En los últimos años, la derecha y la ultraderecha, encarnadas en el Partido Popular y Vox respectivamente, han vinculado continuamente la llegada de inmigrantes con un supuesto aumento de la criminalidad en España. Afirmaciones como “la tasa de criminalidad de los extranjeros es casi el triple que la de los españoles” o que la “inmigración ilegal pone en riesgo la seguridad de los españoles” se difunden en mítines y redes sociales.
Sin embargo, los datos oficiales y estudios rigurosos desmontan radicalmente ese discurso. Las estadísticas del Ministerios del Interior, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y organismos internacionales demuestran que España es un país relativamente seguro, con tasas de delito estables e incluso bajas, y que no hay evidencia de que la inmigración genere más delincuencia. A continuación, se analizará con datos actualizados la realidad frente a los mitos políticos, subrayando la diferencia entre la percepción pública y la realidad objetiva, y los riesgos de propagar discursos xenófobos carentes de fundamento.
El discurso de Vox: “Invasión” y delincuencia
Vox ha centrado una gran parte de su discurso en presentar la inmigración, especialmente la árabe y subsahariana, como una amenaza directa a la seguridad ciudadana. Por ejemplo, en preguntas parlamentarias, Vox afirmó que España vive “una de las mayores crisis de inmigración ilegal” que estaría “poniendo en riesgo la vida e integridad física de los españoles”. Citan casos aislados de violencia cometida por delincuentes extranjeros o mensajes alarmistas en redes sociales para argumentar que la “delincuencia se ha disparado”. En un escrito de 2023, el partido afirmó que en el cuarto trimestre de 2022 la criminalidad habría aumentado un 18,8% respecto a 2021, y subrayó que ―citando datos del INE― “el 12% de la población comete el 32% de los delitos”, sugiriendo que ese 12% corresponde a extranjeros. En discurso público se han empleado términos como “invasión migratoria” o “delitos importados” y han aludido al “efecto llamada” como si incorporar inmigrantes fuera inherentemente peligroso.
Estas afirmaciones se basan en simplificaciones y datos parciales. Por ejemplo, durante la difusión del caso de Mocejón (Toledo) sobre el asesinato de un niño de 11 años, algunos políticos ultraderechistas en redes sociales señalaron falsamente a personas migrantes; la Fiscalía incluso estudió sancionar estos “mensajes falsos” por criminalizar de forma generalizada a los inmigrantes. En definitiva, el relato de Vox mezcla hechos reales con especulaciones, datos antiguos o tergiversados, y demagogia. Vale la pena recordar que hablan de episodios puntuales y los expanden como si fueran una “oleada” de delitos, ignorando la tendencia global de los índices criminales y las causas socioeconómicas subyacentes.
Entre las preguntas que Vox ha lanzado al Gobierno en materia de migración destaca la insistencia en la “seguridad ciudadana” motivada por inmigrantes: han pedido estadísticas sobre cuántos asesinatos o agresiones sexuales han cometido inmigrantes “llegados de manera ilegal”. Esto refleja el fondo del discurso: asociar la inmigración con la violencia. Si embargo, los partidos del Gobierno y las instituciones coinciden en que no existe base empírica a esa vinculación. Como se verá más adelante, el respaldo estadístico oficial apunta en dirección opuesta.
Datos oficiales sobre la criminalidad en España
Las fuentes oficiales dibujan un panorama claro: España tiene niveles de delitos bajos comparados con sus vecinos europeos y sin tendencias al alza ligadas a la inmigración. En 2023, España registró 50,9 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. Esta cifra incluye delitos de diversa índole y refleja un nivel moderado de criminalidad. Para hacernos a la idea, es notablemente inferior al de países como Reino Unido, Alemania o Bélgica (por ejemplo, en 2022 Alemania rondaba los 60,7/1.000). Además, la tendencia no muestra saltos bruscos en 2023: la tasa se ha mantenido en niveles similares durante más de una década (alrededor de 41/1.000 sin contar el cibercrimen). En otras palabras, el volumen de delitos no ha experimentado un boom con la llegada de migrantes; al contrario, la tasa global permanece baja y estable.
España es también uno de los países más seguros respecto a crímenes violentos graves. La tasa de homicidios dolosos consumados en 2023 fue apenas 0,68 por cada 100.000 habitantes. Esto significa que ocurren menos de 3 homicidios diarios en todo el país. Según Eurostat y la ONU, la tasa europea ronda el 2 cada 100.000, y en la mayoría de los Estados se ha reducido en la última década. En España la tasa de homicidios se encuentra en niveles históricamente bajos, muy por debajo de la mayoría de la UE.
Los balances anuales del Ministerio del Interior confirman que la criminalidad general no ha crecido al mismo ritmo que la población migrante. Un informe reciente de El País concluye expresamente que “la inmigración no está teniendo un impacto negativo ni significativo en la criminalidad” española. Por ejemplo, en 2022 la población extranjera era el 13,4% del total, pero ese aumento demográfico no se tradujo en un repunte proporcional de delitos. De hecho, en datos analizados por el propio Ministerio, la tasa de delitos por mil habitantes es inferior en España que la de muchos países de su entorno, lo que refuerza la idea de una criminalidad estructuralmente baja.
Es cierto que la proporción de extranjeros entre quienes cometen delitos es mayor que su peso poblacional ―un fenómeno común en muchos países―, pero hay que interpretarlo con cuidad. En 2022, el 74,19% de las personas condenadas en España tenía la nacionalidad española y el 25,81 era extranjeras. Dado que los extranjeros suponen entre el 12% y 14% de la población, esto implica que en términos per cápita la tasa de condenados extranjeros (18,1 por cada 1.000 habitantes extranjeros) duplica la de españoles (7,5%/1.000). No obstante, esta diferencia estadística se explica por factores demográficos y socioeconómicos, no por la nacionalidad en sí. Un estudio de la fundación FEDEA señala que muchos inmigrantes son jóvenes varones con niveles de renta y de educación bajos, un perfil demográfico que suele presentar tasas de criminalidad más altas en cualquier población. Es decir, las diferencias se deben principalmente a la edad o el grado de vulnerabilidad social, y no a que la procedencia extranjera genere de por sí más delincuencia.
Del mismo modo, el peso de los extranjeros en las cárceles españolas ha disminuido en los últimos años. A finales de 2023 había 12.317 reclusos extranjeros (un 27,9% del total) frente a los 27.162 en 2009. Es decir, el número de internos extranjeros se ha reducido aproximadamente un 45% en 15 años, mientras que el de españoles prácticamente no ha variado. en cualquier caso, el Defensor del Pueblo destacó que apenas 32 de las 32.569 quejas ciudadanas recibidas en 2024 en su institución estaban relacionadas con delitos, lo que indica que la inseguridad no es un problema que preocupe de manera predominante a la población, mucho menos vinculado a la inmigración.
Resumiendo, los datos oficiales revelan que España mantiene una tasa de criminalidad baja y estable, con cifras de homicidio y delitos violentos muy reducidas. Además, las instituciones responsables concluyen que la inmigración no ha provocado un repunte de delitos. La tendencia histórica es incluso decreciente en términos relativos: aunque entran más inmigrantes irregulares que antes, la criminalidad general del país no ha experimentado por ello un auge significativo.
El papel de los medios y la percepción ciudadana
La diferencia entre la percepción social y la realidad estadística se hace especialmente visible en este tema. Varios factores contribuyen a que la opinión pública vea a la inmigración como origen de delitos, cuando las cifras oficiales indican lo contrario. La derecha mediática tiende a informar ampliamente sobre cada caso criminal en el que haya un extranjero implicado, lo que refuerza la idea de que “siempre que ocurre un delito es un inmigrante”. Casos como agresiones o asaltos en los que resulta detenido un extranjero reciben gran eco. Además, en ocasiones se viralizan rumores falsos o exagerados, como se ha señalado antes con el asesinato del menor de Mocejón cuando se difundieron falsamente imágenes y mensajes que culpaban a migrantes. Sin un contraste adecuado, estos bulos se interiorizan en la opinión pública.
Las encuestas recientes revelan que la inmigración a escalado hasta ocupar los primeros puestos de preocupación ciudadana. El estudio de FEDEA mencionado anteriormente recuerda que, de hecho, la inmigración pasó en cuestión de meses del noveno al primer lugar en el barómetro del CIS. Este salto coincidió con debates políticos polarizados y con la difusión de impactantes imágenes de llegadas masivas. Cuando la inmigración aparece como un asunto urgente en los medios, se refuerza el vinculo mental con la inseguridad, aunque las cifras objetivas indiquen lo contrario.
Sociólogos y demógrafos señalan que la percepción ciudadana sobre la delincuencia suele ser mayor que la realidad. Por ejemplo, la mayoría de quienes sienten inseguridad viven en zonas urbanas, pero las estadísticas muestran que en los grandes centros de criminalidad en Espala no ha experimentado incrementos extraordinarios recientes. A nivel europeo, Eurostat documenta que la proporción de personas que perciben violencia en su barrió cayó en la última década, incluso al producirse factores económicos más duros. En España se aprecia un efecto similar: aunque mucha gente asocia la inmigración con inseguridad, el índice de delitos reportados no refleja ese miedo en forma de crímenes reales. En buena medida, esta discrepancia se alimenta por cobertura parcial y por redes sociales, donde es muy sencillo difundir “datos” llamativos sin contexto.
El uso político del miedo agrava la situación. Los dirigentes ultraderechistas de Vox suelen apelar a términos belicistas (invasión, sustitución…) o a las alarmas que conectan inconscientemente con un antiguo miedo a lo diferente. Las encuestas muestran que entre los grupos más jóvenes y mejor informados suelen ser más racionales al respecto, mientras que la población más mayor tiende a mantener asociaciones estereotipadas entre inmigración y delincuencia. Esto no es sorprendente: cuanto más exponemos a la sociedad a ideas repetidas de inseguridad atribuida a extranjeros, más se solidifica a esa creencia. El propio Defensor del Pueblo advierte que “con la información que disponemos, no existe evidencia alguna que la llegada de migrantes aumente la delincuencia”.
