El mapa inmobiliario del poder: Almeida, Feijóo y los negocios de su entorno

La dimisión de Montse Mínguez, portavoz socialista hasta el pasado 16 de octubre, ha colocado una pregunta incómoda en el centro de la política española: ¿Qué responsabilidad deben asumir los representantes públicos cuando los negocios inmobiliarios de sus parejas entran en contradicción con los principios que defienden desde sus partidos? La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE ha renunciado a sus cargos y a encabezar la candidatura socialista por Lleida después de que trascendiera la dimensión de la actividad inmobiliaria de su pareja, Sergi Vélez, vinculada a una treintena de viviendas destinadas al alquiler. Mínguez anunció el 16 de octubre que daba un paso atrás, convencida de que era lo mejor para el proyecto colectivo al que había dedicado su carrera política.

La dimisión tuvo consecuencias políticas inmediatas: el PP cuestionó la credibilidad del PSOE en materia de vivienda, mientras Mínguez defendió su decisión y su fidelidad a sus principios.

Su salida obliga a aplicar el mismo criterio a todos los partidos. Si los negocios inmobiliarios de la pareja de una dirigente socialista son objeto de escrutinio, también deben examinarse los de las parejas y familiares de responsables del PP. No se trata de atribuirles bienes ajenos ni de presumir conflictos de intereses por parentesco, sino de exigir transparencia y analizar las relaciones económicas y las decisiones públicas con la misma vara de medir. Ese examen conduce a Alberto Núñez Feijóo, cuya pareja, Eva Cárdenas, dirige una sociedad inmobiliaria con más de cuatro millones de euros en activos; a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, cuyo entorno familiar está vinculado a una gran sociedad patrimonial; y a una operación de apartamentos turísticos que conecta al Ayuntamiento madrileño con la Casa de Alba y con José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno y de la exalcaldesa Ana Botella.

La cuestión no es quién tiene derecho a hacer negocios inmobiliarios. La cuestión es qué modelo de vivienda defienden quienes gobiernan, cómo ejercen sus competencias y qué explicaciones ofrecen cuando las decisiones públicas se cruzan con intereses económicos de su entorno. La dimisión de Mínguez ha elevado esa exigencia. Ahora corresponde comprobar si se aplica a todos.

Almeida: del "Exacto" de 2021 a la criminalización de la protesta por la vivienda

El 6 de octubre de 2021, Más Madrid publicó un tweet en el que afirmaba que Almeida no haría «nada» ante la escalada de los alquileres. El alcalde respondió: «Exacto». Cinco años después, su receta sigue siendo construir mediante la colaboración público-privada y dejar que el mercado fije los precios. Un modelo en el que fondos de inversión, SOCIMI, grandes propietarios y pymes buitre como Urbagestión, de Ricardo y Fernando, buscan rentabilidad mientras miles de madrileños no pueden pagar un alquiler.

El modelo también se refleja en la gestión de Isabel Díaz Ayuso. En abril de 2026, la empresa pública Planifica Madrid compró por 6,3 millones de euros un ático de casi 500 metros cuadrados en Chamberí, supuestamente para instalar una oficina temporal para la presidenta durante las obras de la Real Casa de Correos. Sin embargo, el inmueble tiene uso residencial y la normativa urbanística impide destinar íntegramente esa planta a oficinas. Con cinco dormitorios con baño, sala de cine, cocina de alta gama y vestidores, la vivienda dista de un despacho administrativo. La memoria justificativa se redactó casi tres meses después de la compra y amplió su finalidad al descanso y alojamiento ocasional de autoridades.

Ayuso primero dijo desconocer la operación, aunque un asesor había visitado el ático antes de adquirirlo y ella lo hizo después. El Gobierno formalizó un alquiler de 3.000 euros mensuales, anulado dos días después de hacerse pública la operación, y luego anunció la venta para financiar la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios. Las dos subastas quedaron desiertas, la última el 23 de octubre. Millones de euros públicos siguen comprometidos en una operación cuya necesidad y finalidad no se han aclarado.

Maricarmen: una solución que llegó demasiado tarde

Maricarmen, de 87 años, llevaba décadas viviendo en su casa de Retiro y siempre había pagado el alquiler. Con una pensión de unos 1.400 euros, abonaba alrededor de 500 euros mensuales entre renta y gastos. Urbagestión, propietaria del inmueble, pretendía elevarlo hasta unos 1.600 euros, una cantidad inasumible. Ayuso llegó a ironizar sobre cuántos años hay que tener para no pagar el alquiler, en una alusión a la anciana que indignó a sus defensores.

El Sindicato de Inquilinas y el movimiento social acompañaron durante años a Maricarmen con movilizaciones y resistencia frente a varios intentos de desahucio. Almeida acabó mediando en el conflicto, pero la solución llegó después de que el desahucio ya se hubiera ejecutado. La negociación con Urbagestión, representada por Fernando y Ricardo, permitió pactar un contrato de ocho años y una renta equivalente al 30% de los ingresos de la anciana: unos 500 euros mensuales. No fue un regalo personal del alcalde, sino una salida negociada tras años de lucha colectiva. Maricarmen murió el 7 de octubre de 2026, antes de poder regresar a su casa.

Almeida puede reivindicar su mediación, pero debe explicar por qué la solución no llegó antes. El caso evidencia el coste humano de un mercado en el que una empresa pretende multiplicar los ingresos de una vivienda ocupada durante décadas por una inquilina que ha cumplido con sus pagos. Tras la muerte de Maricarmen, el Sindicato de Inquilinas y el movimiento social llevaron su indignación a la Puerta del Sol, donde cientos de personas acamparon para denunciar que la crisis de la vivienda expulsa de sus casas a quienes sostienen Madrid con su trabajo. Almeida y Ayuso respondieron cuestionando a los manifestantes y trasladando el debate al orden público. El alcalde los vinculó con grupos ultras y los acusó de provocar conflictos; la presidenta recurrió a imágenes de suciedad y degradación. Las referencias a cuchillos, adoquines, orines y basura desplazaron la atención desde las causas de la protesta hacia la conducta de quienes reclamaban soluciones.

La respuesta contrasta con la imagen de compromiso social que Almeida proyectó al mediar en el caso de Maricarmen. Mientras reivindicaba su intervención en una negociación tardía, el debate se centraba en desacreditar a quienes exigían respuestas. Quienes habían defendido a una anciana frente a un desahucio tuvieron que defender después su derecho a protestar.

Doalca: 236 millones de euros en inmuebles en el entorno familiar de Almeida

La política de vivienda de Almeida se desarrolla en una ciudad donde los alquileres constituyen una barrera creciente para jóvenes, familias y trabajadores. Al mismo tiempo, la familia de su esposa, Teresa Urquijo, está vinculada a Inversiones Doalca SOCIMI, una sociedad dedicada al arrendamiento de inmuebles con una cartera inmobiliaria valorada en 236,412 millones de euros a 31 de diciembre de 2025. Según la información societaria publicada por la compañía, Doalca contaba con 33.472 metros cuadrados de superficie inmobiliaria y una ocupación del 100% a 30 de junio de 2026. En el primer semestre del año registró ingresos de 6,17 millones de euros y un beneficio de 3,55 millones. Los activos inmobiliarios fueron valorados por Savills en más de 236 millones de euros al cierre de 2025.

La conexión familiar está documentada. Entre los accionistas significativos figuran miembros de la familia Fernández de Araoz, y Victoria Urquijo Fernández de Araoz, familiar de la esposa del alcalde, aparece en el consejo de administración. Pero el debate político no se agota en el Registro Mercantil. Almeida gobierna una ciudad en la que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. Ha defendido la construcción, la colaboración público-privada y la movilización de suelo, mientras rechaza aplicar mecanismos de intervención de precios como los que propone la izquierda. En su entorno familiar existe, al mismo tiempo, una conexión con una sociedad que obtiene ingresos millonarios del alquiler de inmuebles.

La pregunta que debe responder el alcalde es: ¿Cómo garantiza que las decisiones municipales atienden al interés general?, ¿qué mecanismos de transparencia aplica y qué resultados ofrece su modelo a quienes no pueden pagar las rentas actuales? No basta con anunciar nuevas promociones: hay que saber cuántas viviendas serán asequibles, quién podrá acceder a ellas, durante cuánto tiempo conservarán esa condición y qué sucederá con el patrimonio público utilizado para construirlas.

La misma exigencia debe aplicarse al negocio de los apartamentos turísticos. El Ayuntamiento no solo regula la vivienda residencial: también decide sobre usos urbanísticos que pueden transformar edificios enteros en alojamientos para visitantes. En esa frontera entre el interés residencial y la rentabilidad turística aparece una operación que conecta a Almeida con la Casa de Alba y con José María Aznar Botella.

El duque de Alba, Aznar hijo y Almeida: el negocio de los apartamentos turísticos

En mayo de 2024, el Ayuntamiento de Madrid aprobó definitivamente el plan especial para los edificios de los números 22 y 24 de la calle Princesa, frente al Palacio de Liria. La operación contemplaba agrupar los inmuebles y habilitar su uso terciario de hospedaje en edificio exclusivo. Las informaciones publicadas describían un proyecto de 66 apartamentos turísticos y 152 plazas de alojamiento, con una inversión prevista en obras y gastos asociados superior a 5,6 millones de euros.

La propiedad corresponde a la Casa de Alba, encabezada por Carlos Fitz-James Stuart, XIX duque de Alba. La explotación turística se vinculó a Copla City Rentals, sociedad en la que José María Aznar Botella, hijo del expresidente José María Aznar y de la exalcaldesa Ana Botella, asumió la presidencia del consejo de administración en septiembre de 2025, según la información publicada sobre la compañía. Aznar hijo también ha participado en el desarrollo de proyectos empresariales de gestión de apartamentos turísticos bajo la marca Copla Living. La operación separa la propiedad del inmueble de la gestión de los alojamientos. El propietario conserva el activo inmobiliario y la empresa operadora se ocupa de comercializar y explotar las estancias, de acuerdo con los contratos que hayan firmado. No se dispone de documentación pública suficiente para fijar el beneficio neto que obtendrá cada parte en el proyecto de Princesa, pero sí puede reconstruirse quiénes son los protagonistas, cuál es el uso autorizado y qué decisión urbanística permitió avanzar la operación.

El papel de Almeida es institucional y concreto: el Ayuntamiento que dirige aprobó el plan especial que hizo posible el cambio de uso. Eso significa que su Gobierno tomó una decisión urbanística decisiva para que el proyecto pudiera desarrollarse. El expediente permite examinar la memoria, los informes técnicos y jurídicos, las alegaciones y la resolución definitiva, así como comparar los criterios aplicados con los exigidos a otros propietarios. La conexión familiar entre Almeida y la Casa de Alba también ha sido objeto de informaciones periodísticas. En la boda del alcalde con Teresa Urquijo estuvo Fernando Fitz-James Stuart, hijo del duque y heredero de la Casa de Alba. La coincidencia social no demuestra que las relaciones personales determinaran la decisión urbanística Perio siempre está bien conocer el contexto. Pero el asunto no termina en Princesa.

En diciembre de 2025, supimos que la Casa de Alba no renovaría los contratos de alrededor de 80 familias residentes en varios edificios de las calles de Manuel y Duque de Liria, cerca del Palacio de Liria. Los inquilinos temían que las viviendas se transformaran en apartamentos turísticos. En febrero de 2026, se hicieron públicos más detalles sobre la intención de convertir esas viviendas en pisos turísticos. Los edificios, construidos en 1929, habían alojado durante décadas a familias vinculadas al entorno del Palacio de Liria y a empleados de empresas relacionadas con la Casa de Alba. Los contratos de los inquilinos incluían rentas de entre 1.000 y 1.500 euros. Las cartas comunicaban que no se renovarían los contratos por razones técnicas y de rehabilitación, mientras los residentes temían tener que abandonar sus hogares para dejar paso a una actividad más rentable.

La actuación de Almeida en Madrid encaja en la estrategia general del PP: aumentar la oferta, liberar suelo, agilizar licencias, reforzar la seguridad jurídica de los propietarios e impulsar la colaboración público-privada. El PP promete facilitar el acceso a la vivienda con rebajas fiscales, avales y nuevas construcciones. En enero de 2026, defendió movilizar suelo público y colaborar con empresas privadas para aumentar la oferta. En septiembre, Feijóo aseguró que su plan permitiría a los jóvenes ahorrar hasta 50.000 euros al comprar una casa de 250.000 euros.

Pero hay una pregunta que el PP no responde: ¿de qué sirve anunciar ayudas para comprar una vivienda si los precios siguen fuera del alcance de quienes más las necesitan? Las rebajas fiscales no garantizan casas más baratas y pueden acabar alimentando los precios si la oferta sigue siendo insuficiente. Y construir más tampoco resuelve el problema de quienes no pueden pagar lo que se construye. Quien destina la mitad de su sueldo al alquiler no puede esperar años a que terminen nuevas promociones, ni tiene garantizado que vaya a poder acceder a ellas cuando estén listas. En Madrid, el modelo de Almeida ofrece otro ejemplo. El Ayuntamiento anunció la venta de parcelas públicas en Los Berrocales y Los Ahijones para construir 1.017 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra. El valor del suelo rondaba los 82 millones de euros. Para un piso de 90 metros cuadrados se anunciaba un alquiler de unos 1.000 euros mensuales y un precio de compra transcurridos 7 años de aproximadamente 325.000 euros.

Aznar y Botella: el precedente de las viviendas públicas vendidas a un fondo

La venta de vivienda pública durante la alcaldía de Ana Botella representa uno de los episodios más controvertidos de la política residencial madrileña. En 2013, el Ayuntamiento vendió a Fidere, filial del fondo estadounidense Blackstone, 1.860 viviendas protegidas que formaban parte de 18 promociones municipales, dentro de una operación valorada en unos 128,5 millones de euros.

No eran simples activos inmobiliarios. Eran hogares adjudicados a personas y familias que habían recurrido a la vivienda pública porque sus ingresos no les permitían acceder en condiciones razonables al mercado privado. Algunas llevaban años esperando su oportunidad y habían firmado contratos de alquiler con opción a compra, con la expectativa de que algún día podrían convertirse en propietarias.

La venta cambió radicalmente la situación de los inquilinos. Aunque el Ayuntamiento aseguró que se mantendrían sus condiciones, al vencer los contratos muchas familias se encontraron con alquileres que se duplicaban o triplicaban, nuevas condiciones y la incertidumbre de tener que abandonar sus casas. Algunas no pudieron asumir las subidas y terminaron marchándose o fueron desahuciadas. Quienes confiaban en poder comprar sus viviendas tuvieron que recurrir a los tribunales para defender ese derecho. Para quienes habían cumplido los requisitos, esperado su turno y organizado su vida en torno a un alquiler asequible, el cambio de propietario amenazó su estabilidad. Encontrar otra vivienda en Madrid podía significar perder su hogar, el barrio, el colegio de sus hijos y su arraigo.

La operación fue cuestionada por la Cámara de Cuentas y dio lugar a distintos procedimientos judiciales. El Tribunal de Cuentas condenó inicialmente a Botella y a varios miembros de su equipo por responsabilidad contable, pero la resolución fue revocada en julio de 2019. Esa absolución no elimina el debate político sobre la decisión de vender viviendas públicas ni las consecuencias que afrontaron sus residentes. En diciembre de 2024, el Tribunal Supremo reconoció a cuatro inquilinos el derecho de retracto sobre sus viviendas en un litigio contra Fidere.

Feijóo y Eva Cárdenas: una inmobiliaria de más de cuatro millones de euros

La discusión sobre coherencia política también alcanza a Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP ha convertido la vivienda en una de las principales banderas de la oposición. Acusa al Gobierno de haber reducido la oferta, disparado los precios y generado inseguridad jurídica para los propietarios. Su receta se apoya en construir nuevas viviendas, liberar suelo, simplificar la administración, conceder incentivos fiscales y reforzar las garantías para quienes alquilan sus propiedades. Ese discurso coincide con una realidad económica que merece ser conocida: su pareja, Eva Cárdenas, dirige Niebla Azul SL, una sociedad inmobiliaria constituida en 2019 y centrada en la comercialización y alquiler de viviendas singulares de alta gama, principalmente en Galicia.

Según las cuentas de 2025 publicadas por Economía Digital Galicia el 14 de octubre de 2026, Niebla Azul cerró el ejercicio con activos por valor de 4,21 millones de euros y un patrimonio neto de 3,75 millones. El beneficio neto alcanzó los 284.401 euros, más del doble que el año anterior. La facturación habitual se mantuvo en unos 172.000 euros, pero la empresa ingresó otros 285.580 euros por la venta de activos. Los datos muestran una sociedad consolidada, con activos inmobiliarios y financieros considerables y una actividad centrada en un mercado de alta gama. La cifra de activos no equivale a una valoración del patrimonio personal de Cárdenas ni puede sumarse automáticamente al de Feijóo. Pero la dimensión de la empresa sí permite plantear preguntas sobre el modelo de vivienda que defiende el presidente del PP y sobre el equilibrio entre la rentabilidad de la inversión y el acceso a una casa asequible.

La documentación sobre el patrimonio personal de Feijóo incluye viviendas en Madrid, Vigo y A Coruña, además de una finca rústica en Ames. También está documentada la venta del chalé que poseía en Moaña. Una investigación de infoLibre publicada en julio de 2025 estimó que, tras la venta y la cancelación de la hipoteca, habría obtenido alrededor de 600.000 euros. Feijóo debe explicar cómo sus propuestas garantizan el acceso de los jóvenes y de los hogares con menos recursos, qué papel reserva a la vivienda pública permanente y cómo evitará que las ayudas a la compra terminen trasladándose a los precios. Si el PP considera que los negocios inmobiliarios de la pareja de Mínguez son relevantes para evaluar su credibilidad, debe aceptar que las actividades empresariales de las parejas de sus propios dirigentes también sean objeto de controversia.

La coherencia no puede depender del partido al que se pertenezca

La dimisión de Montse Mínguez ha convertido la relación entre vivienda, patrimonio y responsabilidad política en un asunto central de la actualidad. Mínguez ha decidido apartarse después de la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja. El PP ha utilizado el caso para cuestionar la credibilidad del PSOE. Ahora corresponde a los dirigentes populares demostrar que su exigencia de coherencia no es una herramienta de combate partidista, sino un principio que están dispuestos a aplicar también a su propio entorno. La comparación entre Mínguez, Feijóo y Almeida no requiere afirmar que sus circunstancias sean idénticas. Cada caso tiene sus propios hechos y responsabilidades. La cuestión común es qué exigencia de transparencia se aplica cuando los intereses económicos de la pareja o de la familia se cruzan con las políticas públicas que el dirigente defiende.

Almeida debe rendir cuentas sobre el destino del suelo público, las condiciones de las promociones y los mecanismos que garantizan la transparencia de las decisiones municipales. También debe explicar por qué la solución para Maricarmen llegó después de años de lucha y de un desahucio, y por qué su Gobierno y el de Ayuso respondieron a la acampada de Sol con descalificaciones y medidas que todavía exigen explicaciones documentales. Feijóo debe explicar cómo sus propuestas de vivienda garantizan el acceso de los jóvenes y de los hogares con menos recursos, al tiempo que su pareja desarrolla una actividad inmobiliaria con activos superiores a cuatro millones de euros. Y el Ayuntamiento de Madrid debe ofrecer toda la información necesaria para conocer las condiciones de los cambios urbanísticos que permiten transformar edificios residenciales en alojamientos turísticos, incluidos los proyectos de la Casa de Alba vinculados a una sociedad en cuya dirección participa Aznar hijo.

La vivienda no debería verse como un activo financiero. Es el lugar donde se desarrolla la vida cotidiana, y donde las familias construyen su futuro. Cuando el acceso a ese espacio se convierte en un problema económico de primer orden, la política no puede limitarse a proteger la rentabilidad de la inversión o a prometer que el mercado resolverá por sí solo las dificultades. La coherencia empieza por una regla sencilla: los mismos criterios de transparencia para todos. Si se considera políticamente relevante el patrimonio inmobiliario de la pareja de una dirigente socialista, también deben serlo las sociedades inmobiliarias y los intereses patrimoniales del entorno de los dirigentes populares. 

Mínguez ha pagado un precio político muy elevado por la controversia. Su dimisión no debería servir para cerrar el debate, sino para abrirlo en todas las direcciones. La transparencia no consiste en presumir culpabilidad por parentesco, sino en permitir que la ciudadanía conozca las relaciones económicas que rodean a sus representantes y pueda examinar las decisiones públicas que afectan a la vivienda. Porque la coherencia política no consiste en señalar el patrimonio del rival. Consiste en aceptar que el propio, y el de quienes están más cerca, también debe poder examinarse. Y en demostrar, con hechos y decisiones públicas, que el derecho a la vivienda pesa más que cualquier interés particular.