Tres nombres resuenan este lunes en los juzgados de Plaza Castilla. Tres citaciones que suponen un paso más en el reconocimiento de la extensa lista de peticiones de los familiares de los 7.291 ancianos que murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, bajo la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ellos son Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, autores de los ‘protocolos de la vergüenza’, y Antonio Burgueño, coordinador de la crisis sanitaria en la autonomía.
Corregido el error en la comunicación de las asociaciones de afectados que excluía a Burgueño, el juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha llamado a declarar a estos tres ex altos cargos del Ejecutivo de Ayuso durante la pandemia. Lo hace después de la denuncia presentada por las plataformas Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia firmada por 109 familiares, quienes han celebrado la decisión judicial. “Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en Ifema o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad”, han sostenido.
Mur y Peromingo, autores de los protocolos
Con estas declaraciones, ambas asociaciones ya señalaban a los autores e implicados directos en la aplicación de los protocolos que impedían derivar a los residentes ancianos a centros hospitalarios. Ahora, la justicia los respalda. Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo fueron autores de los conocidos como protocolos de la vergüenza, la hoja de ruta a seguir que impedía el traslado de miles de residentes a hospitales aunque estuvieran contagiados de Covid-19 o precisaron atención médica urgente.
Concretamente, Mur asumió el cargo de director de Coordinación Sociosanitaria en marzo de 2020, es decir, la ficha de la Consejería de Sanidad, encabezada entonces por Enrique Ruiz Escudero, para gestionar la asistencia a las 475 residencias de mayores activas en ese momento en la Comunidad de Madrid. Durante los meses que Mur estuvo al mando del cargo elaborando los protocolos y mientras fallecieron 7.291 personas en las residencias, el segundo imputado, Javier Peromingo, ostentaba la jefatura de geriatría del Hospital Rey Juan Carlos, en Móstoles, y colaboró con Mur y los geriatras en la elaboración de estos protocolos. Sin embargo, dos meses más tarde, cuando Mur fue cesado por el consejo de Gobierno de Ayuso, fue Peromingo quien ocupó su cargo.
Estos documentos se firmaron durante los primeros días del Covid, concretamente el 18, 20, 24 y 25 de marzo y hacen referencia a pacientes a los que no se les permitió la atención hospitalaria por cuestiones cognitivas o de movilidad. Con ello, y según se refleja en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, el total de fallecidos en los dos primeros meses de pandemia en la autonomía ascendió a 9.470, de los cuales 7.291 perdieron la vida sin derivación hospitalaria y 2.179 lo hicieron en centros sanitarios. De los más de 9.000, 5.795 murieron por coronavirus confirmado o síntoma compatible; y los restantes por otras causas.
Estos datos reflejan la realidad que se vivió en las residencias de la región. El número sería mayor ya que hay cinco residencias que nunca llegaron a facilitar los datos de defunciones, por lo que el número muestra las muertes de 470 centros de la tercera edad, de los 475.
Burgueño, el privatizador del PP
Por su parte, después de que las asociaciones de familiares de víctimas comunicaran el error, este sábado se conocía la tercera imputación en la causa. Corresponde a Antonio Burgueño, de nuevo, otra de las piezas claves en el Ejecutivo de Ayuso durante la pandemia.
En marzo de 2020, cuando empezó a aumentar la lista de fallecidos por coronavirus, el equipo de Ayuso nombró a Burgueño como coordinador de la crisis sanitaria en la autonomía. Su nombramiento despertó una oleada de críticas por parte de la oposición y de los profesionales sanitarios que advirtieron del carácter privatizador que Burgueño había venido defendiendo desde mucho tiempo atrás.
Lo cierto es que el tercer nuevo imputado en la causa fue director general de hospitales en los años de mandato de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, es decir, entre 2003 y 2012. Durante este tiempo, impulsó la privatización de multitud de hospitales y defendió el desmantelamiento de la sanidad pública. Llegó a definir como “entrañable” que la consulta de atención primaria costara entre 30 y 50 euros y también calificó como un “entorno empresarial de inversión” a la pública. “El pago directo de 30, 40, 50 euros del paciente al médico de cabecera redundaría en un modelo sanitario más entrañable (…) No podemos seguir ni con médicos ni empleados sanitarios funcionarios (…) Los hospitales no pueden seguir siendo propiedad del Estado”, señaló.
Al margen de todo ello, este facultativo proviene de la sanidad privada. Fue director médico de la aseguradora Adeslas, entre 1990 y 2001. Trabajadores del ámbito sanitario le acusan en redes de tener intereses ocultos precisamente por sus nexos con la sanidad privada. Asimismo, su hijo es Antonio Burgueño Jerez, jefe de Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad de Ribera Salud, una empresa pionera en la Comunidad Valenciana en la gestión privada de hospitales públicos.
Las plataformas se concentran en los juzgados
Con todo ello, habiéndose producido por primera vez la imputación de tres de los responsables de las muertes de 7.291 personas en residencias de mayores en la autonomía, tanto Pladigmare como 7.291: Verdad y Justicia se concentran este lunes ante las puertas de los juzgados de Plaza Castilla.
Según reflejan en el comunicado compartido por ambas, “si bien los familiares valoran positivamente la decisión que por primera vez toma un juzgado, con esta convocatoria quieren hacer visible su demanda, que dura ya 5 años, de buscar justicia y reparación y que no se vuelvan a repetir estos hechos”.
Así, al conocerse las tres imputaciones, las asociaciones celebraban que los altos cargos de Ayuso sean llamados a declarar por primera vez como imputados, ya que hasta ahora las instrucciones jurídicas nunca se habían dirigido contra ellos. “Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en Ifema o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad”, emiten.
