El foco de actualidad en los tribunales se ha extendido este lunes con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción, que ha archivado la investigación de manera provisional, hasta la fecha abierta, sobre dos aspectos de la financiación de Vox. Por un lado, el préstamo de un banco de Hungría a la formación ultraderechista; por otro, y la puesta en venta de merchandising denunciados por el PSOE.
El departamento de Anticorrupción dirigido por Alejandro Luzón se ha apoyado en que el Tribunal de Cuentas ya sancionó al partido de Santiago Abascal por las donaciones, reiterando a su paso que el préstamo concedido por el banco húngaro “fue íntegramente amortizado por Vox en septiembre de 2024. No hubo, por tanto, ninguna donación”.
En este sentido, Anticorrupción señala que el Tribunal de Cuentas ya sancionó al partido por vía administrativa y, por tanto, la ley "impide traspasar a la vía penal ya sancionados en vía administrativa". De esta manera, y tal y como ha adelantado este lunes 'El independiente', el Ministerio Público dio carpetado la semana pasada a la investigación y no ha encontrado indicios de delito en las aportaciones realizadas a través de merchandising ni en préstamos húngaros.
Y es que esta noticia en el ámbito judicial se da a conocer en tiempo y forma con la crisis en las siglas del PSOE. Este lunes, en la comparecencia del presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, se ha expresado en los siguientes términos: “Ahí está lo de Vox con la financiación irregular, ahí está la multa y la sentencia”, ha señalado en relación con la sanción impuesta del Tribunal de Cuentas.
La multa del Tribunal de Cuentas
La decisión de la Fiscalía se produce después de que el pasado 30 de abril, el Tribunal de Cuentas decidiera volver a sancionar a Vox, formación política liderada por Santiago Abascal, -como ya hizo en julio del año pasado- con una multa de 862.496,72 euros por haber cometido una infracción, calificada como “muy grave” por la ley de financiación de partidos al recibir donaciones sin respetar los requisitos de la legalidad en los ejercicios de los años 2018, 2019 y 2020.
La sanción se producía tras la aprobación de la multa en el último Pleno del Tribunal de Cuentas con el voto particular de dos consejeros. El partido de ultraderecha tiene derecho a recurrir la multa en el Tribunal Supremo por la vía de lo contencioso-administrativo. Así, el texto contempla la sanción a Vox por haber incumplido el apartado del artículo 17.2 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP) al haber recibido o aceptado donaciones no identificadas en efectivo de la cuentas anuales del partido, en referencia a los ejercicios de los años 2018, 2019 y 2020.
El origen del expediente sancionador son los informes del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad anual de Vox en los años 2018, 2019 y 2020, en los que se apuntó a más de 330.000 euros que Vox recibió en cajeros automáticos como "actividades promocionales", sin que el fiscalizador pudiera dilucidar si realmente responden a la compra de productos de 'merchandising' del partido o si suponen donaciones anónimas que están prohibidas por la ley.
No obstante, previo a esta multa constan otras procedentes también del Tribunal de Cuentas. En julio del año pasado, el organismo le multó con 233.324,22 euros por un expediente que se abrió el año anterior por financiación irregular detectada en el informe de 2019 por usar donaciones para acciones judiciales. Esta multa fue recurrida en el Supremo.
En este caso, se acordó imponer dos sanciones: una de 183.324,22 euros y otra de 50.000 euros. Así, en el portal de transparencia, en el apartado de potestad sancionadora, exponían que Vox había infringido el artículo 17.2 de la LOFPP en relación a los artículos 4.2 a) y 5.1.a) de la misma. Es decir, recibieron o aceptaron donaciones finalistas en la fiscalización de las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019.
La normativa prohíbe a los partidos políticos aceptar o recibir de manera “directa o indirecta” donaciones “anónimas, finalistas o revocables”. En su día, llevaron a cabo una campaña de recaudación a la que apodaron “Querella contra Quim Torra”, con la que recaudaron 31.664,80 euros. Según decían, estaba dirigida a financiar la querella contra el expresident de la Generalitat. El Tribunal de Cuentas consideró irregular la captación de 10.563,45 euros, porque entendían que el resto del dinero eran aportaciones de sus afiliados, por lo que no se consideró ilegal.
