paloma Tejero, ha ordenado el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) que iba a acoger a 400 menores solicitantes de asilo. Esta decisión se ha tomado aludiendo a una supuesta falta de licencia que nadie alegó cuando en 2022 eran ucranianos los acogidos.
Para rizar más el rizo, la zona en la que está ubicada este edificio depende, como concejala responsable de la Zona Sur del municipio, de Patricia Peinado. La hija de Juan Carlos Peinado, juez que está investigando a la mujer del presidente del Gobierno, ha si progresivamente degradada en el escalafón del Ayuntamiento, pasando de encabezar la concejalía de Deportes a estar simplemente a cargo de una zona del emplazamiento municipal, perdiendo una diferencia salarial de 7.500 euros anuales. Sin embargo, es en sus dominios donde ahora se concentra la polémica.
El centro que ahora pretende cerrar el PP, con Tejero y Peinado en la ofensiva, es un recurso concebido desde un primer momento como un lugar de acogida de refugiados que, superado el flujo migratorio ucraniano agravado por la guerra, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, capitaneado por Elma Saiz, designó como destino provisional para aliviar la saturación que vive el sistema de acogida en Canarias, cumpliendo así con la solidaridad interterritorial entre comunidades autónomas y desahogando los recursos del archipiélago.
La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ya se posicionó en contra de la acogida, con la ayuda de subordinados como Alfonso Serrano, secretario general de la formación en el territorio. Como no podía ser de otra manera, la alcaldesa de Torrejón ha respondido al toque de corneta con convencimiento y ha dado el paso de ordenar el cierre señalando que el centro no tiene la licencia adecuada, notificando la decisión cautelar al propio CREADE este jueves.
El Ayuntamiento argumenta que las instalaciones carecen de la licencia adecuada para su uso, pues los permisos actuales datan de 2013 y no reconocen el uso residencial de las mismas. La inspección de esta naturaleza no se ha producido hasta este momento y ahora el consistorio alega que las licencias existentes de las que dispone el centro son de uso terciario o, como mucho, de hotel. Esta segunda, apuntan, no valdría para acoger a migrantes al alargarse las acogidas y no contar con el permiso residencial.
Denuncia de Delegación de Gobierno
El posicionamiento de los conservadores no ha dejado indiferente a nadie y las primeras reacciones contrarias han llegado desde lo más alto de la Delegación de Gobierno de Madrid. “Se trata de un ejercicio de racismo preventivo", ha denunciado Francisco Martín, que considera que el asunto del reparto de migrantes no se está tratando con seriedad en las instancias municipales y autonómicas.
"Somos conscientes de que en el mes de julio el Ayuntamiento de Pozuelo anunció que haría todo lo posible para que allí no se instalaran menores procedentes de Canarias, y lo que ha hecho en estas semanas ha sido dos visitas a este centro y tenemos constancia de dos actas de inspección urbanística, nada más", ha lamentado en una entrevista concedida a los micrófonos de la radio pública (RNE).
Asimismo, ha revelado que el Ministerio de Inclusión aún no ha recibido “ninguna comunicación formal” por parte del Ayuntamiento. En consecuencia, el delegado de Gobierno ha asegurado que la decisión del Ayuntamiento se “analizará la decisión cuando llegue", a la par que ha destacado que hay cuatro centros como el de Pozuelo en todo el país que "funcionan con total normalidad". El resto, ha considera, es un intento del PP por conseguir “titulares” y hacer “seguidismo” de las tesis ultras de Vox.
"Tenemos otros centros y otros recursos activados para responder a lo que es una emergencia humanitaria y es en lo que tendríamos que estar, en responder, en dar soluciones, no en generar más problemas", ha zanjado, llamando a afrontar la cuestión desde un prisma de respeto a los Derechos Humanos y siendo conscientes de que se trata de personas vulnerables.
