Este martes estaban citados a declarar en los juzgados de plaza de Castilla los tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que están imputados por los conocidos como protocolos de la vergüenza, que presuntamente costaron la vida de 7.291 ancianos durante la pandemia en 474 residencias. Sin embargo solo uno de ellos, Francisco Javier Martínez Peromingo, ha acudido a su cita con la Justicia. Los otros dos, el entonces director sociosanitario Carlos Mur, y el que fuera responsable del Summa 112 en la región, Pablo Busca Ostalaza han dado plantón a la jueza. Ha sido precisamente por eso que Alejandra Jacinto, abogada de una de las acusaciones, ha aseverado que le van a pedir a la magistrada que pongan a Busca y Mur en búsqueda y captura. 

El motivo por el que no se han presentado sería que el juzgado de instrucción no ha podido localizar y notificar la declaración. Las acusaciones no salen de su asombro, ya que ambos están totalmente localizables pues uno trabaja para una administración pública y el otro trabaja en el empresa privada. Los tres están imputados por el delitos de denegación discriminatoria en las residencias.

Los protocolos fueron modificados, y enviados a las residencias en cuatro ocasiones los días 18, 20, 24 y 25 de marzo. La Comunidad de Madrid ha defendido que eran simple borradores que se enviaron por error, pero lo que no deja de ser cierto es que dichos protocolos, fueran borradores o no, se enviaron a las 474 residencias que los aplicaron.

Los protocolos

En cuanto a la declaración, según las fuentes presenciales han informado, Martínez Peromingo tan solo ha contestado a las preguntas que le ha formulado su defensa. Eso sí, este hombre ha reconocido que los protocolos eran discriminatorios y contrarios a la ley, y que se lo dijo a Mur en varios correos electrónicos, y que fue por eso que los protocolos se llegaron a cambiar hasta en cuatro ocasiones. Mur fue la persona que firmó los protocolos que supuestamente acabaron con la muerte de los 7.291 ancianos. 

Esos protocolos de la vergüenza impedían que se trasladasen a los hospitales a los ancianos de las residencias que padecían deterioro cognitivo o falta de movilidad. De hecho, según varios expertos, si no se hubiera discriminado a los ancianos con estos criterios tan discriminatorios que se utilizaron, cerca de 4.000 podrían haber sobrevivido.