El juez titular del juzgado de instrucción número 41 de Plaza de Castilla, Juan Carlos Peinado, responsable de la instrucción del caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, acumula desde el 24 de abril de 2024 -día en que estalló el proceso de investigación judicial- una ristra de bandazos y singularidades que han detonado un hedor a irregularidad constante. Desde los recortes de prensa, hasta el timing de las citaciones y pasando por las demandas de conciliación a miembros del gobierno y del PSOE.
Peinado expulsó a Manos Limpias de la causa al no haber enviado el justificante de pago de la fianza para seguir siendo acusación popular en el proceso judicial y tras las declaraciones de su líder, pero días después la recuperó como acusación. Y ahora sopesa desimputar al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martínez. Además, la Audiencia Provincial de Madrid revocó varias de sus decisiones desde finales del verano y tuvo que archivar la causa a una alto cargo de la Moncloa.
Cronología del caso
El 29 de mayo de 2024, un mes después de los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, la Audiencia Provincial de Madrid abrió diligencias de investigación contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, aceptando la petición del juez Peinado. El 4 de junio de 2024, Gómez fue llamada a declarar como investigada y dos días después, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se persono en la sede de la sociedad pública Red.es por orden de la Fiscalía Europea para recopilar datos sobre el caso.
El 5 de julo de 2024, Gómez acudió a los juzgados de Plaza de Castilla para comparecer como investigada y aseguró que no tenía conocimiento de la causa, por lo que Peinado decidió posponer la declaración. Dos semanas después, el 19 de julio de 2024, la mujer del presidente se acogió a su derecho a no declarar y el magistrado imputó a Juan Carlos Barrabés, quien ocupara hasta entones la categoría de testigo, y le citó diez jornadas después.
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El 22 de julio de 2024 Peinado citó a declarar como testigo al Presidente desde la Moncloa con un formato de audio e imagen. El 30 de julio de 2024, Sánchez se acogió a su derecho a no declarar por ser el cónyuge de la investigada y, horas después, Sánchez se querelló contra Peinado por prevaricación judicial. El 2 de agosto de 2024, Gómez presentó otra querella por presunta prevaricación y revelación de secretos contra quien la investiga. Una semana después, la Fiscalía rechazó investigar al juez y señaló a la acusación de difundir secretos de la investigación.
El 7 de octubre de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid, tras los recursos presentados por el abogado de Gómez y por la Fiscalía, exigió al juez Peinado acotar la investigación y eliminar aquellas acusaciones relacionadas con el rescate público de Globalia en 2020. Este fallo estaba previsto para el 30 de septiembre, pero la deliberación se suspendió porque Peinado no presentó en tiempo y forma el documento de uno de los recursos. Una semana después, la Fiscalía de Madrid rechazó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitiera a trámite la querella que interpuso Gómez contra el juez Peinado. Sí apoyó la admisión a trámite de la querella que interpuso Pedro Sánchez a través de la Abogacía del Estado contra Peinado. Finalmente, el TSJM se negó a estudiarla cuatro días después al “no apreciar” motivos para abrir una investigación contra el juez.
El 29 de octubre de 2024, jornada de la dana de Valencia, Peinado amplió la investigación por presunta apropiación indebida e intrusismo profesional en relación con su participación como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), admitiendo una querella de la asociación Hazte Oír, y la citaba a declarar el 18 de noviembre. El 13 de noviembre de 2024, Gómez no declaró en la Comisión de Investigación celebrada en la Asamblea de Madrid. El 18 de noviembre de 2024, el magistrado encargado de la investigación decidió imputar a Juan José Güemes, presidente del IE Business School desde 2010, al apreciar el juez contradicciones en sus explicaciones sobre la contratación de la mujer del presidente del Gobierno como directora de la fundación IE África Center.
El 26 de noviembre de 2024, la defensa de Gómez presentó ante el juez diversos correos electrónicos que evidenciaban que la asesora de La Moncloa, María Cristina Álvarez, participó en gestiones de la UCM mientras Gómez codirigía uno de sus másteres. En uno de estos mensajes, la universidad le pedía que firmase la propuesta de pliego de adjudicación del software asociado a su cátedra. El 18 de diciembre de 2024, Gómez declaró ante el juez Peinado. Lo hizo respondiendo únicamente a las preguntas de su defensa y negando cualquier irregularidad en la cátedra. También se desvinculó de la adjudicación de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés. Dos días después, el 20 de diciembre de 2024, Álvarez declaró como testigo ante Peinado, a quien explicó que fue contratada en 2018 para asistir a Gómez para gestionar su agenda pública y privada, y llevar un control de sus actividades a efectos de seguridad.
El 4 de febrero de 2025, Peinado imputó a la asesora de La Moncloa por presunto tráfico de influencias y corrupción por su participación en los hechos instruidos en la causa y la citó a declarar días después. El 26 de febrero de 2025, Álvarez compareció ante el juez y negó haberse servido de su cargo en beneficio suyo o de terceros, y rechazó haber intervenido en gestiones relacionadas con la cátedra de la UCM. El 10 de marzo de 2025, se conoció que el juez Peinado citó a declarar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Días después, el magistrado rechazó la petición de Bolaños de declarar por escrito.
El 3 de abril de 2025, Peinado programó seis meses más la instrucción del caso al estar pendientes varias diligencias clave que no podrán completarse antes del 16 de abril, fecha en la que vencía el plazo. 13 días después, Bolaños declaró como testigo y señaló que no intervino en la decisión de contratar a Álvarez y que no sabía de quién partió la iniciativa. El 16 de mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid decidió revocar la condición de investigados Güemes y Goyache, aunque mantuvo la imputación de Barrabés. El 24 de junio de 2025. El magistrado pidió al Supremo imputar a Bolaños por malversación y falso testimonio. El alto tribunal rechazó la petición por falta de indicios. El 18 de agosto de 2025, Peinado imputó a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación.
El 3 de septiembre de 2025, el magistrado pidió a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno una “copia de los correos electrónicos recibidos y enviados” desde julio de 2018 hasta la fecha del escrito a través de una “cuenta asignada” a Gómez. El 10 de septiembre de 2025. Gómez declaró ante el magistrado por el presunto delito de malversación de caudales públicos. La esposa de Sánchez respondió solo a preguntas de su abogado y aseguró que su asistente solo la ayudó de manera “puntual” en gestiones personales. Por su parte, Álvarez se acogió a su derecho a no declarar.
El 24 de septiembre de 2025, Peinado propone que Gómez sea juzgada ante un jurado popular en el caso de sentarse finalmente en el banquillo en el marco de la pieza en la que se investiga si se malversaron fondos públicos en el nombramiento de su asesora en la Moncloa, y en las funciones que presta para ella.
