El abogado del TJUE avala el grueso de la ley de amnistía, incluido el terrorismo y la malversación

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, ha avalado el grueso del contenido de la ley de amnistía y su aplicación en las causas sobre los gastos del procés e incluso en las causas de terrorismo que hay abiertas. Sin embargo, ha objetado que algunas disposiciones relativas a la exención de la responsabilidad contable podrían ser incompatibles con el derecho de tutela judicial efectiva porque da un plazo de dos meses para emitir una resolución de su aplicación.

Spielmann ha dictaminado durante la lectura de sus conclusiones sobre la ley de amnistía que los elementos críticos del texto (terrorismo y malversación) no ponen en riesgo los intereses financieros de la UE y que no se oponen a la normativa comunitaria. El abogado general ha negado que sea una "autoamnistía", respalda su tramitación y la enmarca en el objetivo político “de normalización institucional y reconciliación”, el mismo marcado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El letrado ha asegurado que la ley de amnistía se adopta en un “contexto real de reconciliación política y social”, y que ni el referéndum del 1 de octubre ni la acción exterior del gobierno catalán no contraviene a la legislación europea.

No obstante, Sipelmann ha expuesto algunas objeciones sobre el término que tienen los tribunales para decidir si se tiene que absolver o no la responsabilidad penal. El abogado ha opinado que es un plazo excesivamente corto y vinculante que puede quebrantar la exigencia de independencia judicial: “Tal plazo podría resultar demasiado corto para determinar si la situación está cubierta o no por la amnistía, en función del origen de los fondos (nacional o europeo) y de su utilización efectiva para promover la independencia de Cataluña fuera de España”, apunta el representante del TJUE.

La negativa rotunda del Tribunal Supremo a amnistiar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y otra treintena de cargos de la Generalitat de Catalunya, se suma a la petición de cuatro instancias nacionales que enviaron al TJUE varias cuestiones antes de decidir sobre esta. De hecho, las cuestiones más polémicas fueron elevadas a Luxemburgo por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, en los casos del 1-O y los CDR (Comité de Defensa de la República de Cataluña) acusados de un delito de terrorismo. Dichos tribunales consideraron que la norma pone en riesgo los intereses financieros de la UE y vulnera a la directiva europea de lucha contra el terrorismo, puntualización que ha despejado el abogado general del TJUE Dean Spielmann en sus conclusiones.

La respuesta del abogado general ha sido categórica: “Nada permite calificar la ley de autoamnistía”, ha indicado Spielmann en su escrito. El abogado general ha añadido que la norma se aprobó en la Cámara Baja gracias al resultado de un procedimiento “regular” y “tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista”, y no como resultado “de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario”.

La primera reacción del Gobierno la ha protagonizado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que se ha felicitado por el contenido “magnífico” de la resolución y asegura que su aval comunitario ha sido “una victoria rotunda” para el Ejecutivo, aunque la opinión del letrado no es vinculante. Por su parte, el expresident de la Generalitat y líder de los exconvergentes se ha congratulado por su prematura posición sobre el primer texto redactado y ha criticado que la amnistía "no se aplica porque existe una instrucción que algunos tribunales acatan ciegamente".