La dirigente del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional (FN, por sus siglas en francés), Marine Le Pen, ha estado luchando contra la prohibición de presentarse a la presidencia del país en los próximos cinco años por malversación de fondos. A pesar de la sentencia de las cortes que han señalado a Le Pen como culpable de la desaparición de fondos europeos durante más de una década, la dirigente nacionalista defiende firmemente que fue una decisión “política” que busca recurrir “por cualquier vía legal posible”.
En contradicción con las afirmaciones de Le Pen a lo largo de su carrera política, en las que ha señalado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ECHR) como órgano del que quería que Francia se separase, este martes solicitó la asistencia de este mismo tribunal para evitar su exilio de la vida política francesa. Ha justificado la decisión con “el riesgo de causar daños irreparables a sus derechos y a los de aquellos votantes que resultarían afectados por su inhabilitación para presentarse a las siguientes elecciones”. Sin embargo, un día después, esta petición fue rechazada porque no ha quedado demostrada "la existencia de un riesgo inminente de daño irreparable a un derecho protegido por la Convención o sus protocolos".
Asimismo, este miércoles, la Policía de Francia ha registrado la sede de su partido por sospechas de financiación irregular de sus campañas presidenciales y legislativas en 2022 y las europeas de 2024 en un caso que se ha estado investigando durante el último año. El presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha criticado en su cuenta de X que esta operación "espectacular y sin precedentes" es "una nueva operación de acoso y "constituye un grave atentado contra el pluralismo y el cambio democrático".
El líder ultraderechista ha asegurado que desconocen las "acusaciones precisas" que justifican este operativo y ha asegurado que "nunca un partido de oposición sufrió ataques tan implacables durante la Quinta República". Este discurso ha estado muy presente en las reuniones del grupo parlamentario europeo Patriotas para Europa, del que forma parte Le Pen y que está presidido por el dirigente de Vox, Santiago Abascal. En un discurso posterior a la sentencia en una cumbre del partido Patriotas, Abascal defendió que los componentes de la alianza tienen que estar preparados para sufrir una “persecución”, como la que está sufriendo Le Pen, restando importancia a la sentencia.
La sentencia de Marine Le Pen
En una decisión que podría considerarse ejemplar en algunas esferas políticas, pero demoledora en otras, las cortes francesas encontraron que Le Pen, junto con otros 24 individuos -ocho de ellos miembros de FN-, era culpable de la malversación de cuatro millones de euros precedentes de fondos europeos durante 12 años. Esto se hacía a través de la desviación de fondos dedicados a pagar a asistentes del parlamento europeo hacia miembros de FN.
Las cortes señalaron a la dirigente nacionalista por estar en el “corazón” de la operación y que “no existen dudas” que se utilizaban “contratos ficticios” para “remunerar a personas que en realidad trabajaban para el partido [FN] o los lideres de estos”. Se encontró que Le Pen organizó ocho de estos contratos, con un valor de alrededor de medio millón de euros, pero que era la principal “instigadora” del sistema desarrollado por el partido.
A lo largo de las nueve semanas de juicio de la líder, en ningún momento admitió culpabilidad. Afirmó que no tenía conciencia “de haber cometido la más pequeña irregularidad” y, tras la sentencia, sigue defendiendo su inocencia. Sin embargo, los jueces involucrados en el juicio apuntaron a que la acusada “no expresó en conciencia la violación de la ley ni la importancia de la integridad”.
Una curiosidad de la sentencia de la dirigente de FN es su ejecución inmediata. Normalmente, en Francia, las consecuencias que figuran parte de una sentencia hacia una persona se pueden pausar en el caso de una apelación, pero en el caso de Le Pen, su expulsión de cargos públicos y la exigencia del pago de una multa no se ponen en pausa con una apelación; el juez del caso argumentó que la gravedad de sus crímenes motiva esta expulsión inmediata.
Cuatro años de prisión y 100.000 euros
A pesar de haber apelado la decisión, se espera que ese juicio tenga lugar en el verano de 2026, un año antes de las próximas elecciones generales. Mientras tanto, Le Pen no solo está prohibida de presentarse como candidata a la presidencia y pagar una multa de 100.000 euros, sino que también ha sido condenada a cuatro años de cárcel. De estos años, dos se han suspendido y los restantes pueden cumplirse bajo arresto domiciliario, pero esta medida se ha pausado hasta la apelación de la sentencia.
El propio partido de Asamblea Nacional también fue multado por malversación de fondos, resultando en una multa de dos millones de euros que puede verse reducida a un millón si no se repite el crimen. No obstante, la investigación abierta actual sobre la financiación irregular del partido y sus campañas presidenciales podrían resultar en la exigencia de pagar esta multa inicial en su totalidad junto con los resultados de ese caso.
Frente a las complicaciones a las que se enfrenta Le Pen en el largo proceso de apelación, es probable que su partido mire hacia su presidente como sucesor, a pesar de solo tener 29 años y tener una falta de experiencia. Previa a la sentencia a la dirigente del partido de extrema derecha, le contó a BFMTV que Bardella tiene “la capacidad de se presidente de la Republica”, pero sigue existiendo escepticismo sobre su habilidad de liderar una campaña intensiva a escala nacional.
Los aliados de FN, particularmente miembros de Patriotas para Europa, destacaron su desacuerdo con la sentencia y lo condenaron como un ataque hacia los partidos nacionalistas europeos desde el Parlamento del bloque. Vox ha denunciado la “persecución” de Le Pen y, a través de su diario La Gaceta, que la actual investigación en contra de su partido es una “operación con tintes claramente políticos”.
Además, el mes pasado, Abascal nombró a Le Pen como presidenta de honor de Patriotas por Europa y aseguró que “será presidenta de Francia” porque “no podrán impedirlo”. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, se unió a las críticas de los miembros del partido europeo, y afirmó que la derecha del bloque comunitario está siendo “atacado por burócratas [de Bruselas] nunca elegidos por nadie”.
La financiación irregular de Vox
A pesar de la defensa de Abascal de Le Pen por ser víctima de una trama más amplia europea que va en contra de los intereses de los partidos de extrema derecha de los países miembros del bloque comunitario, su partido también se ha encontrado envuelto recientemente en denuncias por su financiación. El Tribunal de Cuentas multó a Vox a finales de abril con 862.496,72 euros por una “infracción muy grave” en sus cuentas entre 2018 y 2020.
Esta investigación se centró en el incumplimiento de la ley de donaciones de los partidos políticos españoles. Vox retiró dinero por “actividades promocionales” , cuyo uso no ha podido acreditarse, ya que no está claro si realmente corresponde con la compra de merchandising o si el dinero proviene de otras fuentes; también existe poca certeza sobre un préstamo proveniente de un banco húngaro.
Sin embargo, a diferencia del proceso francés en la investigación de FN, la Fiscalía Anticorrupción española decidió el mes pasado archivar las investigaciones de la financiación irregular de Vox dado la sanción preexistente del Tribunal de Cuentas. Por ello, Anticorrupción recordó que la multa “no es firme y cuenta con dos votos particulares discrepantes que ni siquiera consideran que los hechos sean sancionables en vía administrativa”, por lo que no se puede “traspasar” la investigación a la vía penal.
