El Partido Popular y Vox empiezan a dar forma a la prioridad nacional, la doctrina racista de la ultraderecha, en los gobiernos autonómicos que conforman en coalición. Los primeros pasos formales ya se han dado en los presupuestos de la Comunidad Valenciana, pero el vicepresidente de Aragón y líder de la formación ultra en la región, Alejandro Nolasco, anunció que su primera aplicación en esa comunidad autónoma va a consistir en quitar la paga semanal de los centros de acogida de menores solo para aquellos que sean migrantes, mientras que la mantendrán para los nacionales. El Gobierno central, a través del Ministerio de Juventud e Infancia, ha elevado esta cuestión a los tribunales.
El área que dirige Sira Rego ha remitido un oficio a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores, en el que pone en su conocimiento el anuncio de Vox de dejar a estos niños y niñas, en situación de desamparo, la asignación semanal de 17 euros que perciben. El Gobierno considera que esto podría suponer una vulneración de los derechos fundamentales de la infancia, que va en contra de lo dispuesto en los artículos 14 y 39 de la Constitución Española. La Carta Magna recoge en el primero de ellos que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”; y en el segundo la protección de la infancia.
El Ministerio señala además que este anuncio de Nolasco puede constituir un delito de odio, además de una desatención del interés superior del menor. “Quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años”, ha dicho la ministra, según recoge Eldiario.es. “Es una medida racista, miserable, que criminaliza a menores por no haber nacido aquí y que busca establecer ciudadanías de primera y de segunda, como hacen los regímenes más perversos”, añade.
Vox llama "propinas" a la asignación a los menores migrantes
El anuncio de Nolasco, que dirige la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, gira en torno a la asignación semanal que, recuerda Rego, se destina para fomentar el desarrollo de los adolescentes tutelados en los centros autonómicos, que viven en situación de desamparo. La ministra cree que el objetivo de la ultraderecha es “crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma”, y recuerda que las entidades públicas están obligadas a garantizar que estos menores puedan integrarse sin ser discriminados.
Lo cierto es que Vox no esconde que esta medida, anunciada por su líder en Aragón este lunes, va a discriminar a los menores tutelados en función de su origen. El número dos del Ejecutivo regional que preside Jorge Azcón -líder del PP que metió a la ultraderecha en sus instituciones con esa prioridad nacional como sello-, anunció que han decidido suprimir las "pagas semanales" abonadas a los menores extranjeros no acompañados que tutelan, ya que, según ellos, "no contaban con un soporte reglado".
El ultra cree que su comunidad autónoma "acoge forzosamente" a estos menores tutelados, que viven solos en nuestro país, "por imposición del Gobierno central"; y que la asignación de 17 euros a la semana para la integración y necesidades básicas de estos niños son "propinas a los menas". Esas ayudas, según los propios cálculos de Vox, suponen un desembolso anual de 180.000 euros de las cuentas públicas aragonesas, según Nolasco, el equivalente "al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias".
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