El politólogo y creador de contenidos Alán Barroso ha confirmado en sus redes sociales —a través de un vídeo— que se enfrenta a una denuncia presentada por Juan Carlos Peinado, magistrado del Juzgado que instruye varias causas mediáticas. Según ha explicado Barroso, el requerimiento judicial exige que elimine un vídeo de YouTube en el que criticaba las actuaciones del juez; además le reclaman 40.000 euros y la emisión de otro vídeo en el que lea un texto de disculpas. El mensaje, sostiene Barroso, tendría un claro efecto de censura.
En sus declaraciones, Barroso ha denunciado que todo responde a una intención de silenciarlo. “Quieren hacerme callar”, afirma en su vídeo, recordando que su crítica al juez se basa en su interpretación de que las motivaciones de varias investigaciones judiciales recientes —y en particular las impulsadas por Peinado— obedecen a razones de índole política.
Para ilustrar su denuncia, Barroso ha publicado públicamente el requerimiento judicial —una decisión poco habitual, dada la discreción que en general rodea procesos de este tipo—, lo que demuestra su apuesta por la transparencia. En sus propias palabras, lo compara con “juicios de la Inquisición, pero con WiFi”.
El Juez Peinado me quiere callado por esto. pic.twitter.com/3YOhszRT3W
— Alán Barroso (@AlanBarrosoA) December 9, 2025
Guadalupe Sánchez, la letrada que une a Peinado, el emérito y el entorno de Ayuso
Según la información difundida, la abogada encargada de la denuncia es Guadalupe Sánchez, la misma letrada que representa al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. Una implicación que no ha pasado desapercibida y es que, la letrada, con una creciente proyección mediática, se ha convertido en una figura recurrente en algunos de los litigios más politizados de los últimos años. Más allá de su trayectoria profesional, Sánchez ha construido un perfil público marcado por su presencia en tertulias, artículos de opinión y la publicación de libros con una fuerte carga ideológica, en los que denuncia lo que define como una “degradación democrática” del país.
Pero es su agenda de representados lo que ha despertado mayor controversia. Sánchez defiende, entre otros, al juez Juan Carlos Peinado, al rey emérito Juan Carlos I y a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en una serie de demandas por vulneración del honor dirigidas contra políticos, periodistas y comunicadores críticos. Un patrón que ha llevado a que muchas de estas causas se interpreten no solo en clave judicial, sino también como una estrategia de presión en el espacio público.
Según recuentos recientes, las reclamaciones económicas impulsadas por su despacho superan ya ampliamente el medio millón de euros, con peticiones de indemnización elevadas y exigencias de rectificación pública. Pese a ello, varias de estas acciones todavía no han fructificado en sentencias favorables, lo que ha alimentado el debate sobre si se trata de una ofensiva jurídica con un claro efecto disuasorio más que de una vía real de reparación.
Juan Carlos Peinado, un juez rodeado de polémica
La figura de Juan Carlos Peinado tampoco es ajena a la controversia. Desde que asumió la instrucción del denominado caso Begoña Gómez, el magistrado se ha situado en el centro del debate público por una forma de proceder que ha sido cuestionada dentro y fuera de los tribunales. Sus decisiones han provocado una intensa exposición mediática y han generado críticas por la amplitud y el rumbo cambiante de una investigación que ha ido incorporando —y descartando— líneas y nombres a lo largo de los meses.
Algunas de esas actuaciones han sido corregidas por instancias superiores. La Audiencia Provincial de Madrid ha llegado a frenar determinadas diligencias impulsadas por Peinado al considerar que se sustentaban en indicios insuficientes o en informaciones periodísticas sin el respaldo probatorio necesario. Estos reveses judiciales han alimentado las dudas sobre la solidez de la instrucción y han reforzado la percepción de que el procedimiento se ha movido en un terreno especialmente resbaladizo.
La polémica, sin embargo, no se limita al plano estrictamente procesal. Peinado ha respondido a las críticas públicas con una batería de acciones legales por injurias y vulneración del honor contra políticos, periodistas y comunicadores que han cuestionado su labor. Demandas con peticiones económicas elevadas y exigencias de rectificación que, para muchos observadores, van más allá de la defensa personal y se interpretan como una forma de presión sobre la crítica pública.
