La defensa orquestada por parte de la extrema derecha a la lideresa de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, tras su condena por malversación y desvío de fondos de la Unión Europea (UE) ha sido firme. Poco después de conocerse la resolución dictada por un tribunal de París, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha expresado el rotundo apoyo de su formación a la dirigente francesa tachando de “persecución” la condena interpuesta. 

Así, Fúster ha enviado “todo su afecto” a Le Pen al considerar que esta sentencia judicial se enmarca dentro de una estrategia para “perseguir a las alternativas patrióticas” de la UE. En la misma línea, desde la formación de extrema derecha española han calificado como “incoherencia terrible” las acciones emprendidas en el seno interno de la UE porque son capaces de “acelerar y activar sus cosas para pequeñas minucias” pero “cuando tiene un escándalo de corrupción delante de sus narices no son capaces de reaccionar”.

Una crítica que han minimizado también en el caso de España señalando que “aquí tenemos al ‘número uno’ de una auténtica trama de corrupción gigantesca y que operaba en los peores momentos posibles para España”, haciendo referencia de manera directa al ‘caso Koldo’ y su relación con algunos dirigentes socialistas. 

Sin embargo, la unánime defensa a la ultraderechista francesa por parte del grupo de Abascal -y sustentada simultáneamente por el resto de dirigentes ultras como Jorge Buxadé o Hermann Tertsch- se produce en un momento en el que el partido acumula una lista de antecedentes que lejos los dejan de esa corrupción que ellos sitúan en el centro de las acusaciones a la Unión Europea. Todo lo contrario. Hace tres escasas semanas, la Fiscalía Anticorrupción anunciaba la apertura de diligencias para investigar presuntos indicios de financiación irregular en Vox tras la denuncia presentada por el PSOE el pasado mes de diciembre. 

Defendían el uso de “huchas”, “cajas de caudales” o incluso merchandising del partido como vías frecuentemente utilizadas para obtener financiación y “fondos en metálico de un modo absolutamente opaco” en un periodo de tiempo comprendido entre el año 2020 y la actualidad. Por ello, los socialistas presentaron la denuncia al Ministerio Público al considerar que estos comportamientos vulneran el artículo 304 bis del Código Penal que marca una “pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor, el que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en el artículo 5”.

Financiación del banco húngaro vinculado a Orbán

Una realidad denunciada que ha desencadenado en la actual investigación de Anticorrupción y que, además, se ve engrandecida al considerar también el préstamo concedido y recibido por parte de MBH Bank Nyrt, un banco húngaro cuyo principal accionista es el fondo estatal magyar CORVINUS INTERNATIONAL INVESTMENT PLC, vinculado al primer ministro del país y socio de Abascal, Viktor Orban

Según se desprende de la denuncia presentada por los socialistas, la entidad habría concedido un préstamo de 6 millones y medio de euros para financiar la campaña electoral de los comicios generales de 2023, y que fue ampliado con un segundo préstamo de 2,6 millones de euros para las elecciones municipales del mismo año, sumando un total de más de 9 millones de euros

A pesar de que se acabó conociendo el nombre de la entidad prestamista, al poco de conocerse los datos, Vox llegó a incumplir la ley de partidos porque se negaba a revelar la identidad del banco húngaro. La ley de financiación de partidos políticos exige que se hagan públicos los datos de los préstamos, incluyendo la entidad que los concede, el importe, el tipo de interés y el plazo de amortización, en un plazo máximo de un mes tras enviarlos al Tribunal de Cuentas.

Financiación iraní en las elecciones europeas

Y precisamente en el marco de la concesión de fondos para financiar las campañas electorales, Vox ha llegado a reconocer que en las elecciones europeas de 2014 se financió al 80% con dinero recibido de simpatizantes del grupo de oposición iraní Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI)

Si en el caso anterior incumplió la ley de partidos, en esta ocasión violó la Ley Electoral que impide que se reciban donaciones de personas o entidades no españolas una vez convocados los comicios, según señalaron en ese momento periódicos como El País o elDiario.es.  

Otras donaciones para querellarse contra políticos

Sin embargo, estas dos ocasiones no fueron las únicas en las que el partido de Abascal incumplió las normas que velan por el cumplimiento de la buena praxis en el órgano interno de los partidos. Sin ir más lejos, no hace todavía un año, cuando el Tribunal de Cuentas impuso por primera vez a Vox una multa de 233.324,22 euros por financiación irregular al considerar que habría recaído en dos infracciones muy graves contra la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos (LOFPP).

En febrero de 2024, el órgano fiscalizador inició un expediente contra el grupo de extrema derecha tras analizar las cuentas de 2019 y observar que el partido había recibido donaciones para querellarse contra rivales políticos -concretamente el expresident de la Generalitat de Catalunya Quim Torra- que no eran legales. Recaudaron en total 31.664,80 euros, dirigidos a financiar la querella contra Torra. Según el Tribunal de Cuentas, del total solo es considerado irregular la captación de 10.563,45 euros, debido a que entienden que el resto del dinero eran aportaciones de sus afiliados, lo que no se considera ilegal.

Al margen de ello, Vox también recaudó 120.482,93 euros por crowdfunding para la causa 'Ayúdanos con la fianza Borja', un joven de Málaga condenado a dos años de cárcel y una indemnización de 180.000 euros por el homicidio de un ladrón al que se enfrentó -le persiguió y golpeó cuando huía tras robar el bolso a una mujer-. La sentencia recoge que no actuó en legítima defensa, pero Vox llevó a cabo una colecta para evitar su condena. En este caso, el órgano fiscalizador considera irregulares 91.662,11 euros, quitando el montante que aportaron los afiliados.

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