En cada temporada de alto riesgo de incendios, la conversación pública y política en España se ve inundada por un conjunto de narrativas de desinformación que buscan redirigir la responsabilidad del fuego hacia la regulación ambiental.
Bajo la premisa de que la legislación vigente "impide limpiar el monte" o que está concebida para recalificar terrenos calcinados en favor de intereses especulativos, sectores de la derecha y la ultraderecha —encabezados por el Partido Popular y Vox— han articulado una estrategia retórica destinada a alimentar el negacionismo del cambio climático y desgastar el marco regulatorio de protección ambiental.
Sin embargo, el cotejo técnico y jurídico del ordenamiento estatal, con la Ley 43/2003 de Montes a la cabeza, desmonta de forma taxativa los principales mitos propagados en el debate político y social.
Desmontando la desinformación: las evidencias del marco legal
Para contextualizar el alcance de esta estrategia desinformativa, se exponen de forma pormenorizada y contrastada los principales bulos que alimentan el discurso negacionista frente a la realidad técnica de la legislación:
El bulo de la prohibición de “limpiar los montes”: La narrativa de que las leyes ambientales impiden a los propietarios y ganaderos desbrozar o gestionar el sotobosque es rotundamente falsa. La Ley de Montes no prohíbe la gestión forestal ni las labores de desbroce; de hecho, las promueve como medida prioritaria de prevención. Lo que exige la norma es una planificación técnica previa —a través de planes de ordenación forestal autonómicos— para evitar la erosión del suelo, la destrucción de hábitats protegidos y la pérdida de biodiversidad.
El mito de la recalificación del suelo tras el fuego: Una de las falsedades más extendidas sostiene que la normativa permite recalificar los terrenos quemados para la construcción de urbanizaciones o la instalación de macrocomplejos. El artículo 50 de la Ley de Montes establece de forma explícita la prohibición de cambiar el uso forestal de un terreno calcinado durante un plazo mínimo de 30 años, impidiendo cualquier actividad constructiva o extractiva que no tuviera una autorización previa a la catástrofe.
La criminalización de la protección medioambiental: El discurso articulado por PP y Vox responsabiliza a las medidas de conservación de la Unión Europea y del Estado del incremento en la virulencia de los incendios. La evidencia científica demuestra, por el contrario, que los denominados “superincendios” o incendios de sexta generación no están causados por la protección de la naturaleza, sino por la combinación del abandono del medio rural, la falta de gestión territorial y, fundamentalmente, las anomalías térmicas y la sequía prolongada derivadas del cambio climático.
La atribución intencionada a “ecologistas y burócratas”: La simplificación del problema forestal como un conflicto entre el mundo rural y las directrices conservacionistas busca desviar la atención de las competencias autonómicas. Las Comunidades Autónomas, muchas de ellas gestionadas por el PP con el apoyo de Vox, son las que ostentan la competencia exclusiva en materia de gestión forestal, prevención y extinción de incendios, así como en la dotación de medios humanos y materiales para el cuidado del monte durante todo el año.
La instrumentalización del fuego en la batalla ideológica
La propagación de estas falacias no responde a un mero desconocimiento técnico del texto legal, sino a una estrategia retórica calculada. Al desplazar el foco del debate desde las evidencias científicas —que señalan a la emergencia climática como el principal factor multiplicador de las olas de incendios— hacia una supuesta "tiranía ecologista", la derecha y la ultraderecha tratan de movilizar el agravio en el medio rural.
Frente a la polarización y el negacionismo ambiental, la comunidad técnica forestal y los expertos en gestión del territorio insisten en la necesidad de abordar los incendios como un problema estructural de Estado. Una política forestal rigurosa pasa por la aplicación estricta de la Ley de Montes, la inversión continuada en prevención durante los meses de invierno y el consenso científico, alejando la gestión del patrimonio natural de la intoxicación ideológica y la desinformación.
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