Por segundo día consecutivo, dos de los tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso citados a declarar por el caso de los protocolos de las residencias no se han presentado ante el juez. Carlos Mur, firmante del conocido como protocolo de la vergüenza, y Pablo Busca, exresponsable del SUMMA 112, han vuelto a ausentarse este miércoles de la citación judicial, esta vez en el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, que investiga una muerte concreta ocurrida durante la primera ola de la pandemia.
Ambos ya habían incumplido este martes un primer requerimiento judicial, cuando estaban llamados a declarar en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Su reiterada incomparecencia ha llevado a las partes a dar por hecho que siguen oficialmente “en busca y captura” judicial, a la espera de que el juez adopte nuevas medidas para garantizar su comparecencia.
El único que acude: el arquitecto del protocolo
Frente a la ausencia de Mur y Busca, sí ha comparecido de nuevo Francisco Javier Martínez Peromingo, ex coordinador sociosanitario de la Comunidad de Madrid y considerado uno de los principales arquitectos del protocolo, además de sucesor de Mur en el cargo. Al igual que el día anterior, Peromingo se ha personado en sede judicial y, según fuentes jurídicas, ha optado por no responder a la acusación particular, limitando sus declaraciones al juez y al fiscal.
En su comparecencia previa, Peromingo señaló directamente a Carlos Mur como responsable último del diseño y aplicación de los protocolos y reconoció sin ambages su carácter discriminatorio. Así lo confirmó Alejandra Jacinto, abogada de la familia querellante, quien detalló que su defendido advirtió de esa discriminación “por escrito, por correo electrónico y hasta por WhatsApp”.
Residencias sin medios ni personal
Durante su declaración, Peromingo también admitió una de las claves del colapso vivido en las residencias madrileñas: muchos centros no estaban medicalizados. Según explicó ante el juez, la razón era la falta de recursos materiales y de personal sanitario disponible, lo que generó una red asistencial profundamente desigual.
De acuerdo con su testimonio, existían residencias con mejores dotaciones y otras claramente insuficientes, una brecha que, en plena emergencia sanitaria, condicionó de forma decisiva la atención médica de miles de personas mayores. Un escenario que conecta directamente con el contenido de los protocolos investigados, que restringían el traslado hospitalario en función del estado físico o cognitivo de los residentes.
Unos protocolos que limitaron el acceso hospitalario por criterios no clínicos
Los llamados protocolos de la vergüenza fueron elaborados y activados por la Comunidad de Madrid en los días más críticos de la primera ola de la pandemia, cuando el sistema sanitario se encontraba al borde del colapso. Estos documentos internos establecían criterios de exclusión para el traslado hospitalario de personas mayores residentes, basados en su grado de dependencia, discapacidad o deterioro cognitivo, y no únicamente en una valoración clínica individual, como recomiendan los estándares médicos y éticos.
Firmados por Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, los protocolos fijaron un marco que tuvo consecuencias directas en la atención sanitaria de miles de residentes. En la práctica, numerosos mayores quedaron descartados de la derivación a hospitales, incluso en situaciones de gravedad, quedando su atención limitada a unos centros que no estaban preparados para afrontar una emergencia sanitaria de semejante magnitud.
La aplicación de estos criterios se produjo, además, en un contexto de profunda desigualdad entre residencias. Mientras algunos centros contaban con mejores recursos, otros carecían de lo más básico para atender a pacientes con COVID-19. Esta realidad ha sido reconocida en sede judicial por Francisco Javier Martínez Peromingo, quien admitió que muchas residencias no estaban medicalizadas porque no había material suficiente ni personal sanitario disponible.
Peromingo también explicó que esa falta de medios no fue un fenómeno aislado, sino un problema estructural que condicionó la respuesta sanitaria. Según su testimonio, la atención dependía en gran medida del centro concreto en el que viviera cada persona, generando situaciones de desigualdad que, en plena crisis sanitaria, marcaron la diferencia entre recibir o no una atención hospitalaria adecuada.
Este escenario fue advertido internamente dentro de la propia Administración. El ex coordinador sociosanitario aseguró ante el juez que alertó del carácter discriminatorio de los protocolos, y que lo hizo por distintas vías, incluyendo comunicaciones formales por escrito, correos electrónicos e incluso mensajes de WhatsApp dirigidos a responsables superiores, sin que esas advertencias alteraran el rumbo de las decisiones adoptadas.
Es este entramado de decisiones, carencias y advertencias ignoradas el que da sentido a la investigación judicial que sigue en marcha. Los protocolos no fueron una mera orientación técnica, sino una herramienta operativa que condicionó decisiones concretas sobre traslados hospitalarios y atención médica, y cuya aplicación vuelve hoy al primer plano con la ausencia reiterada ante el juzgado de dos de sus principales responsables políticos y administrativos.
