La jueza que ha sentenciado a la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, se encuentra bajo protección policial tras recibir amenazas de muerte y haber sido revelada la dirección de su domicilio a través de las redes sociales.
El pasado lunes la líder de la Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha francés, fue condenada por malversación de fondos europeos y a cuatro años de prisión -aunque no entrará en la cárcel tendrá que llevar un brazal con geolocalización- y a la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante cinco años. Por tanto, la sentencia impide que Le Pen pueda presentarse a las próximas elecciones del país galo en 2027.
La instructora del caso por corrupción, Benedicte de Perthuis, se ha enfrentado a amenazas de muerte e increpaciones por parte de toda la ultraderecha francesa y europea. Además, su dirección ha sido filtrada por internet, por lo que la Gendarmería se ha visto obligada a colocar una escolta a la magistrada. La Policía de Paris ha confirmado que se estaban investigando las amenazas y remitió las preguntas a la Fiscalía de París, que no ha dado una respuesta por el momento.
En una reunión de gabinete este miércoles, el presidente francés, Emmanuel Macron, hizo sus primeros comentarios sobre la condena de Le Pen, diciendo a los ministros que el sistema judicial de Francia es independiente y sus decisiones deben ser respetadas como un pilar de la democracia, según ha informado la portavoz del gobierno Sophie Primas. “Las amenazas proferidas contra los jueces son absolutamente insoportables e intolerables”, declaró Macron.
Las amenazas contra De Perthuis y otros funcionarios judiciales implicados en el proceso de Le Pen han provocado un examen de conciencia en Francia sobre una corriente de descontento populista que esta minando la fe en el sistema judicial del país. En torno al 90% de los partidarios de la Agrupación Nacional de Le Pen creen que el tribunal la trató con más dureza que a otros políticos, mientras que la mitad de los franceses creen que tuvo un juicio justo, según los datos publicados el lunes en un sondeo de Oxoda.
Le Pen condena los ataques
Antes de la sentencia del lunes, Le Pen era la favorita para las elecciones de 2027. Tanto ella como sus aliados en el país y en el extranjero han acusado a la clase dirigente francesa de sabotear sus ambiciones presidenciales, afirmando que los jueces han provocado una crisis democrática al inmiscuirse en política. Por su parte, Le Pen ha negado haber alimentado una reacción violenta contra el poder judicial y ha condenado las amenazas a Perthuis. Sin embargo, la ultraderechista francesa se ha comprometido a utilizar medios legales para anular su sentencia en una apelación.
Cristophe Soulard, presidente del Tribunal de Casación, la más alta instancia judicial francesa, declaró en una entrevista a Le Monde publicada este miércoles que las amenazas demostraban que la democracia francesa se ha debilitado y se enfrentaba a un “momento preocupante”. “Atacar el sistema judicial no solo es un ataque a los jueces, sino también a los fundamentos de nuestra democracia”, afirmo. “Hoy se ataca personalmente a los jueces, sobre todo en las redes sociales, lo que es un fenómeno nuevo”.
Una condena ya no es suficiente
La sentencia de Le Pen y las amenazas contra De Perthuis se han hecho eco de las claras fricciones que se observan en otros países sobre la forma en que los jueces resuelven cuestiones políticas espinosas.
Después de que el presidente Donald Trump pidiera la destitución de un juez, el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, emitió una declaración publica el mes pasado advirtiendo que las apelaciones, y no la destitución, eran la respuesta correcta al desacuerdo con las sentencias judiciales.
Nos encontramos en un punto en el que las sentencias judiciales han perdido el valor negativo que tuvieron antaño. El ejemplo más claro de esto se puede ver con las condenas a Trump, en concreto por su soborno a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, a la que el presidente pagó para ocultar su relación. Hace años, esta situación hubiera hecho que un político perdiera toda su popularidad, véase lo que sucedió con Bill Clinton en el caso de Monica Lewinsky. Sin embargo, hoy, esta sentencia no ha hecho que los MAGA pierdan el respeto por su líder sino que la condena se ha visto como un movimiento del establishment -poder intangible al que la extrema derecha a declarado como su principal enemigo- para acabar con el tycoon neoyorquino.
La ultraderecha europea no ha podido quedarse en silencio ante esta situación. “Je suis Marine” (Yo soy Marine) publicaba en la red social X el primer ministro húngaro Viktor Orban. Quien tampoco ha perdido oportunidad de hacerse eco de la condena ha sido el líder de la Liga Norte italiana, Matteo Salvini, quien escribió a través de las redes sociales: “En París han condenado a Marine Le Pen y querrían excluirla de la vida política. Una película fea que también estamos viendo en otros países como Rumanía”, refiriéndose a la inhabilitación del líder prorruso rumano Călin Georgescu, y aprovechando para atacar a la Unión Europea declarando que “es una declaración de guerra de Bruselas, en un momento en el que los impulsos belicistas de Von der Leyen y Macron asustan”.
Desde España, Santiago Abascal ha querido salir a la defensa de su compañera en la familia europea que preside, Patriotas por Europa, publicando en su cuenta de la red social de Elon Musk que “no conseguirán acallar al pueblo francés”.
