Las residencias de mayores en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso vuelven a situarse en el centro del foco mediático y discusión sociopolítica, no por la cuestión de fondo de las muertes durante la pandemia, sino también por la acuciante, prolongada y alarmante falta de personal de estos centros. Una realidad que aboca al empeoramiento de la prestación y calidad de este servicio público esencial.
“Colapso total”, viene denunciado Javier González, secretario de CSIT Unión Profesional ante un escenario que ya se percibe complejo de solventar a corto plazo. “Es una situación de caos, este año más que los 30 que llevamos trabajando de empleados públicos”, dijo este miércoles en declaraciones a RTVE.
Médicos, auxiliares y otras variantes de personal como fisioterapeutas son puestos esenciales que están vacantes en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid y que, con los meses de verano, es una escasez que se hace aún más acuciante. Según CSIT, son 900 los puestos sin cubrir, incluidas en esta cifra las vacantes.
Se sitúa de esta manera el ejemplo de la Residencia de Mayores Adolfo Suárez, ubicada en el barrio de Las Rosas, cuyos trabajadores dicen estar “saturados” por la alta carga de trabajo y la falta de personal. Pese a cumplirse la ratio de 200 trabajadores en personal, al llevarse a la práctica y fraccionarse hasta en tres turnos, lo cierto es que queda una cifra irrisoria para la carga de trabajo que han de cumplir. Una situación que se prolonga en el tiempo y por la que ya algunos de los afectados, en este centro concreto, 40 renunciaron a su plaza debido “a las malas condiciones laborales”.
El personal de las residencias de mayores en Madrid ya de por sí funciona al límite, en plena época de verano, los recursos se perciben aún más escasos. “A 2 de julio, había centros en los que no había llegado ninguna suplencia, los trabajadores están agotados y no pueden conciliar”, añadió, por su parte, Adelina Gutiérrez, del comité de empresa de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).
Incluso este 2025 el escenario se percibe aún más preocupante debido a que el proceso de oposiciones mantiene hasta 900 puestos sin cubrir, según CSIT. Como ejemplo de ello se da la situación imposible de que no pueden contratar personal eventual para cubrir la sobrecarga de trabajo estival.
Una consecución de hechos y problemas sin solución a corto plazo que dejan como principales afectados a los mayores, quienes llegan a sentirse “inquietos y con ansiedad”.
Los sindicatos dan la voz de alarma
De parte de CSIT Unión Profesional, en un comunicado emitido este martes, advirtieron de la “crisis asistencial sin precedentes” que viven estos centros en la Comunidad de Madrid, aduciendo dicho resultado a “una política deliberada que busca justificar la privatización de estos servicios públicos esenciales”.
En este punto, recordaron que AMAS tiene bajo su control y gestión 25 residencias públicas en las que trabajan unos 10.000 empleados y se atienden a más de 7.500 personas mayores, de las cuales un importante número, 6.300, son dependientes. Y es que CSIT sitúa en ya dos años el “deterioro progresivo” que están viviendo y sufriendo estos residentes tanto en su atención médica y cuidados básicos como los propios trabajadores en sus condiciones laborales.
Y es que el panorama actual se explica con ejemplos a simple vista como el personal bajo mínimos, turnos de enfermería sin cubrir, ausencia de médicos, sin seguimiento clínico regular para los pacientes y puestos cubiertos por auxiliares sin un perfil sanitario capacitado para estos. En este último punto, radica la situación de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) y, debido a que lo están cubriendo empleados sin la formación sanitaria requerida, supone un incumplimiento de la normativa vigente al no estar autorizados para administrar o recetar medicación.
En los mismos términos, desde Pladigmare, en conversaciones con ElPlural.com, lamentan que debido a que éste es “un trabajo con bajo reconocimiento y no muy bien pagado, existe dificultades para cubrir un número importante de plazas” y que, debido a que se viene extendiendo desde los últimos tiempos, es una situación ya “normalizada” pese al “impacto en la salud de los residentes y trabajadores”. No obstante, este año hay un añadido adicional: “La estabilización de las plantillas ha provocado que las personas trabajadoras llevasen tan sólo unas pocas semanas en su puesto cuando ha llegado el verano, lo que juega en contra de los cuidados y atenciones que hay que procurar a los mayores. (…) No podemos normalizar que cada verano se repita el mismo abandono institucional”, denuncian.
Según el estudio realizado por Pladigmare, CCOO y UGT Madrid, pese a cumplirse el acuerdo de ratios que marca 45 trabajadores por cada 100 residentes, lo cierto es que “sólo se está cubriendo un 35% de los tiempos necesarios para las atenciones”, es decir, que los cuidados “se llevan a cabo sin la dedicación necesaria”: “Personal doblando turnos o que lleguen las 11 de la mañana y los residentes sigan en la cama tras muchas horas sin haber comido y sin haber tomado la medicación de la mañana”, es una de las principales consecuencias.
Desde esta plataforma también aluden a otras condiciones de calado que no hacen más que empeorar un escenario ya deteriorado de por sí, como bien son la “antigüedad de las infraestructuras -con instalaciones inadecuadas o temperaturas lejos de la climatización- o la infrafinanciación”.
Exigen responsabilidades al Gobierno de Ayuso
En términos más políticos, desde el sindicato denunciante alegan que esta realidad puede deberse a dos hipótesis, las cuales ambas radican en consecuencias “inaceptables” ante la gestión del Gobierno de la Puerta del Sol. Por un lado, aducen a una “incapacidad grave de gestión”; por otro, dicen que puede deberse a “una estrategia política planificada para degradar el sistema y justificar su privatización”.
Atendiendo al panorama que llevan viviendo en los últimos tiempos, desde CSIT aseguran que la responsabilidad recae sobre el Ejecutivo de Ayuso y, de esta manera, han apelado a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a la que acusan de perpetrar este deterioro al no acometer medidas para revertir la situación de la falta de personal, especialmente en estos meses del año.
“Estamos ante un servicio esencial que no puede ni debe gestionarse desde criterios de rentabilidad económica. La salud y el bienestar de las personas mayores no puede convertirse en un negocio. Exigimos responsabilidad política y compromiso institucional”, ahondaron al respecto en su comunicado.
