El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá el próximo 16 de julio las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, a instancias de Sociedad Civil Catalana y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas en relación con la Ley de Amnistía.
En concreto, el TJUE determinará si los gastos del procés pusieron en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea y si el olvido de los delitos de terrorismo es conforme a las normas comunitarias.
Esta decisión podría precipitar el regreso de Carles Puigdemont, ya que una vez la justicia europea hable, se resolverá su recurso de amparo contra la negativa del Tribunal Supremo de amnistiarle. Además, se conocerá justo un año después de la vista celebrada en la sede del TJUE, cuando los magistrados de la corte europea escucharon los argumentos de las asociaciones, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el representante de la Comisión Europea y del abogado general de la Unión Europea.
El pronunciamiento del TJUE viene precedido de la opinión que el abogado general Dean Spielmann publicó el pasado 13 de noviembre avalando los principales puntos de la ley de amnistía. Entonces, consideró que no perjudicaba a las finanzas europeas y que respondía al interés general.
También refutó la interpretación del Tribunal de Cuentas, que comparte el Tribunal Supremo al no amnistiar la malversación, de que la secesión de Cataluña hubiese reducido la Renta Nacional Bruta de España y, de esta forma, su aportación al presupuesto comunitario.
Spielmann, siguiendo el mismo criterio, señaló que se tendría que haber considerado que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en 2020 fue ilegal porque también afectó al presupuesto comunitario. Y añadió que no se puede establecer “un vínculo de conexión directa” entre los gastos del procés y las cuentas de la Unión Europea, en parte porque el Tribunal de Cuentas no aportó “ningún elemento que indique que se utilizaran fondos procedentes del presupuesto de la Unión” para promover la independencia de Cataluña.
De igual forma, el abogado general negó que la ley del olvido sea una “autoamnistía” porque no busca “proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales”, sino “dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”. Así como tampoco vio incompatibilidad entre la directiva europea de lucha contra el terrorismo y la ley de amnistía porque “conlleva meramente una desactivación parcial y temporal de sus efectos al extinguir la responsabilidad penal por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza”.
No obstante, el abogado general cuestionó algunos aspectos procedimentales de la ley, como los dos meses de plazo a los jueces para que decidan si deben aplicarla.
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