El Gobierno de Pedro Sánchez quiere trasladar a 400 menores migrantes a Pozuelo. Isabel Díaz Ayuso se niega. En medio de la disputa, aparece un nombre inesperado: Patricia Peinado, hija del juez que investiga a Begoña Gómez, y actual responsable local de la zona donde se ubicará el centro de acogida. La tensión política y judicial se entrelaza con la gestión migratoria en uno de los municipios más acomodados de Madrid, donde el Partido Popular se revuelve contra lo que considera una imposición del Ejecutivo central.
El centro implicado es el CREADE (Centro de Recepción, Atención y Derivación) de Pozuelo de Alarcón, un recurso inicialmente concebido para atender a refugiados ucranianos, pero que el Ministerio de Inclusión ha designado ahora como destino provisional para aliviar la saturación que vive el sistema de acogida en Canarias. En él, el Gobierno quiere instalar a 400 menores migrantes no acompañados, trasladados desde el archipiélago, donde más de 900 menores aguardan ser derivados a otras comunidades autónomas.
Ayuso amenaza con llevar el conflicto migratorio a los tribunales y a la UE
Desde la Comunidad de Madrid, sin embargo, el plan ha sido calificado de "imposición" y "falta de diálogo". La presidenta Ayuso ha anunciado que acudirá a los tribunales si el Gobierno no revierte su decisión, y su equipo ya estudia una denuncia ante las instituciones europeas por lo que interpreta como un uso partidista del sistema de acogida. A su juicio, el Ejecutivo está evitando deliberadamente enviar menores a comunidades como Cataluña o Euskadi, de las que depende políticamente, mientras sobrecarga a territorios gobernados por el PP.
A nivel local, la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, también del Partido Popular, ha exigido por escrito la paralización del traslado y ha acusado al Gobierno de actuar sin comunicación previa. Según su versión, el Ayuntamiento se enteró del plan "por rumores y por la prensa". En paralelo, el Grupo Municipal Popular ha presentado una moción para rechazar el traslado, moción que ha servido de escenario para una de las intervenciones más duras del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. “El Gobierno de España no tiene política migratoria, lo único que hace es tratar a las personas migrantes, sean o no menores, peor que al ganado”, afirmó Serrano tras reunirse con los concejales del PP de Pozuelo. “Los distribuye, se quita el problema de encima, los traslada a comunidades autónomas o municipios, la mayor parte de ellos gobernados por el PP, no financia ese reparto y se desentiende absolutamente de la situación”.
Serrano criticó con dureza el procedimiento, asegurando que el centro de Pozuelo “no está preparado para alojar a menores” y que la operación supondría una sobrecarga directa para los servicios públicos municipales. “Que los niños se escolaricen en los colegios del municipio, sean atendidos por los servicios sociales de los ayuntamientos, disfruten de la sanidad de la Comunidad de Madrid... Existe un coste con todo esto que el Gobierno nunca atiende a la hora de hacer este tipo de repartos”, lamentó.
En el centro de este dispositivo municipal estará Patricia Peinado, concejala del PP en Pozuelo y responsable de la zona donde se encuentra el CREADE. Su nombre ha entrado en el foco informativo no solo por su rol técnico en esta operación, sino por su parentesco: es hija del polémico juez Juan Carlos Peinado, quien instruye la causa judicial abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La coincidencia ha alimentado la carga política de una decisión que ya venía envuelta en tensión institucional.
El Gobierno, por su parte, defiende el traslado como una medida de urgencia, encuadrada en un reparto estatal de hasta 1.200 plazas para aliviar la presión que vive el archipiélago canario. Según fuentes del Ministerio de Inclusión, todos los menores serán alojados bajo tutela estatal y no implicarán la activación del sistema autonómico de protección de menores. Sin embargo, los ayuntamientos afectados sí deberán garantizar recursos escolares, atención sanitaria y acompañamiento social en el entorno.
“Exigimos al Gobierno de España que deje de lanzar globos sonda, que deje de tratar como fardos y números a las personas inmigrantes y que se siente con las comunidades autónomas”, insistió Serrano. “Hoy no lo va a hacer, porque está imponiendo automáticamente los repartos que consideran, dejando fuera a comunidades autónomas de las que depende para seguir en el Gobierno, como es el caso de Cataluña y el País Vasco”.
Serrano también quiso desligar inmigración e inseguridad, aunque con matices: “La inmigración no está relacionada con la inseguridad, pero sí es cierto que cada vez que gobierna la izquierda aumenta la inseguridad. Y cuando se lleva a cabo una política irresponsable y populista en términos de inmigración, lo que hay son problemas de convivencia”.
El portavoz del PP madrileño cerró su intervención con una defensa de la inmigración “honesta” frente a lo que considera una falta de control estatal: “Hay muchísima gente que viene a España, a la Comunidad de Madrid y a los municipios de nuestra región buscando un futuro y cumplir con sus sueños. Lo hacen de manera honesta y positiva. Y todas esas personas no pueden pagar por lo que unos pocos hacen. Y eso generalmente ocurre porque el Gobierno no controla la gente que viene a nuestro país, y en este caso, a la Comunidad de Madrid”.
