La investigación judicial que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, acaba de dar un paso decisivo. Seis meses después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo solicitara, el juez de Instrucción número 19 de Madrid, Antonio Viejo, ha ordenado a dieciséis entidades bancarias que remitan toda la información relativa a cuentas, movimientos, productos financieros y saldos vinculados al empresario y a otras personas relacionadas con la causa.
La resolución amplía el foco de la investigación hasta una década atrás. Los agentes podrán analizar toda la actividad financiera registrada desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, un periodo temporal extraordinariamente amplio que permitirá reconstruir con detalle la evolución patrimonial de los investigados.
La decisión supone uno de los movimientos más relevantes desde que se abrió la pieza separada en la que González Amador está siendo investigado por un presunto delito de corrupción en los negocios. El objetivo de la UCO es determinar si existieron incrementos patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados y si dichos aumentos guardan relación con las operaciones mercantiles que se encuentran bajo sospecha.
Una radiografía financiera completa
En su auto, el magistrado considera necesario disponer de toda la información bancaria para elaborar lo que define como un "catálogo real de bienes" de González Amador y de su entorno más próximo.
La intención de los investigadores es rastrear posibles flujos económicos, movimientos entre sociedades, ingresos extraordinarios o transferencias que permitan esclarecer el origen y destino del dinero manejado por los implicados durante los últimos años.
Según recoge la resolución, el análisis deberá servir para comprobar si se produjo un incremento patrimonial "desmedido" y, en caso afirmativo, si dicho crecimiento puede estar relacionado con los hechos que forman parte de la investigación.
La petición no se limita únicamente al empresario. También alcanza a otras personas vinculadas al procedimiento judicial, ampliando el perímetro de una investigación que, lejos de cerrarse, continúa ganando profundidad.
La operación bajo sospecha
La causa gira en torno a la adquisición de una empresa considerada prácticamente sin actividad económica por parte de González Amador. Dicha sociedad pertenecía a la esposa de Fernando Camino, directivo de Quirón Prevención y principal cliente del empresario.
Para los investigadores, aquella operación podría esconder una contraprestación encubierta relacionada con los contratos obtenidos por González Amador con el grupo sanitario. La hipótesis que maneja la UCO es que la compra habría funcionado como una comisión disfrazada de operación mercantil ordinaria.
Ese supuesto pago encubierto constituye precisamente el núcleo de la investigación por corrupción en los negocios que instruye el juzgado madrileño.
Un caso que sigue creciendo
La decisión judicial llega además en un momento especialmente sensible para el entorno político de la presidenta madrileña. Durante las últimas semanas han aparecido nuevas informaciones sobre la actividad empresarial de González Amador y su relación con compañías del grupo Quirón.
Las revelaciones sobre el uso de identidades corporativas distintas en determinadas comunicaciones y la aparición de nuevas conexiones empresariales han alimentado el debate político y mediático alrededor del caso.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa avanzando por una vía mucho menos ruidosa, pero potencialmente más determinante: la del seguimiento del dinero.
La reacción del PSOE: "Arranca el cronómetro"
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, aprovechó la decisión del magistrado para establecer una comparación con otras investigaciones recientes que han ocupado el debate político nacional.
"Por dar un dato: la UCO tardó un mes en emitir el primer informe de Begoña Gómez y 40 días en el segundo. Arranca el cronómetro", señaló la dirigente socialista através de sus redes sociales.
Sus palabras reflejan la intención del PSOE de poner el foco sobre los tiempos de la investigación y sobre el tratamiento político que la oposición ha dado a otros procedimientos judiciales vinculados al entorno del Gobierno.
El dinero como prueba
Más allá del enfrentamiento partidista, la orden dictada por el juez Antonio Viejo coloca ahora el centro de gravedad de la investigación en la documentación bancaria.
Los movimientos financieros suelen convertirse en una de las pruebas más sólidas en este tipo de procedimientos porque permiten seguir el rastro del dinero, reconstruir operaciones complejas y verificar si determinadas actividades económicas responden a una lógica empresarial legítima o esconden contraprestaciones encubiertas.
Por ello, la información que remitan las dieciséis entidades financieras será determinante para la evolución de una causa que afecta directamente a la pareja de la presidenta madrileña y que amenaza con seguir proyectando sombras sobre la Puerta del Sol durante los próximos meses.
La UCO ya tiene la autorización que llevaba medio año esperando. Ahora comienza la fase más delicada: comprobar si las cuentas cuentan una historia distinta a la que hasta ahora han sostenido los investigados.
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