La credibilidad del juez Peinado vuelve a tambalearse. El Tribunal Supremo ha tumbado su último movimiento: la solicitud de abrir causa penal contra el ministro Félix Bolaños. Lo ha hecho con dureza, alegando que la exposición presentada no contenía ni un solo indicio sólido. A la vista del nuevo revés, la pregunta resurge con fuerza: ¿puede seguir dirigiendo una instrucción tan sensible quien acumula tantos correctivos?
El auto del Supremo no deja lugar a interpretaciones. En apenas nueve páginas, los magistrados de la Sala de lo Penal desmontan punto por punto la argumentación del instructor del caso Begoña Gómez. Según el alto tribunal, la exposición razonada enviada por Peinado carece de “indicios mínimamente fundados o dotados de mínima verosimilitud” para imputar a un aforado como el ministro de la Presidencia. El golpe es doble: jurídico, porque cierra la vía contra Bolaños; e institucional, porque cuestiona directamente la solidez del trabajo del juez madrileño.
La causa partía de la denuncia de que Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en su etapa como directora de una cátedra universitaria, habría sido contratada de forma irregular en 2018 por la Secretaría General de la Presidencia, entonces en manos de Bolaños. Peinado sostenía que esa contratación se habría financiado con fondos públicos para desempeñar tareas privadas. También acusaba al ministro de haber incurrido en falso testimonio al declarar como testigo el pasado abril.
Pero el Supremo no ve delito alguno. Ni malversación —al no haber indicios de que Álvarez realizara funciones ajenas a su cargo como personal eventual— ni falso testimonio —al no apreciarse contradicciones con trascendencia penal en la declaración de Bolaños—. Además, reprocha al juez instructor que no haya incorporado informes oficiales que esclarecen el nombramiento, ni consultado previamente con la Fiscalía, un paso habitual en estos casos. El fiscal del Supremo, Fernando Prieto, ya había descartado cualquier base para abrir procedimiento.
No es la primera vez que una instancia superior enmienda la plana al juez Peinado. La Audiencia Provincial de Madrid ya había corregido varias de sus decisiones en el marco de la misma causa, especialmente aquellas relativas a registros y requerimientos a la Universidad Complutense. Incluso la Fiscalía de Madrid ha mostrado reiteradamente su desacuerdo con el rumbo de la instrucción.
Este nuevo episodio agrava el perfil de un juez cada vez más discutido. El rechazo del Supremo añade argumentos a quienes lo acusan de actuar con una motivación más política que jurídica, en una causa marcada desde el principio por su alto voltaje institucional. Desde Moncloa, las palabras del ministro Bolaños tras conocerse la decisión fueron escuetas, pero significativas: “El tiempo siempre pone todo y a todos en su sitio”.
Sin embargo, desde sectores mediáticos y políticos conservadores se sigue respaldando el trabajo del magistrado, presentándolo como víctima de presiones externas y destacando que su investigación sigue viva respecto a otros hechos relacionados con Begoña Gómez, como sus vínculos con empresarios beneficiados por contratos públicos. Para estos sectores, apartarlo sería “cerrar en falso” una causa de interés público.
La pregunta, sin embargo, ya no gira solo en torno a la legitimidad de la causa, sino a la solidez de quien la instruye. La acumulación de reveses judiciales, la falta de respaldo fiscal, las críticas por una supuesta falta de rigor técnico y los reproches explícitos del Supremo plantean un escenario delicado: ¿puede la justicia permitirse mantener al frente de un caso tan politizado a un juez que ha perdido el respaldo de sus superiores?
