La “prioridad nacional", concepto que aparece en los presupuestos valencianos después del acuerdo entre el Partido Popular y Vox, no está exenta de polémica. Desde la izquierda amenazan con llevarla a los tribunales si se prueba que “discrimina a unos ciudadanos frente a otros”.
A raíz de ello, ElPlural.com ha contactado con varios expertos jurídicos para saber si la “prioridad nacional” que han acordado la derecha y la extrema derecha es o no anticonstitucional.
Qué dicen los especialistas
José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, explica antes que nada a ElPlural.com que para que incurra en algo ilegal, la “prioridad nacional” debe “desarrollarse y plasmarse en una ley”.
A partir de ese momento, sí que podríamos hablar de algo inconstitucional en contra de varios artículos y/o principios. “Podría vulnerar el principio de no discriminación (artículo 14 de la Constitución Española), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y podría incluso incurrir en un delito del artículo 511 del Código Penal”, que castiga la denegación discriminatoria de prestaciones públicas, expresa.
Pallín atiende también al término “arraigo” del que prefiere hablar el PP y que puede leerse en el documento; un concepto que, considera, puede traer asimismo problemas: “No se sabe muy bien qué constituye el arraigo. En el siglo XXI, en una sociedad con mucha capacidad de movilidad, es difícil saber en qué consiste (…)”, apostilla
Joaquín Urías, ex letrado del Tribunal Constitucional (TC), también nos atiende desde el otro lado del teléfono. En este caso le preguntamos por las competencias y si la “prioridad nacional” no podría salirse de los marcos legales desde este ángulo. “Depende en qué materia se aplique el concepto. Por ejemplo, la vivienda es competencia autonómica, pero algo que afecta a los derechos fundamentales sería competencia estatal (…) Entiendo que buscarán impugnar temas que no son competencia autonómica”.
“Discriminación” entre ciudadanos
Por el momento, PSPV, Compromís y el Gobierno de España estudian elevar la “prioridad nacional” a los tribunales. En el momento mismo de la aprobación de las cuentas públicas, Diana Morant se refería a esa posible “discriminación” entre ciudadanos como eje principal sobre el que se sustentaría su petición.
“El Consell ha decidido dejar de considerar valencianos a quienes viven, trabajan, estudian y contribuyen cada día a esta tierra”, lamentaba, considerando que el término impuesto por la extrema derecha “rompe el principio de igualdad y excluye a miles de personas que forman parte de la sociedad valenciana”.
Precisamente es a partir de ahí donde tanto el PSPV como el Gobierno de España buscarán atacar lo que las derechas han plasmado los últimos días en los presupuestos valencianos; conocer si esta “prioridad nacional” vulnera el principio de igualdad entre los ciudadanos que recoge nuestra Carta Magna.
Compromís estudiará también la posibilidad de adoptar medidas judiciales sobre estos “postulados extremistas que bañan unos presupuestos bajo la consigna de erradicar derechos humanos”. En estos términos se pronunció el síndic del partido valenciano y portavoz del mismo en Les Corts, Joan Baldoví.
El también diputado afea a Juanfran Pérez Llorca que “no piensa en los valencianos”, sino “en seguir en la poltrona”. “La única prioridad de PP y de Vox es que no haya elecciones en Valencia porque saben que las pueden perder”, apuesta.
Hasta las Fuerzas Armadas están descontentas
Lo que hasta este momento formaba parte del discurso, con la luz verde de los presupuestos de la Generalitat se ha convertido en rango de ley. Esto implica que, a partir de ahora, en este territorio se establece una “asignación de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo más real, duradero y verificable”.
Cabe destacar que los ‘populares’ han rechazado la totalidad de las enmiendas que presentaron los socialistas valencianos y Compromís (4.057 y 1.008 respectivamente).
Entretanto, la “prioridad nacional” mantiene en alerta no solo a la población migrante u otros colectivos, sino también a las Fuerzas Armadas, en tanto en cuanto muchos militares han tenido que movilizarse con mucha frecuencia debido a su trabajo.
Más en detalle, la “prioridad nacional” exige estar cinco años empadronado en el mismo sitio para recibir ayudas en el alquiler o cumplir diez años para la compra de vivienda social. Se trata de dos requisitos que les es casi imposible de cumplir.
Más allá del “principio” de “prioridad nacional”, las cuentas valencianas parecen un aviso para navegantes de las políticas que podrían llevarse a cabo en un gobierno de PP y Vox para el conjunto del país: recortes en igualdad o un intento de desprestigiar a las lenguas cooficiales del estado o las instituciones de fiscalización.
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