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Israel acude este martes a las urnas con la posibilidad de poner fin a la era de Benjamin Netanyahu, pero sin que sus principales aspirantes a sucederle planteen una ruptura de fondo con la política que ha marcado el destino de Palestina durante las últimas décadas. Después de tres años de genocidio en Gaza, de una expansión acelerada de los asentamientos ilegales en Cisjordania y de una ofensiva militar que ha deteriorado las relaciones del país con buena parte de la comunidad internacional, el principal debate electoral no gira alrededor de los derechos de los palestinos, sino de quién debe gobernar Israel y cómo debe ejercer su poder militar.
La cuestión atraviesa una campaña que muchos israelíes contemplan como un plebiscito sobre Netanyahu. El primer ministro afronta el desgaste de los fallos de seguridad que permitieron los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, sus problemas judiciales y una creciente contestación a su alianza con los partidos religiosos y la extrema derecha. Sin embargo, sus principales adversarios comparten algunas de las posiciones que han definido su política hacia los territorios palestinos. Ni Netanyahu ni Gadi Eisenkot, el antiguo jefe del Estado Mayor que encabeza la oposición en numerosos sondeos, aceptan la creación de un Estado palestino independiente.
Las encuestas anticipan un Parlamento fragmentado, sin una mayoría clara para ninguno de los dos grandes bloques. El promedio electoral publicado por Middle East Forum sitúa tanto a la coalición del primer ministro como a la oposición judía en 53 diputados, mientras atribuye otros 14 a los partidos árabes. La mayoría absoluta se encuentra en 61 de los 120 escaños de la Knéset. La incertidumbre sobre las alianzas posteriores a la votación contrasta con una coincidencia política mucho más asentada: la negativa de buena parte de los principales dirigentes israelíes a reconocer la soberanía palestina.
Cambiar de general para no cambiar de guerra
El principal aspirante a reemplazar a Netanyahu no procede de los movimientos pacifistas ni de la izquierda contraria a la ocupación, sino de las propias Fuerzas Armadas israelíes. Gadi Eisenkot dirigió el Estado Mayor entre 2015 y 2019 y formó parte del gabinete de guerra constituido después de los ataques del 7 de octubre. Lo abandonó en junio de 2024, enfrentado con Netanyahu por la ausencia de una estrategia clara para Gaza.
Su trayectoria militar y su experiencia de Gobierno le han permitido construir una alternativa que promete responsabilidad institucional, una relación menos conflictiva con la justicia y una gestión diferente de la seguridad nacional. Pero el cambio que propone Eisenkot tiene límites muy concretos cuando se trata de Palestina.
El dirigente de Yashar ha calificado la solución de dos Estados como un error y defiende que Israel mantenga la responsabilidad última sobre la seguridad del territorio comprendido entre el río Jordán y el Mediterráneo. También exige el desarme de Hamás y contempla reanudar las operaciones militares en Gaza si no se cumplen esas condiciones. Su propuesta para reemplazar a la organización islamista al frente de la Franja incluye una combinación de presiones diplomáticas y, si resulta necesario, intervención militar.
No todas sus posiciones coinciden con las de Netanyahu. Eisenkot rechaza los asentamientos levantados sin autorización del propio Estado israelí, promete combatir la violencia de los colonos y se opone al desarrollo urbanístico de E1, un proyecto especialmente controvertido porque partiría la continuidad territorial de Cisjordania y dificultaría todavía más una solución política para los palestinos. Son diferencias relevantes, pero no alteran su negativa a reconocerles un Estado propio ni su defensa de la supremacía militar israelí sobre los territorios ocupados.
Otros dirigentes de la oposición comparten ese planteamiento. Naftali Bennett, antiguo primer ministro y líder de una candidatura conjunta con Yair Lapid, también rechaza la creación de Palestina como Estado independiente. Avigdor Lieberman, al frente de Israel Beitenu, defiende posiciones todavía más duras sobre la Autoridad Palestina y los acuerdos de Oslo. La principal excepción dentro de las grandes formaciones judías opositoras es el partido Demócratas, encabezado por Yair Golan, que mantiene su apoyo a una solución de dos Estados.
Un genocidio que apenas divide a los candidatos
El contraste entre la gravedad de lo sucedido en Gaza y las prioridades de la campaña resulta especialmente significativo. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas concluyó en septiembre de 2025 que Israel había cometido genocidio contra la población palestina de la Franja. Su investigación identificó cuatro de los cinco actos contemplados en la Convención de 1948 y atribuyó responsabilidad al Estado israelí. En junio de 2026, el organismo reiteró sus conclusiones y denunció la continuidad de las atrocidades, con especial atención a los ataques contra la infancia.
Amnistía Internacional también había concluido en diciembre de 2024 que existían pruebas suficientes para calificar de genocidio la actuación israelí. La Corte Internacional de Justicia mantiene abierto el procedimiento iniciado por Sudáfrica, sin que hasta la fecha haya dictado una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Israel rechaza las acusaciones de genocidio y sostiene que sus operaciones responden a objetivos de seguridad y al combate contra Hamás.
Pese a la magnitud de la destrucción en Gaza, el genocidio no se ha convertido en la principal línea divisoria entre las candidaturas con mayores posibilidades de gobernar. Las responsabilidades por los fallos del 7 de octubre, la gestión de los rehenes, las exenciones del servicio militar para los ultraortodoxos y los intentos de Netanyahu de limitar el poder judicial han ocupado un espacio considerablemente mayor en el enfrentamiento político.
Las operaciones militares en Gaza, Líbano, Siria e Irán tampoco han suscitado entre los principales partidos judíos un debate comparable al que provoca la figura del primer ministro. La cuestión se concentra en la estrategia, la conducción de las guerras y sus consecuencias para la seguridad israelí, más que en el cuestionamiento general del uso de la fuerza.
La situación de Gaza ilustra esa continuidad. Un año después del alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, las tropas israelíes siguen ocupando más de la mitad del enclave y el futuro de su administración continúa sin resolverse. Netanyahu y Eisenkot condicionan la retirada militar al desarme de Hamás y mantienen abierta la posibilidad de nuevas operaciones.
Cisjordania, el territorio donde sí puede haber diferencias
Las consecuencias de un eventual relevo político serían más visibles en Cisjordania, aunque tampoco supondrían necesariamente el final de la ocupación. Durante los últimos años, el Gobierno de Netanyahu ha acelerado la expansión de los asentamientos y ha facilitado el establecimiento de nuevos puestos avanzados en territorios palestinos, al tiempo que se intensificaba la violencia de los colonos.
La influencia de Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir ha resultado determinante. Los dos dirigentes de extrema derecha han convertido la expansión territorial y la oposición a cualquier forma de soberanía palestina en elementos centrales de sus programas. Smotrich defiende abiertamente la anexión de Cisjordania y ha reclamado abandonar los acuerdos de Oslo, mientras promueve la emigración de palestinos de los territorios ocupados.
El desarrollo de asentamientos no constituye una simple controversia administrativa. La Corte Internacional de Justicia determinó en su opinión consultiva de julio de 2024 que la presencia continuada de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal y que debe ponerse fin a ella lo antes posible. También señaló la obligación de detener las nuevas actividades de asentamiento.
Una coalición encabezada por Eisenkot podría frenar determinadas iniciativas de anexión, limitar algunos asentamientos y actuar con mayor contundencia frente a la violencia de los colonos. Pero el antiguo jefe militar también defiende la permanencia de asentamientos autorizados por Israel, cuya legalidad interna no modifica las obligaciones internacionales del Estado.
La diferencia, por tanto, no es irrelevante para quienes viven bajo ocupación. La paralización de proyectos concretos puede afectar a la seguridad de comunidades palestinas y a la continuidad territorial de Cisjordania. Sin embargo, restringir algunos mecanismos de expansión no equivale a poner fin al sistema de ocupación que los hace posibles.
Los palestinos, decisivos en las urnas y excluidos de los pactos
La otra gran contradicción electoral afecta a los propios ciudadanos árabes de Israel, que representan aproximadamente una quinta parte de la población. Sus partidos pueden resultar determinantes para impedir que Netanyahu reúna una mayoría parlamentaria, pero encuentran importantes obstáculos para participar en una coalición alternativa.
Las encuestas atribuyen alrededor de 14 diputados a la Lista Conjunta y a Ra'am. Son escaños que podrían alterar la aritmética de la Knéset en un escenario de empate entre bloques. Sin embargo, Eisenkot ha descartado gobernar con formaciones que representan principalmente a los ciudadanos árabes, alegando discrepancias con sus principios políticos y de seguridad.
No existe una prohibición institucional que impida esa colaboración. Ra'am, encabezado por Mansour Abbas, ya participó en la coalición que llevó a Naftali Bennett al Gobierno en 2021. La dificultad actual responde a las posiciones de los partidos y al rechazo que suscita una alianza de ese tipo en sectores del electorado israelí.
Los representantes de una parte sustancial de la población pueden acabar siendo decisivos para cambiar el Gobierno sin que los principales aspirantes a dirigirlo acepten compartir el poder con ellos. Esta circunstancia complica las opciones de la oposición y deja abierta la posibilidad de un nuevo bloqueo parlamentario, incluso si Netanyahu pierde diputados.
La sombra de Netanyahu sobre el día después
El primer ministro llega a la votación después de casi dos décadas acumuladas en el poder, con un proceso judicial abierto por corrupción y una orden de detención de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con Gaza. Netanyahu niega las acusaciones y continúa presentándose como garante de la seguridad nacional.
Sus adversarios le reprochan la responsabilidad política por los fallos del 7 de octubre, sus alianzas con la extrema derecha y sus intentos de reformar el sistema judicial. Un Gobierno alternativo podría modificar las relaciones entre las instituciones israelíes, investigar con mayor independencia los errores de seguridad y reducir la influencia directa de Ben-Gvir y Smotrich sobre las decisiones del Ejecutivo.
Para los palestinos, sin embargo, el alcance de ese cambio dependería de cuestiones que apenas han ocupado el centro de la campaña: la retirada militar de Gaza, el fin de la expansión de los asentamientos, la protección frente a la violencia de los colonos y el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación.
Israel votará este martes entre proyectos distintos para dirigir el país, pero las principales candidaturas judías comparten límites fundamentales sobre el futuro de Palestina. Netanyahu puede perder el Gobierno y su alianza con la extrema derecha puede quedar fuera del Ejecutivo. El Estado palestino, rechazado por quienes encabezan la disputa electoral, seguirá sin encontrar un defensor entre los principales aspirantes a ocupar el despacho del primer ministro.
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